El ministro de Salud de la nación, Ginés González García, aseguró que en 10 o 12 días arribarán al país 670.000 reactivos de tipo PCR y test rápidos para el COVID-19. Así lo aseguró este miércoles el funcionario en una videoconferencia con los senadores nacionales que integran la Comisión de Salud.
En general, el titular de esta cartera estimó que el sistema de atención médica argentino se encuentra en mejor situación que unos 60 días atrás, recomendó no caer en triunfalismos, ya que apenas “vamos menos mal” que otras naciones. La ponderación hecha por González García sobre las pruebas para detectar casos de coronavirus despejó el panorama en cuanto al mencionado insumo.
Al comienzo de la pandemia, el Ejecutivo salteño había recibido como recomendación aprovisionarse de estos reactivos, lo que luego terminó generando una puja a nivel global impensada (que incluyó hasta un operativo internacional por parte del servicio secreto israelí realizado en febrero en Medio Oriente). Así se lo aconsejó al Gobernador Sáenz a fines de febrero el Secretario de Relaciones Institucionales, Antonio Hucena. Por supuesto, antes que el Ejecutivo nacional se pusiera por delante en la tarea de administrar según las regiones con mayor cantidad de casos sospechosos.
Al día de hoy, el desvelo del gobierno salteño son las alternativas para descomprimir el área céntrica de la capital provincial y, en caso de no conseguirlo, al menos que los transeúntes usen barbijo, mascarilla o tapabocas. En tal caso, la situación es más holgada que la del gobierno porteño que encabeza Horacio Rodríguez Larreta.
Allí, en el área con mayor cantidad de casos confirmados –empardando con provincia de Buenos Aires- el bloque del Frente de Todos pidió informes por la compra de 15.000 barbijos 3M a $ 3.000 cada uno, a la firma Green Salud S.A. Los parlamentarios opositores invocaron para este exhorto la Resolución N°115/SSASS/20 publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma, mediante la cual se aprobó la operación por un total de $ 45 millones, por medio de contratación directa.
Los albertistas metropolitanos consignaron que “la empresa 3M publicó un texto denominado ‘Fraudulent Activity, Price Gouging, and Counterfeit Products’”, con el objetivo de combatir en todo el mundo la especulación en materia de precios con sus productos. En esta advertencia se detalló que la lista para venta al público tiene como el modelo más caro (9211+) entre u$s 2,68 a u$s 3,40. Mientras, “la empresa SEGUFER S.A. (distribuidora autorizada de productos 3M en Argentina) cotiza en su portal web a u$s 11,05 por unidad el producto ‘Mascarilla Descartable 3M con válvula modelo 9332 P3’, el cual habría sido el producto adquirido en la Resolución”, argumentó el bloque opositor.
