Un informe de la Auditoría General reveló serias inconsistencias en la gestión municipal durante 2022, en la gestión de Nicolás Martínez Medina. Compras directas, contrataciones sin respaldo y desorden financiero.
Parece un multiverso: esta vez Sergio Omar Ramos no está en el banquillo de los acusados ni sospechado de nada. Por el contrario, hasta puede jugar el rol de acusador, pues recibió esta semana un informe de la Auditoría General de la Provincia que prueba que su antecesor, el ex intendente Enrique Nicolás Martínez Medina cometió graves irregularidades.
Los detalles
Rosario de Lerma vuelve a estar en el centro de la polémica tras la publicación de un informe de la Auditoría General de la Provincia que detectó múltiples irregularidades administrativas y financieras en la gestión municipal. El documento, correspondiente al ejercicio 2022, señala un preocupante nivel de desorden en las cuentas públicas, con compras sin documentación respaldatoria, contrataciones directas sin justificación y debilidades estructurales en los controles internos.
Uno de los puntos más llamativos del informe es la realización de compras sin orden de compra ni remito, es decir, sin ninguna documentación que permita verificar qué se compró, a quién y en qué condiciones. Por ejemplo, en la factura N° 0002-00000061 emitida por la empresa “Pascual S.A.”, por un monto de $170.000 en materiales eléctricos, no consta orden de compra, ni remito, ni detalle técnico de la utilización del material.
Además, se observó una fuerte recurrencia a contrataciones directas fraccionadas, muchas de ellas por montos cercanos al límite legal, lo que sugiere una posible maniobra para evitar el procedimiento de licitación. Tal es el caso de la contratación de “Construcciones Andina”, que recibió pagos en tres facturas distintas —de $480.000, $490.000 y $475.000— todas emitidas en el mismo mes, por supuestas tareas de mantenimiento urbano, sin expediente ni informe técnico que justifique los trabajos realizados.
El informe también advierte sobre la falta de registros contables actualizados y la ausencia de conciliaciones bancarias periódicas. La documentación evidencia una notoria desorganización en el archivo de comprobantes: en algunos casos, como en el pago de $95.000 a nombre de “Gonzalo Ramos”, no se pudo determinar el motivo del gasto ni su vinculación con actividad municipal alguna.
Asimismo, los auditores observaron pagos de adicionales a personal sin resolución que los autorice. En particular, se detectaron pagos extra a seis empleados administrativos que figuraban como “choferes eventuales”, sin que consten actas, decretos ni tareas asignadas.
En cuanto a obras públicas, el informe señala que no se hallaron certificados de obra, informes técnicos ni documentación visual para justificar erogaciones por más de $3 millones en “reparaciones de calles”, y que el personal técnico consultado no pudo indicar qué tramos fueron intervenidos ni con qué materiales.
El informe ya fue elevado a las autoridades competentes, y desde distintos sectores se reclama que se investigue a fondo lo ocurrido. Desde la gestión municipal, hasta ahora no hubo declaraciones oficiales, aunque puertas adentro se habla de “errores administrativos”. La oposición sostiene que se trata de una “muestra más del manejo discrecional y la falta de control que caracterizó a la gestión”.
