En medio de la incertidumbre nacional, Salta se embarca en una apuesta arriesgada al solicitar la prórroga del Presupuesto 2023 y las leyes de Emergencia Económica y Sociosanitaria. Funcionarios del Poder Ejecutivo presentaron sus argumentos en el Senado, destacando la necesidad de medidas «preventivas» ante el ajuste inminente. Sin embargo, esta decisión genera suspicacias ¿cómo se pueden tomar medidas preventivas sin conocer la «letra chica» de las disposiciones nacionales?
Funcionarios del Gobierno informaron a senadores provinciales sobre el paquete de medidas enviado por el Ejecutivo para la prórroga de las leyes de Presupuesto 2023, la Emergencia Económica y la Emergencia Sociosanitaria. Las consultas de los legisladores fueron respondidas por los ministros de Infraestructura, Sergio Camacho; de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur; de Salud Pública, Federico Mangione; y de Desarrollo Social, Mario Mimessi.
El ministro Camacho insistió en que estas medidas son preventivas y exhortó al Senado a estar atento a la información que surja para adaptarse a las circunstancias.
Federico Mangione fundamentó la necesidad de prorrogar la ley de emergencia sociosanitaria en algunos departamentos, presentando indicadores alentadores en la lucha contra la mortalidad infantil y materna. A pesar de las mejoras, resaltó la preocupación por la liberación de las prepagas a nivel nacional y el aumento en los valores de hasta un 40%, advirtiendo sobre posibles repercusiones en el sistema de salud pública.
El contexto económico de Salta, según los funcionarios, exige la adopción de medidas preventivas para mantener el equilibrio fiscal. No obstante, la falta de claridad sobre las medidas nacionales plantea un riesgo significativo. ¿Es prudente solicitar una prórroga sin entender completamente el impacto de las decisiones del gobierno central?
La responsabilidad fiscal de la provincia durante los últimos cuatro años se destaca como un logro, pero ¿es suficiente para enfrentar las incertidumbres económicas actuales? Los ministros enfatizan la necesidad de adaptarse a las circunstancias, pero la adaptación eficaz requiere conocimiento detallado, no acciones «por las dudas».
La falta de información detallada sobre las disposiciones nacionales plantea interrogantes sobre la efectividad y la prudencia de estas acciones preventivas. ¿Salta está tomando la mejor decisión al apostar por estas medidas sin conocer completamente las implicaciones futuras?
