Salta, miércoles 17 de julio de 2019
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Un 9 de julio de 1984 en la localidad de City Bell, el llanto de un niño rubio desde el garaje de su casa quebraba la gélida mañana de invierno.  La madre había desaparecido para ser luego  asesinada, un crimen que sigue siendo un misterio. Aurelia Catalina tenía 37 años, y era profesora de inglés. Estaba separada de su marido Luis Federico Pippo, profesor de Literatura en varios colegios tradicionales de La Plata. También era empleado de la Policía Bonaerense. Pocos meses antes Argentina había salido  de la feroz dictadura cívico militar y las policías provinciales, en particular la bonaerense, jugaron un rol clave en el secuestro, desaparición y aniquilamiento de ciudadanos. Oriel desapareció de su casa en la noche del 8 de julio de aquel año. Christopher, de 3 años, fue quien con sus llantos alertó lo sucedido. El cuerpo de la mujer fue encontrado el 13 de julio  al costado de la ruta 2. El cadáver estaba desnudo, solo con las medias celestes que llevaba en el momento de su desaparición. Presentaba 23 puñaladas, la mayoría de ellas en la zona genital y dos tiros de arma de fuego, uno en el glúteo derecho y el otro en la cara. Tal vez por la furia contra ese cuerpo fue que el caso conmovió tanto y motivó innumerables artículos periodísticos. Tantos como versiones circularon. En el lugar del hallazgo, los policías intervinientes volvieron a demostrar su impericia al no preservar el perímetro y al redactar mal el acta de inspección ocular y secuestro. No se hallaron huellas, rastros ni elementos útiles.  El mismo día del hallazgo fue detenido el novio de Oriel, el vidriero Alberto Mensi, quien intentó suicidarse durante sus primeras horas de detención. “Estaba desesperado” confesó tiempo después. Fue liberado por falta de mérito. La investigación, liderada por el juez Julio Desiderio Burlando, apuntó hacia Federico Pippo y su entorno. El ex marido de Oriel fue detenido por primera vez el 1 de agosto de 1984. Quince días después obtuvo su libertad provisional. Y el 15 de septiembre lo volvieron a arrestar, junto a su hermano Esteban y a su madre, Angélica Rosa Romano de Pippo. Los tres estuvieron presos 370 días. La detención del llamado clan Pippo se decidió por el testimonio de un primo de Federico, Néstor Romano. El hombre aseguró que, en la noche en que desapareció Oriel, los Pippo pasaron por su stud de Lobos. Llevaban a la mujer. Pero Romano se desdijo al tiempo. El fiscal Casteller pidió el sobreseimiento de los Pippo, que fue concedido el 18 de septiembre de 1985. Tres años después, el sobreseimiento se hizo definitivo y el caso empezó el lento camino de la impunidad. Los investigadores del secuestro y asesinato de Oriel Briant estaban convencidos de que el esposo de la víctima, su madre y su hermano habrían sido los autores del crimen, pero atribuyeron la imposibilidad de demostrarlo a deslices cometidos durante el levantamiento de rastros.   En las pruebas químicas que se le practicaron a las medias de la víctima se comprobó que contenía partículas de materia orgánica similar a la que hay en los lugares donde duermen caballos y, además, restos de viruta metálica. La importancia de estos datos radica en que de esa forma hubiese quedado confirmada la hipótesis que la profesora estuvo secuestrada en el stud que la familia Pippo poseía en la ciudad de Lobos, como lo había declarado el testigo Romano, que luego se rectificó. Muy cerca del stud se encontraba un taller de tornería. Se sospecha que los restos metálicos que pisó Oriel antes de ser asesinada fuesen de esa procedencia. Como en el acta sólo figuraba que la víctima tenía puesto un par de medias, sin especificar el color ni el material con el que estaba confeccionado, la prueba fue impugnada por la defensa de los entonces procesados. Los investigadores tenían la hipótesis que Oriel solicitaba el juicio de divorcio por lo que su suegra habría instigado a sus hijos para que la hagan desaparecer y de esta manera no arriesgar los bienes familiares. También fue detenido Carlos Davis, amigo y alumno de Pippo, de quien se sospechaba tenía una relación homosexual con su profesor. Davis, aseguro en su declaración: “Pippo me dijo que estaba decidido a eliminar a Oriel. Fue hace dos meses, una tarde que caminábamos por avenida Santa Fe. Estaba el juicio de divorcio de por medio y el tema de la tenencia de los chicos. Y él no lo soportaba. No era la primera vez que me hablaba del tema, pero esa tarde me aseguró que ya le había pagado la mitad de una suma de dinero a cierta gente para que se encargara de ella”. En 2001, Federico Pippo fue internado en el hospital neuropsiquiátrico de Melchor Romero, luego de que la policía lo encontrara deambulando desorientado por las calles de City Bell. El ex docente y policía caminaba entre los autos por el Camino General Belgrano y 467, sin advertir lo riesgoso que era. Un patrullero lo vio y a raíz del estado de abandono total de su persona y desorientación, se resolvió llevarlo a la comisaría. En el Cuerpo Médico se comprobó que Pippo se enredaba en incoherencias y contradicciones. En el neuropsiquiátrico se estableció que padecía una alteración mental que reviste peligro para sí mismo y para terceros, por lo que se decidió internarlo. Murió en su casa en septiembre de 2009. Ni la familia Pippo ni la Briant volvieron a hablar del caso, a pesar del asedio periodístico. El sospechoso fue condenado socialmente, ya que las pruebas en su contra, serian por esos años irrefutables. Los hijos del matrimonio siguieron con sus proyectos. Martina se radicó en Campana donde ejerce su profesión de Odontóloga. De niña quedó bajo la guarda de su tía materna Denisse. Tomás se recibió de Licenciado en Economía. Julián y Christopher viven en City Bell, donde fueron varias veces detenidos por robos o intentos de hurto. Nunca hubo flores en la tumba de Oriel, en el cementerio de La Plata. Nunca se pagaron los impuestos por su sepultura y en el año 1991, sus restos fueron llevados a una fosa común. A 35 años del crimen, lo único que está presente es la impunidad. PENA Uno de los aspectos más llamativos del caso, es que de haber culpables en la causa, podrían haber sido condenados a la pena capital que estaba vigente entonces. En plena dictadura, el genocida Jorge Rafael Videlahabía instaurado en el Código Penal la pena de muerte en casos de secuestros seguidos de muerte (Ley 21.338). Esa normativa fue modificada por el presidente constitucional Raúl Alfonsín, que puso en vigencia la Ley 23.077 derogando la anterior. EL CLAN Esteban Pippo fue sobreseído en 1988 y se fue a vivir a Lobos. Fue expulsado de la Policía debido al crimen de Oriel. Su madre, Angélica Romano, fue sobreseída en 1988. Murió de un ataque de presión. Néstor Romano, primo de los Pippo, fue sobreseído en 1988. En su casa de Lobos se supuso habría estado Oriel secuestrada. Murió en 2006. Una mujer secuestrada y asesinada en el marco de un divorcio contradictorio. El cuerpo mostraba un particular ensañamiento en la zona genital. Un ex marido con fuertes vínculos policiales en la fuerza que comandó el genocida Ramón Camps. Pese a provenir de una familia acomodada, Pippo nunca fue aceptado en la familia Briant, quienes lo llamaban “cabecita negra”. Todos indicios que pueden llevar a la conclusión que la muerte de Oriel, fue el primero de los femicidios que saltó a la escena nacional, pero entonces, esa figura criminal, era inimaginable para la mayoría.
Una semana cargada de tensión que no dio respiro, finalizó con muchas dudas en la investigación sobre el femicidio de Jimena Salas. Quienes debieran estar pidiendo que se arribe a la verdad sobre el asesinato de la mujer, empeñan todos sus esfuerzos en despegarse de las sospechas, apelando a desacreditar cada medida que se orienta a terminar con los asesinatos impunes en Salta. Pareciera que apuestan al fracaso de la investigación y de paso, que nunca se conozca la verdad. 

Por A. Bogado

La causa tuvo un vuelco luego de siete meses de letargo inducido en una oficina conocida en los pasillos de la Procuración como la de “Causas Frías” que fue disuelta por el Procurador Abel Cornejo apenas asumido, y que se llevó puestos a cuatros fiscales. Cabe destacar que las principales sospechas de relajamiento, recaen sobre el primero de los investigadores: Pablo Paz. Era vox populi que Paz se reunía frecuentemente con el abogado del ahora imputado viudo Nicolás Cajal Gauffin, el mediático Pedro Arancibia; y que tenían un vínculo más lleno de bromas y sonrisas, que de trabajo preocupado por esclarecer la verdad. Es mas, la furia de Arancibia contra Cornejo se desata desde el momento mismo del reemplazo casi inmediato de Paz, a quien se le abrió un sumario administrativo con pruebas lo suficientemente contundentes que abren un interrogante sobre su futuro. A ese sumario lo instruye la fiscal Josefina David de Herrera. [caption id="attachment_145620" align="aligncenter" width="687"] Nicolas Cajal, los removidos fiscales Paz y Miralpeix; y su abogado, Pedro Arancibia[/caption]   Pedro Arancibia no es un abogado común. Tiene hasta su propio equipo de prensa que se ocupa de difundir notas de opinión afines a lo que proclama, y hasta de convocar a los periodistas a seguir sus pasos a la sede judicial. A estas alturas ya está dispuesto a convertirse en una suerte de Fernando Burlando salteño. Hasta ahora no tuvo los logros que persigue, ya que su temperamento agresivo contrasta notablemente con el conciliador y fornido letrado que visita los principales programas de rumores de la televisión porteña.  [caption id="attachment_145616" align="aligncenter" width="629"] Pedro Arancibia. Abogado[/caption]   En esto de hilar fino, llama la atención la estrategia combinada de Arancibia con el abogado del detenido Sergio Vargas: Luciano Romano, hasta hace poco defensor de Lautaro Teruel. Si es verdad que la pobreza de Vargas es casi franciscana, ¿quién la paga teniendo en cuenta que el abogado del hijo nochero no se caracteriza precisamente por patrocinamientos de bajo costo? Por ahí se escuchó decir que el letrado tomó la defensa ad honorem. Si, claro.  [caption id="attachment_145619" align="aligncenter" width="638"] Luciano Romano. Abogado[/caption]   Pero lo que es mas raro todavía, es que se concilien los intereses de los dos imputados de la causa en un frente común. Hablamos de sospechoso de haber participado de un homicidio, y por otro lado de una “víctima” como el mismo viudo se encarga de autodenominarse. ¿Podrían tener ambos un interés común? Si la inocencia de Nicolás Cajal Gauffin fuera cierta como él dice, ¿por qué entonces los abogados están de acuerdo en enfrentar a los fiscales y al Procurador?  Dicen que las contradicciones de Cajal Gauffin son tantas, como las omisiones del fiscal Paz. El hombre, descubrió a su mujer asesinada tendida en un charco de sangre, se ocupó de comunicarse con el 911 y no fue demorado ni una hora. Por otra parte tanto él, como su abogado cuando saltó el detalle de la cremación del cuero de Jimena Salas, manifestaron que la ignición del cuerpo fue realizada a las 72 horas de encontrado el cuerpo. Sin embargo existe documentación que demuestra que el cuerpo fue entregado a la funeraria para la cremación tan solo 16 horas después de que le asestaran cuarenta y un cuchillazos. Tampoco hubo velorio.  [caption id="attachment_145621" align="aligncenter" width="719"] Nicolás Cajal Gauffin, imputado. Viudo de Jimena Salas[/caption] De acuerdo a numerosos testimonios de amigas de Jimena escritos en su red social facebook, parecería que el matrimonio estaba llegando a su fin, sin embargo el viudo proclamó a los cuatro vientos su amor por su mujer. Tampoco se entiende bien -lo que adelantáramos en un número anterior- la rapidez con la que el viudo rehizo su vida sentimental, precisamente habitando en la vivienda familiar que poco tiempo atrás a partir de la matanza, se había constituido en la vivienda del homicidio.  Nadie entiende tampoco por qué el abogado Arancibia que calificó de esquizofrénico al procurador en cuanto medio estuvo a su alcance, si realmente buscaba descubrir quien mató a Jimena desde hace dos años y siete meses sostiene que se trató de un robo que salió mal, cuando en la vivienda del pasaje Las Virginias solamente faltaba el celular de la víctima, que luego fue descubierto en un pasaje ubicado al frente de la comisaría de Vaqueros.   Hasta el momento y con el rápido avance de la causa, se puede percibir que hubo dos años y siete meses de chacota con el fiscal Paz, hasta que el avispero comenzó a revolverse. Fue entonces que buscó cobijo en algún medio como la FM del Carnero, que supo abrirle sus micrófonos mas que asiduamente para al abogado para que la única explicación que pueda brindar a sus contradicciones, sea que el Procurador tiene síndrome de actuación y montó un circo. Nada dijo de cómo se hace para acuchillar cuarenta y un veces a una persona en veinte minutos - ni un experto en simular asesinatos lograría acabar con la vida de alguien con semejante rapidez-. Tampoco explicó el letrado por qué contrariamente a lo que la sociedad veía como impulso nuevo a la causa, el se mostró iracundo con la medida que determinó el cambio de fiscales que casualmente, comenzaron a barajar otras hipótesis. Hay mas, la llamada “Pista Jujuy” -hasta ahora nunca investigada podría- traer tantas sorpresas como las vidas paralelas de Cajal y las poco creíbles versiones sobre los motivos por los que se quemó el cuerpo sin esperar ni un día. Nunca antes se habló de la cremación del cuerpo. Cuando salió a luz el tema, el viudo y su abogado se sacaron el sayo señalando que la decisión de la disposición del cuerpo la tomó la madre de Jimena Salas. Y finalmente se conoció que Cajal Gauffín habría convencido a la madre de Jimena Salas para que el cuerpo de la víctima fuera cremado, después de la muerte violenta de su concubina. Medias verdades que van cayendo como gotero en las declaraciones mediáticas de quienes debieran estar más preocupados por que la investigación llegue a buen puerto, en vez de solo enfrascarse en la autodefensa.  A estas alturas sabemos que el acto de cremar un cuerpo con tanta premura, implica hacer desaparecer la prueba principal del femicidio de Jimena Salas, y que los investigadores deban conformarse con una autopsia que tiene más dudas y omisiones, que las certezas por las que claman los investigadores. Solo basta repasar casos emblemáticos que ensombrecieron a nuestra sociedad como los de Sabrina Berton, Cintia Fernández o las amigas Luján Peñalba y Yanina Nuesh para concluir que las investigaciones y peritajes iniciales pueden estar viciados, y que en la mayoría de las ocasiones se requiere nuevas pericias para acercarse a la verdad.  Queda la duda de cual es el motivo por el cual cuando finalmente hay decisión de terminar con la impunidad que venia reinando en nuestra provincia -y que tiene a los casos citados anteriormente como ejemplo- en vez de colaborar, se intente obstaculizar, desprestigiar y agraviar, facilitando espacios en medios de comunicación a quienes intentan convencer a los ciudadanos que quienes están imputados son inocentes.  ¿A ninguno de estos facilitadores de micrófono se le ocurrió preguntarle a Cajal Gauffin qué quiso decir cuando muy suelto de cuerpo después de tres horas de declarar ante la justicia, afirmó que él también era un “perejil”?. Una autodenominación que dejó en claro que los fiscales no estaban equivocados en volverlo a convocarlo.  Más allá de las conexiones sospechosas entre ambos imputados, puede ser justificable que Luciano Romano esté abocado a la defensa de Sergio Vargas - detenido rapidamente- de las acusaciones que lo llevaron a la imputación. Pero el caso del viudo Cajal Gauffin y su abogado Pedro Arancibia no se entiende la actitud evidenciada, ya que desde el minuto cero en el que la investigación comenzó a avanzar -y aún sin acusación mediante, todavía- se enfrascaron en la defensa del viudo y el ataque y cuestionamiento a cualquier medida que se llevara adelante.  De Jimena Salas y la búsqueda de la verdad sobre su asesinato, ya refieren poco y nada.  

Jimena Beatriz Salas de 44 años, ama de casa y madre de dos hijas mellizas de tres años, fue asesinada con un arma blanca en su domicilio, en la localidad de Vaqueros, el 27 de enero de 2017.

El cadáver, según los informes policiales, fue hallado rodeado de un charco de sangre por su esposo Nicolás Cajal Gauffin, gerente de una conocida casa de electrodomésticos. Existen sospechas por las múltiples heridas, que la mujer habría querido defenderse. La escena del crimen se presentaba como un lugar donde existió una lucha. Las hijas de la pareja se encontraban encerradas en el baño y no habrían presenciado el ataque.

 

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