Los conflictos en el IPPIS continúan. En una semana comunidades originarias de varias localidades se manifestaron en el organismo por desalojos, falta de viviendas e imposibilidad de una casa propia. El abogado de la institución, mientras tanto, les da la razón a los usurpadores. (Andrea Sz)
Nadie entiende cómo se manejan las cosas en el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta y es que el propio abogado de la institución, de apellido Góngora, en lugar de velar por los derechos de las comunidades está a favor de otros intereses. Frente al nuevo desalojo de dos familias de Campo Quijano, pertenecientes a la comunidad “Pacha Inti” de Ingeniero Maury, quienes se hicieron presentes en el IPPIS, el abogado Góngora sostuvo que ante la improbabilidad de la aplicación de la Ley de Emergencia Territorial Indígena, 26.160, se buscaría para las familias dos lotes para reubicarlas: “El día viernes nos damos cuenta que la sentencia se encontraba firme y que habían vencido los plazos, nos enteramos de eso off de record porque nadie nos avisó. Procesalmente no hay más remedios a tomar, lo que se está buscando es conseguir dos lotes en remplazo de aquellos en donde estaban, se necesita una solución política”. Y agregó “No sé quién tiene la culpa aquí, el chancho o quien le da de comer. Si la familia no buscó quien los defienda en su momento es culpa de ellos. Yo quiero entender cuál es el problema. La ley 26.160 es una ley de relevamiento territorial, como toda ley impone la suspensión de desalojo, pero todas las medidas cautelares tienen plazo provisionales en este país, no son eternas, por eso se entiende que no se puede violar la propiedad privada”, mencionó el abogado.
Por el momento los miembros de estas familias se encuentran en el IPPIS desde el lunes, esperando una ayuda de la entidad, aunque el abogado se encargó de aclarar “No es toda la comunidad, son solamente dos familias”.
Por otro lado frente a esta situación, Pablo Cardozo, integrante de la Comisión de DDHH del Colegio de Abogados de Salta, informó que se presentará un recurso de amparo ante la Justicia salteña a fin de revertir el desalojo perpetrado en contra de dos familias de la comunidad Pacha Inti de Ingeniero Maury, en Campo Quijano, en el departamento de Rosario de Lerma.
Ante las declaraciones del abogado del IPPIS, Cardozo sostuvo que es extraño que alguien que representa a esta entidad se manifieste de tal manera. Por el contrario, entendió que es pertinente la aplicación de esta Ley, en tanto es la que enmarca la posibilidad de evitar los desalojos que ordena la Justicia contra comunidades originarias: “Es pertinente la aplicación de la ley de tierras, yo voy a presentar un recurso de amparo por violación de garantías constitucionales referido a la falta de consulta previa que le ha ocurrido a las familias. Son sus tierras ancestrales y el doctor Góngora esta en error en considerar que la titularidad quede en manos de la empresa, ya que todos sabemos que la posesión y legitimidad de la titularidad de la tierra reside por orden constitucional en los pueblos originarios”.
Ley que no se cumple
Sancionada el día 1 de Noviembre de 2006 y promulgada el día 23 de Noviembre del mismo año la Ley 26.160 de Emergencia de la Propiedad Comunitaria Indígena tiene como objetivo “Declarar la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquéllas prexistentes”. Sin embargo a casi 7 años todavía las comunidades siguen solicitando se cumpla la ley. Desde el ENOTPO (espacio de articulación política de las Organizaciones Territoriales de los Pueblos Originarios en Argentina), solicitan “¡Ley de Relevamiento Territorial YA! Los Pueblos Originarios no somos ‘Ocupas’ de nuestros territorios, sino que somos pre existente y habitamos en estos Territorios desde siempre, que los infames no pretendan usurpar nuestros lugares y quebrantar nuestros derechos ancestrales. Responsabilizamos por cualquier acto de violación de nuestros derechos a la justicia, la fuerza policial, a los órganos nacionales y provinciales, quienes deben brindar garantías y seguridad jurídica a los pueblos originarios .Los Pueblos Originarios, exigimos vivir en paz en nuestros Territorios”.
Aunque el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Daniel Fernández, sostuvo que gracias a la intervención oficial se frenaron “14.000 desalojos”, una investigación afirma que “La información brindada por el INAI ha sido contradictoria, incompleta y en algunos casos falsa”. En nuestra provincia hace dos meses la titular del Ministerio de Derechos Humanos, María Pace, se reunió, en Buenos Aires, con el presidente del INAI, “para poder avanzar con la concreción del relevamiento”, sin embargo las familias de las comunidades siguen padeciendo los atropellos sin que nadie los ayude. Esta situación de gravedad que se vivencia en Salta, se da por la indefinición en materia de tierras indígenas, que originan los desalojos, represión y vulneración de derechos. Los pueblos siguen solicitando un programa de relevamiento serio.
Arello cara pálida
La Quebrada del Toro también fue escenario de otro conflicto que involucró a autoridades de la institución. Y es que a partir del problema reseñado, el vocal kolla del organismo, Miguel Siares, se encadenó a la puerta del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta y protagonizo una huelga de hambre. Siares denunció “discriminación” por parte del presidente del organismo, Enrique Arello, que sólo se ocupa, según Siares, de las comunidades que habitan en el norte de la provincia. Arello, acorde a lo que manifiesta el abogado de la institución, se desmarco de la acusación argumentando que no tenía conocimiento sobre la situación de las dos familias que serán desalojadas porque Siares nunca llevó la información. “La orden de desalojo dictada por la Justicia lleva un proceso largo de tiempo en el cual Siares debería haber cumplido con todos los pasos institucionales para dar a conocer un problema que afecta a dos familias a las cuales él representa”, dijo Arello. “Sucede que recién lo hizo por una simple interna política que tiene conmigo. Evidentemente se aprovecha de la desgracia de dos familias y eso no es correcto”, completó.
