Una médica presentó su renuncia negándose a realizar visitas domiciliarias como lo contempla la nueva Ley de Salud Mental. Se denunció abuso de poder, pero no dijeron que el trabajo interdisciplinario rompe con la hegemonía psiquiátrica que prohíbe la estructuras manicomiales. (J.R.L.)
El Hospital Ragone ha sido noticia en estos últimos días por un conflicto que tuvo como protagonista a la psiquiatra Dorys Flores, jefa del sector Agudos del hospital, quien presentó su renuncia e inmediatamente una carpeta médica luego de mantener una discusión con una enfermera. Argumentó en su renuncia que tiene “asco” de trabajar con ese equipo médico.
Todo comenzó cuando el gerente del centro asistencial, José Quiroga, a través de un memorándum, le informó a Flores que debía cumplir una visita domiciliaria junto a otros profesionales para un paciente externado. De lunes a jueves cumplían ese rol otros profesionales y los viernes era el turno de Flores. La psiquiatra discutió con una enfermera que preside ese grupo y por ello presentó su renuncia.
El gerente del hospital, en tanto, explicó que su negativa a la renuncia se debe a que “es un acto de impulsividad” y que “las razones no son válidas”. Quiroga expresó que los médicos tienen una asamblea mensual y cada 15 días tienen una reunión con él para expresar sus malestares, por lo cual no se justifica la extrema medida tomada por la psiquiatra. El día que presentó la renuncia la Dra. Flores, algunos profesionales se manifestaron en la puerta del hospital denunciando que la gerencia hace “abuso de poder” en contra de ellos. Sin embargo, el gerente se defendió: “Ellos dicen abuso de poder, pero es porque acá se controla el cumplimiento de los horarios y las tareas de cada uno”.
Lo que dice la Ley
La actitud de la Dra. Flores no es aislada. Sino que está alineada en la corporación psiquiátrica que va perdiendo terreno de acuerdo al a nueva legislación en Salud Mental. La Ley 26657 de Salud Mental aprobada y promulgada por el gobierno de la Nación, permite un nuevo abordaje para la atención de la salud mental, acentúa la protección de la salud mental de todas las personas en el marco del pleno goce de los derechos humanos. La normativa, además, restringe la figura de la “insanía” que se utiliza para inhabilitar derechos civiles, y pone límites precisos al accionar de los jueces para evitar que dispongan internaciones innecesarias y aumenta el presupuesto nacional en salud mental. La Ley promueve la interdisciplinariedad. Es decir, los profesionales con título de grado están en igualdad de condiciones para ocupar los cargos de conducción y gestión de los servicios y las instituciones, debiendo valorarse su idoneidad para el cargo y su capacidad para integrar los diferentes saberes que atraviesan el campo de la salud mental.
La renuncia de la jefa del sector Agudos del hospital de Salud Mental doctor Miguel Ragone, Dorys Flores, por diferencias con el gerente de la institución, José Quiroga, motivó una manifestación de los compañeros de la médica, quienes hicieron expresar su descontento por el “maltrato, descalificación y abuso de poder de la gestión”. El asco que tiene la médica es congruente con el pensamiento de muchos psiquiatras con respecto a esta ley. El poder que intentó siempre hegemonizar la salud Mental, desde los inicios, se opuso a la sanción de la Ley de Salud Mental. Este poder se encuentra en una alianza entre sectores del Estado, los grandes laboratorios, las instituciones de medicina privada, la burocracia sindical que manejan sus intereses en las obras sociales y las organizaciones médicas que se oponen a cualquier proyecto de transformación.
Esto ha llevado a una psiquiatrización del campo de la Salud Mental donde el predominio de un neopositivismo médico pretende entender el padecimiento psíquico exclusivamente como un problema neuronal. Su resultado ha sido el avance de una contrarreforma psiquiátrica que lo único que le interesa es recetar psicofármacos. Aunque a veces se la disfrace de experiencia “progresista” porque a los pacientes se los medica en sus casas y los medicamentos los pague el Estado.
Claramente establece la defensa de los derechos de los pacientes modificando el Código Civil. Este es un elemento central para impedir las internaciones de personas por su peligrosidad. Conceptualmente se reemplaza el criterio de internación que obedecía a la noción de peligrosidad para sí o para terceros por la “constatación de riesgos cierto o inminente. Las internaciones involuntarias quedan restringidas y sujetos a control por un Órgano de Revisión en el que participarán organismos de derechos humanos”. Podemos seguir “se propician las internaciones por lazo breve”, etc.
Interdisciplinariedad
En todo el país a muchos profesionales médicos les puede molestar compartir un equipo interdisciplinario, porque están acostumbrados a que se respete su jerarquía y a dirigir. No a ser parte de un proyecto colectivo intersectorial.
En total son 68 los pacientes externados del Ragone que cada diez días reciben en sus domicilios la visita de un grupo integrado por profesionales de áreas como psicología, psiquiatría, trabajo social y enfermería.
La Ley plantea que “debe promoverse que la atención en salud mental esté a cargo de un equipo interdisciplinario integrado por profesionales, técnicos y otros trabajadores capacitados con la debida acreditación de la autoridad competente. Se incluyen las áreas de psicología, psiquiatría, trabajo social, enfermería, terapia ocupacional y otras disciplinas o campos pertinentes…” Podemos seguir en relación a esto “…el proceso de atención debe realizarse preferentemente fuera del ámbito de internación hospitalario y en el marco de un abordaje interdisciplinario e intersectorial, basado en los principios de la atención primaria de la salud. Se orientará al reforzamiento, restitución o promoción de los lazos sociales.”
Vidas arrasadas
Antes de la Ley, los pacientes que padecían enfermedades de salud mental eran recluidos en manicomios, donde los psiquiatras ocupan un rol importante en la conducción. La mejor descripción es la que está en el informe del CELS, Vidas Arrasadas, de 2006, que fue uno de los documentos de base para la construcción de la Ley. Un sistema basado en los manicomios, con promedios de encierro que se cuentan en décadas y alrededor de 25 mil personas bajo ese sistema. La judicialización total del mismo, no como garantía de derecho sino como forma de control social, a lo que había que agregar el avance del poder económico de los laboratorios que impulsan la medicalización absoluta de los problemas de salud mental e incluso de las situaciones de conflicto, angustia o ansiedad normales de la vida de cualquier ser humano. Y junto a ese esquema construido alrededor del paradigma de la peligrosidad de los enfermos mentales, una serie de experiencias aisladas y sin apoyo de atención basada en la inclusión social y el respeto a los derechos de las personas
La ley dice: “La internación debe ser lo más breve posible, en función de criterios terapéuticos interdisciplinarios. Tanto la evolución del paciente como cada una de las intervenciones del equipo interdisciplinario deben registrarse a diario en la historia clínica…”. En el caso referido en el Hospital Ragone, la doctora Flores recibió el 2 de este mes un memorándum de la gerencia general del hospital, a través del cual se la intimaba a continuar con las visitas domiciliarias a pacientes externados los viernes, “a las que dejó de asistir el 11 de enero sin autorización”, según se lee en el documento.
Esa misma jornada y a continuación de la nota, la especialista colocó que “teniendo fundamentos personales para no realizar visitas domiciliarias, pongo a disposición mi renuncia a realizar esas actividades o, en su defecto, renuncio a mi cargo”. Sin embargo, su dimisión no fue aceptada por el director y la profesional de inmediato presentó carpeta médica, por lo que su situación laboral no está definida por el momento. La médica debía cumplir una visita domiciliaria junto a otros profesionales, para un paciente externado. La psiquiatra discutió con una enfermera que preside ese grupo, porque tal vez entendió que un profesional de la medicina no puede estar debajo de un enfermero, dentro de un equipo interdisciplinario.
Desde la gerencia del hospital se aclaró que se trata de superar una situación en la cual el paciente era el último orejón del tarro y esperaba 45 minutos o más para ser atendido mientras que los profesionales estaban de mateada. Cuando el ministro de Salud implementó el uso del dispositivo para colocar el dedo pulgar a la llegada y a la salida, como un medio para que los profesionales de la salud cumplan con su parte del contrato con el Estado, empezaron las molestias. Muchos médicos hablan de abuso de poder, pero nadie dice que la Ley reivindica absolutamente la democracia en la salud pública en relación a la igualdad del conjunto de los profesionales, porque el trabajo interdisciplinario rompe con la hegemonía psiquiátrica, como prohíbe la estructuras manicomiales.
