El convenio entre el municipio y la CECAITRA lleva dos meses sin oficializarse pese a contar con las firmas de ambas partes. Desde el área de Movilidad Ciudadana hablan de «salvar vidas», aunque los antecedentes no acompañan. Precisiones e irregularidades de un convenio hecho a medida de la recaudación.
A dos meses de haberse firmado el «convenio de Cooperación en materia de Seguridad Vial y Movilidad Sustentable», los detalles del acuerdo entre la municipalidad y la CECAITRA son desconocidos para buena parte de la sociedad, incluidos algunos miembros del cuerpo de ediles. Tras retomar las sesiones ordinarias el pasado miércoles, los integrantes del concejo coincidieron en la falta de información suministrada desde el ejecutivo municipal (el convenio aún no ha sido publicado en el Boletín Oficial) y en la necesidad de convocar a los funcionarios intervinientes.
La exigencia llegó días después de que reflotaran viejas polémicas a nivel nacional en torno al negocio detrás de CECAITRA. La entidad empresaria que aglutina a todos los prestadores de equipos generadores de multas se presenta como «sin fines de lucro», pero tiene en el AMBA una serie de convenios que le retribuyen anualmente un monto estimado en $14 mil millones. Además, salieron a la luz los nexos entre exmiembros de la cámara empresaria y los actuales funcionarios de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Cuarto Poder accedió al convenio firmado el pasado 3 de junio en el que se detallan los alcances del plan para labrar infracciones las 24 horas y a través de aparatos fijos. Además de establecer la modalidad de financiación del proyecto en base a porcentajes de la recaudación, el convenio prevé la posibilidad de nuevos desembolsos que hasta ahora no han sido detallados.
El contenido
En el detalle de los objetivos del convenio se remarca la intención de: «agilizar el flujo vehicular dentro de la municipalidad, hacerlo más seguro, disminuir los hechos de tránsito que diariamente ocurren en la misma y lograr que la misma sea más ordenada y segura mejorando así la calidad de vida de sus habitantes». En la instancia inicial (treinta días a partir de la firma del convenio) estaba prevista la realización de un relevamiento para diagnosticar las necesidades de acciones a desarrollar y determinar las posibles ubicaciones de los equipos fijos de control y los circuitos en los que operarán los móviles. Los resultados del diagnóstico, al igual que la ubicación de los equipos, aún no se dio a conocer a través del municipio. Aunque, de manera extraoficial trascendió que los aparatos estarán ubicados en los siguientes puntos: ruta nacional 51, pasando el aeropuerto, donde se controlará el uso de luces bajas; avenida Banchik frente a la Escuela Agrícola; avenida Paraguay, con tres intersecciones semaforizadas y control de invasión de sendas peatonales; la avenida Jujuy esquina La Rioja, la avenida Belgrano y Pueyrredón, el Paseo Güemes y avenida Bicentenario; la avenida Bolivia; la avenida Yrigoyen y avenida Artigas.
También se prevé la creación de un sistema informático en el Tribunal de Faltas que permitirá, entre otras cosas, el desencriptado y la validación de actas. Se trata ni más ni menos que de la edición del producto gráfico capturado por los cinemómetros u otros equipos para identificación de número de dominio y tipo de vehículo que comete la infracción y la posterior carga de datos. Para esto, los operadores deberán tomar de la foto el dominio del vehículo y cargarlo al sistema, en el caso de infracciones que no sean de velocidad (cruce de doble línea, circular sin luces, violación de semáforo, exceso de peso) se deberá identificar la infracción y cargar la descripción correspondiente.
El municipio además tendrá la potestad de «resolución de casos ambiguos» y se creará una base de datos general de «Presunciones de infracciones» originadas por los equipos de CECAITRA, sobre las cuales la municipalidad decidirá cuáles realmente se convierten en infracciones «de acuerdo a parámetros de gravedad, oportunidad, lugar, etc».
Pago del proyecto y financiación
Como se explicó en ediciones anteriores, el convenio no establece topes de facturación ni montos fijos por la prestación del servicio. CECAITRA tendrá participación en un porcentaje importante de cada infracción cobrada.
La cámara empresaria percibirá como contraprestación por proveer al municipio el equipamiento de control de infracciones, los servicios de mantenimiento, retiro de memorias y logística, el sistema informático e infraestructura necesaria, los porcentajes sobre todas las cobranzas originadas por las infracciones generadas.
Los importes comprometidos incluyendo aquellos créditos que se originen en las instancias posteriores a la sentencia de cada causa, serán directamente distribuidos mediante los procedimientos establecidos por la municipalidad que instruirá al Banco Macro para que los importes se distribuyan directamente en un 55% a la municipalidad y en un 45% a CECAITRA.
Adendas y compensaciones:
Otro de los puntos polémicos del convenio es que deja abierta la puerta para la adquisición de más equipos cuyos costos serán imputados eventualmente a la comuna. La cláusula establece que «en el caso de que como consecuencia del relevamiento inicial surgiera la necesidad de contratación de equipamiento no contemplado en el convenio, las partes firmarán la adenda correspondiente donde se especificará el tipo de equipo, el servicio adicional a ser incorporado y la forma en que será abonado por parte de la municipalidad».
Pero, además, si la Municipalidad decidiera dejar de constatar infracciones de tránsito por un período determinado deberá compensar igualmente a CECAITRA en forma mensual con un importe equivalente al promedio de fondos destinados a la entidad en los seis meses anteriores a que comenzara a regir dicha restricción.
Un escenario no muy difícil de imaginar es que los aparatos sean vandalizados o sustraídos de su lugar de colocación, tal como ocurrió con algunos equipos provistos por la UTN durante la vigencia del antiguo convenio. En casos como ese, el texto del acuerdo especifica que tales acciones no estarán contempladas por la garantía. Es decir que un eventual robo de equipos podría derivar en perjuicios para el municipio por el pago de indemnizaciones o, en su defecto, en la judicialización del convenio.
Muchos millones, pocos resultados
La premisa de que las fotomultas por su carácter disuasivo salvan vidas es, cuanto menos, cuestionable. En los años en los que estuvo vigente un convenio similar firmado entre la administración Isa y la UTN, el promedio de víctimas fatales en accidentes viales no se redujo ni un ápice. Según la dirección de estadísticas de la provincia, las muertes registradas en la capital salteña representan anualmente entre el 25% y el 35% del total provincial. Desde la implementación del sistema de fotomultas en el año 2011, las víctimas contabilizadas por la ONG «Luchemos por la Vida» no sólo se mantuvieron, sino que además crecieron. El detalle para el total provincial es el siguiente: 2008 (213), 2009 (266), 2010 (241), 2011 (251), 2012 (283), 2013 (289), 2014 (259), 2015 (346).
En los primeros cuatro años de implementación del convenio, la UTN se llevó 66 millones de pesos que salieron de las arcas municipales. Al día de hoy recaen serias sospechas sobre exfuncionarios ligados al jugoso negocio de la tecnología vigilante. Cuarto Poder publicó una investigación en 2018 sobre el papel de la ex subsecretaria de Tránsito Gisela Laura Mariana Centeno, propagandista del sistema de fotomultas e hija del ex chofer de Roberto Baratta y precursor de los cuadernos de la corrupción «K», Oscar Centeno.
Con la llegada de Gustavo Sáenz a la intendencia de Salta, los representantes de la Universidad se retiraron, sin que nadie pidiese rendición de cuentas. A todo eso, Centeno hija ya se había retirado, junto con la intendencia de Miguel Isa.
Otros hijos de Centeno también estuvieron involucrados en la función pública, aunque sin la misma importancia de Gisela Centeno, que además tuvo trabajos varios en el Poder Judicial, como ser la jefa del Programa Judicial de Defensa del Consumidor. También concursó para ser Jueza, sin embargo, sólo consiguió llegar al onceavo lugar.
