El Porvenir: con la cabeza llena de multas

Atrás quedó la fantasía larretista del paraíso bike-friendly y de ordenamiento «moderno» del tránsito tantas veces propagandeado por el municipio capitalino. El mandato romerista de las «calles saludables, ecológicas y seguras» parece haber caído en una deriva recaudatoria y punitivista, solamente concretable mediante el reflote de fórmulas vetustas.

En el último año, con el apoyo abierto o solapado del Concejo Deliberante, la comuna capitalina impulsó reformas y medidas con el supuesto objetivo de «bajar la siniestralidad y consolidar una movilidad más segura». El hilo común en el paquete de acciones es el marcado sesgo sancionatorio, además de la notoria ausencia de disposiciones orientadas a la prevención y concientización.

El convenio recientemente suscripto con la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito (CECAITRA) para poner en funcionamiento un circuito tecnológico de emisión de multas, se suma a otras determinaciones que van desde la compra de cascos con cámaras para inspectores, hasta la creación de aplicaciones para denuncias vecinales. Todo indica que el hueco que dejó el primer año de pandemia en materia recaudatoria se cubrirá a la vieja usanza.

Los papeles ni siquiera asomaron por el Concejo Deliberante, sin embargo, el «convenio» entre el municipio y la CECAITRA contó con las firmas de la intendenta Romero y del secretario Legal y Técnico, Daniel Nallar. A casi dos meses de haberse rubricado el acuerdo, los detalles trascendieron por declaraciones de funcionarios municipales y por un dictamen del Tribunal de Faltas.

A finales de abril, Cuarto Poder adelantó que en los despachos municipales se estaban llevando adelante sigilosas reuniones para analizar el decreto 0013/12, que contenía el viejo convenio firmado por la administración Miguel Isa con la UTN (Universidad Tecnológica Nacional). El objetivo era avanzar en un nuevo acuerdo para la restitución de los aparatos generadores de multas. A nueve años de aquel fatídico experimento que culminó con la desaparición de $66 millones, la administración Romero reflota la experiencia bajo el nombre de: «Convenio de Cooperación en Materia de Seguridad Vial Y Movilidad Ciudadana Sustentable».

Lo llamativo del convenio, además de su carácter inconsulto, es que se parece más a una contratación directa encubierta. Por el servicio de «alquiler» de los aparatos y del software para la elaboración de infracciones, la CECAITRA no exige un monto fijo, sino un porcentaje de participación en el cobro de multas. Mientras que el 55% irá destinado a un fondo especial creado por la Municipalidad, el 45% restante quedará en manos de la cámara empresaria que, por cierto, se presenta ante la sociedad como entidad «sin fines de lucro». Cabe entonces cuestionarse: Si el interés de las empresas reside en la cantidad de infracciones cobradas ¿no constituye esto un condicionamiento a las resoluciones del Tribunal de Faltas?

A partir de septiembre comenzarán a funcionar: 6 cinemómetros fijos, 8 equipos de control de violación de semáforos en rojo, 14 equipos de iluminación infrarroja para cinemómetros y semáforos para infracciones nocturnas, 6 equipos de constatación de circulación con luces bajas encendidas en ruta o cruce de doble línea amarilla, 4 tótems alertadores de velocidad con lectores de patente y 4 gabinetes psico sensométricos para evaluar los postulantes a licencias de conducir.

Una realidad insoslayable sobrevuela en la opinión pública y penetra en el sentido común: cada vez se ven menos inspectores controlando el tránsito en las arterias de la ciudad. El hecho fue reconocido por el propio secretario de Movilidad Ciudadana Gilberto Pereyra en una entrevista televisiva reciente. El crecimiento del parque automotor de la ciudad de Salta no fue acompañado con la incorporación de nuevos agentes y al día de hoy las tareas de control y patrullaje deben repartirse entre 198 personas. Según los cálculos del funcionario, se necesitan como mínimo 250 nuevas incorporaciones para cubrir el déficit.

Pero es allí donde la tecnología acude al auxilio. Un convenio con la Universidad Nacional de Salta mediante un proyecto de extensión, culminó con la creación y puesta en marcha de una App con el curioso nombre de «empatía». Es sabido que en la retórica posmoderna palabras como empatía, además de gozar de buena prensa, sirven para justificar incluso aquellas acciones que van en el sentido absolutamente contrario. Como incentivar que los vecinos se denuncien unos a otros por cometer infracciones de tránsito, aún sin contar con la formación o el criterio para hacerlo.

La ecuación parece sencilla: los que habitualmente se indignan con las infracciones del prójimo ahora pueden hacer algo para sacarse la bronca y, ya que están, nos dan una mano, piensan los cráneos de la muni. Pagarle a más policías para que hagan más multas y haya más recaudación no es lógico. Entonces, la operación es tan redonda como macabra: todos somos potenciales vigilantes. Una transferencia inimaginable de obligaciones, como así también de recursos.

La aplicación permitirá a los ciudadanos hacer tomas de infracciones y ser enviadas al Tribunal de Faltas, sin la posibilidad de alterar o modificar imágenes o contexto, aseguran desde la comuna. Hasta el 1 de junio pasado, las actas que llegaban a los domicilios eran meras advertencias sin valor sancionatorio; a partir de esa fecha, las fotodenuncias van a parar a los despachos del Tribunal de Faltas.

Las tareas de constatación, verificación y aplicación de la ley que históricamente recayeron sobre agentes municipales preparados para tal fin, poco a poco empiezan a flexibilizarse. El criterio humano aplicado al labrado de multas, pretende ser reemplazado progresivamente por cámaras Go-Pro adosadas a los cascos de los inspectores motoristas.

De esta forma, explican desde Movilidad Ciudadana, se podrá agilizar el trámite administrativo para la constatación de las infracciones. El problema parece ser que la agilidad administrativa va en detrimento del derecho ciudadano a apelar la infracción en el momento, ya que las tomas captadas desde la mollera de los motoristas se descargarán directamente en el Tribunal Municipal de Faltas.

Los troqueles emitidos e impresos al momento de detección de la infracción carecen de toda la información exigida por el artículo 54 de la ordenanza 14.136: Nombre y domicilio de los testigos que hubiesen presenciado el hecho; firma e identificación del funcionario actuante con aclaración de nombre y cargo; la disposición legal presuntamente infringida y la indicación del plazo para efectuar descargo y ofrecer pruebas.

Según el presidente del Tribunal de Faltas Cristian Abdenur, por día se reciben más de 200 denuncias por infracciones de tránsito, cifra que podría triplicarse con la implementación de los cascos filmadores.

Extremar la norma al punto tal de hacerla imposible de cumplir siempre es una buena opción si lo que se busca es ampliar la base de infractores. En esa dirección parece ir la ordenanza aprobada a fines del año pasado en el Concejo Deliberante (y que contó con la venia de la jefa comunal) denominada «zona calma».

El tope actual determinado por la Ley Nacional de Tránsito para circular en calles de zona urbana es de 40 kilómetros por hora. Pero desde noviembre de 2020, la excepción está dada por las llamadas “calles de convivencia», donde el límite desciende a 20 y 30 km/h. Se trata del cuadrante ubicado entre las avenidas Belgrano, Jujuy, Bicentenario y San Martín, es decir que abarca unas 55 manzanas.

La iniciativa fue presentada en el municipio con el objetivo de «preservar el casco histórico y beneficiar la convivencia entre automovilistas, ciclistas y peatones». Curiosamente (o no) en algunas de las arterias en las que se modificó la norma nacional, está prevista la instalación de cinemómetros medidores de velocidad.

En el último mes de 2020 se anunció oficialmente un llamativo convenio entre la secretaría de Movilidad Ciudadana y el Tribunal Administrativo de Faltas. A partir de ese mes, todos aquellos que deseaban renovar u obtener la licencia de conducir deberían estar libres de multas. Con el objetivo de «garantizar el ejercicio del derecho a la circulación en óptimas condiciones, asegurando la protección de la integridad de los vecinos de Salta capital», el gobierno municipal incurría en una desopilante arbitrariedad jurídica.

Una serie de fallos judiciales desplegados a lo largo y ancho del país, dan cuenta del carácter inconstitucional del requisito. La licencia de conducir (según entendieron los magistrados) es un trámite que acredita las capacidades de un individuo para manejar un vehículo determinado en rutas y calles. Supeditar su entrega al pago de una deuda con el municipio no tendría por qué impactar sobre variables como la «siniestralidad» o la «integridad de los vecinos». De igual manera, la cancelación de deudas municipales no convierte a los contribuyentes en mejores conductores, tal como sugiere el razonamiento municipal.

El revuelo desatado por la publicación del convenio fue tal, que la municipalidad se vio obligada a rectificar (modificar) su contenido sobre la marcha. A partir de entonces lo que se solicita para la renovación de la licencia es el estado de deuda y no la constancia de libre deuda, tal como se planteó en un principio. Según explicó la por entonces presidenta del Tribunal Soledad Gramajo: «el poseer multas no será un impedimento para obtener la licencia, pero el conductor tomará conocimiento sobre su situación”. En resumen, si pasaba… pasaba.

Donde se demoraron en dar marcha atrás fue en el Concejo Deliberante, ámbito en el que se concretó uno de los más espeluznantes papelones del año legislativo. En la sesión del 31 de marzo pasado, el cuerpo de ediles dio tratamiento a un proyecto de ordenanza que proponía elevar el monto mínimo para multas por alcoholemia positiva de 200 Unidades Fijas (UF) a 300. De acuerdo a la ordenanza vigente por entonces, el monto más bajo a pagar en caso de ser sorprendido conduciendo en estado de ebriedad, pasaría de $7.600 a $11.400. Sin muchas diferencias, los ediles coincidieron en que era necesario elevar el rigor de las sanciones para disuadir a los infractores.

El hecho es que, mientras se desarrollaba la sesión, una intervención de la concejal Frida Fonseca (PJ) impuso un cambio rotundo en el ángulo del debate. La edil alegó una supuesta «desactualización» en los valores de la Unidad Fija, por lo que, en lugar de avanzar en la aprobación del proyecto, se incorporó intempestivamente una propuesta de su autoría para elevar, ya no las multas particularmente ligadas a la alcoholemia, sino el valor sobre el que se calculaban. El pedido logró el dictamen durante la sesión y el aumento del 169% en la Unidad Fija repercutió inmediatamente sobre 118 infracciones.

Nuevamente el escándalo desatado una vez conocido el impacto de la ordenanza ocasionó que, desde el Concejo Deliberante, se ensayara una promesa de revisión de la norma. A dos meses de su aprobación, la comisión de Tránsito emitió un dictamen para retrotraer los valores de la UF a los de antes del 31 de marzo.