En el segundo tramo de esta semana, cercana a finalizar, llegaron a esta redacción sendas misivas mellizas conteniendo advertencias por publicaciones recientes. Con idéntico encabezado, una firmada por el ex presidente de la Cámara baja, Manuel Santiago Godoy; la otra, rubricada por el ex titular del Colegio de Abogados, Eduardo Romani. A lo que definimos como intento de amedrentar por vía judicial a un medio de prensa con más de tres décadas de prestigio entre la sociedad salteña.
Ambas cartas-documento se encuadran, más allá de toda duda razonable, en un intento de amedrentar a este periódico en su vocación de informar a la comunidad sobre acontecimientos de interés público. Tanto Manuel Santiago Godoy, ex presidente de la Cámara baja provincial a lo largo de 16 extensos años, y Eduardo Romani, otrora titular del Colegio de Abogados de la provincia de Salta, actual decano de las Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Salta, saben al dedillo el ordenamiento republicano.
Sendos profesionales del Derecho, sin dudas, no desconocen la normativa vigente y que desde hace una década despenalizó la invocación de calumnias y la de injurias, en casos de información versada sobre figuras públicas o asuntos de interés público. En lo cual pueden considerarse incluidos, por ejemplo, a un legislador provincial o bien a un futuro Secretario de Justicia provincial. Ni qué hablar, en el caso de una autoridad académica que funge como tal en una facultad de Derecho y que, por lo tanto, debiera tener a la libertad de expresión como principio directriz de sus actos.
Pues, a partir de aquella modificación normativa es de uso corriente que toda vez que una figura renombrada se considera perjudicada por una publicación periodística errónea solicita, de manera preliminar, un espacio para la aclaración pertinente. Como que, en caso de no obtener la anterior satisfacción y ante la aflicción persistente, podrá insistir con un reclamo formal al órgano o empresa por el cual se difundió el contenido que supuestamente lo dejó como damnificado.
Sin embargo, una de estas misivas argumentó en función de estas supuestas figuras derogadas una década atrás y la otra fue directa y presurosamente por un reclamo de naturaleza pecuniaria. Por ello, no se advierte en tal dupla de Cartas Documento otra cuestión, sino la de intentar un hostigamiento por vía judicial a nuestra tarea de contribuir a que en Salta haya una sociedad informada.
Ambas misivas en la visión de la representación legal ejercida en nombre de “Cuarto Poder”, tal como se adelanta acá, por la que argumentará en una de las audiencias de conciliación próxima a realizarse, consideradas improcedentes y temerarias.
En cuanto a la carta enviada por Godoy, si bien puntualiza en una publicación del pasado 7 de marzo sobre un fragmento que marca el déficit financiero en el Partido Justicialista, posiblemente sea producto de una lectura deficiente suya o la de su asesor letrado. En dicho artículo, lo referido es que los pésimos desempeños electorales que tuvo recientemente esta fuerza política impactaron de manera perjudicial en sus finanzas, con fuga hacia otras fuerzas de aquellos aportes regulados por ley.
La anterior explicación se puede hallar en el párrafo siguiente al que invoca el diputado provincial en su Carta Documento. Si bien el envío mismo de esta pieza epistolar de valor legal era algo que, al parecer, el ex Presidente de la Cámara de Diputados se había encomendado concretar hacia nuestro periódico, ante algunos contertulios, hace medio año. Con razonamientos, también, correspondientes al 3° cuatrimestre de 2.019.
Engarzada con la CD anterior, el decano de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica salteña -desde la cual suele ofrecer descuentos del 20 % para “diplomatura en gestión ambiental integral”- no resulta un desconocido para la vida pública. De hecho, Romani ocupa en la actualidad una vivienda en un country top que, por sí sola, constituiría información para una serie de artículos específicos.
En cuanto a su condición como profesional de consulta de Godoy, es probable que esto sea develado tras un exhorto formulado en estos días por un diputado opositor, con el fin que la Cámara baja transparente información y ofrezca indicación de cada AP actualmente dado de alta, como igualmente la remuneración correspondiente. Por lo demás, es poco entendible que un consuetudinario asistente a casi todo acto que organiza el Estado provincial (por caso, la reciente apertura del año judicial del pasado 6 de marzo) y eventual Secretario de Justicia provincial, exija soslayo o silencio a los medios de prensa.
