La Justicia federal avanza sobre los clanes de barrio San Antonio. Señalan complicidad con policías de la comisaría de la zona.

Los investigadores federales del Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF) avanzan actualmente, en una decisión sin precedentes, sobre los clanes familiares que históricamente han obtenido grandes beneficios económicos a través de la explotación sexual de mujeres vulnerables en el barrio San Antonio de esta ciudad. Poco tiempo atrás, y en un juicio abreviado bajo el nuevo sistema acusatorio que se aplica en el Noroeste, dos personas –R.L y J.B– fueron condenadas a penas de 3 y 4 años de prisión por trata de personas.

Apenas a ocho minutos del centro de Salta, y en una vivienda extremadamente precaria, montaron un antro de prostitución. Allí, por la mísera suma de 500 pesos, diez mujeres –captadas y engañadas en la ciudad de Güemes y en la provincia de Jujuy– eran obligadas a tener sexo con quienes llegaban hasta esta zona marginal, donde también funciona un mercado de venta al menudeo de cocaína y pasta base. Tras la condena, el inmueble fue incautado por la Justicia.

Son desaparecidas para ser prostituidas

Y, según informaron públicamente los funcionarios judiciales, pronto podría convertirse en un refugio para mujeres víctimas de violencia de género y trata de personas.

Este caso configura una radiografía que permite observar las formas de operar que tienen los grupos criminales del “bajo” en barrio San Antonio, y la organización de los pequeños clanes familiares que se dedican a la explotación de personas en Salta. De hecho, se informó oficialmente en un comunicado que no estaba descartada la hipótesis que plantea la existencia de posibles complicidades entre los proxenetas y la comisaría de la zona. De hecho, el barrio San Antonio fue definido como “un sector impenetrable” para aquellos miembros de las fuerzas de seguridad que intentan investigar a los criminales locales. Durante los allanamientos en este prostíbulo, fue rescatada una chica menor de edad.

“Esta es la primera vez que, en materia de trata de personas, en Salta la justicia federal logró avanzar hasta los sindicados como principales beneficiarios de la actividad”, informaron en el comunicado de las condenas, desde el Ministerio Público Fiscal de la Nación. Las dos personas condenadas en esta causa tienen 61 y 62 años. Además, hay otros tres imputados y la investigación, inclusive, detectó el contacto de los imputados con otros sospechosos de la zona.

El expediente de la causa, detalla: “Los acusados acogieron a un indeterminado número de personas en el inmueble de su propiedad con la finalidad de explotar sexualmente a seres humanos, y procurar sumas de dinero que eran recaudadas por ellos mismos, al menos una vez por semana”.

Complicidad policial

Una prueba de que existían vínculos entre este clan y la policía de Salta fue confirmada por los investigadores federales. Luego de los allanamientos y el rescate de las víctimas, el prostíbulo continuó funcionando. Los informes sobre esta causa, dicen: “Se pudo establecer que tras los procedimientos, la actividad de explotación sexual en el domicilio siguió adelante”.

Refugios

Tal como confirmaron oficialmente los investigadores de esta causa, es muy probable que este inmueble se convierta en refugio para mujeres. Iniciativas similares se han llevado a cabo en Mendoza, donde una casa que fue utilizada por criminales como prostíbulo hoy alberga a víctimas de violencia de género. También en la villa 31 de la ciudad de Buenos Aires, donde el MPF incautó varios inmuebles donde se montaron oficinas estatales para asistir a los vecinos de estas zonas vulnerables.

Puntualmente, respecto del delito de trata de personas, en diciembre de 2019 se activó oficialmente el funcionamiento del Fondo de Asistencia directa a víctimas de trata, definido como “un fondo fiduciario público que se integra por los bienes decomisados judicialmente en procesos relacionados con los delitos de trata y explotación de personas y lavado de activos provenientes de estos delitos”.

Al respecto, el texto de la reglamentación detalló: “El delito de trata y explotación de personas supone una vulneración de los derechos humanos fundamentales de la víctima, puesto que niega su condición de persona y la asimila a un objeto o cosa que se comercializa en el mercado de bienes y servicios, por lo cual su reparación excede el interés privado de las partes y es una cuestión que atañe a toda la sociedad y especialmente al Estado Nacional”.