Sobre un total de 188 inmuebles pertenecientes a la iglesia salteña, 40 eran utilizados para actividades comerciales, privadas o que no guardaban relación alguna con lo religioso. Por año, la curia local se lleva el 15% de los subsidios a tarifas de agua. (Nicolás Bignante)
En 2018, Cuarto Poder realizó una investigación que sacó a la luz el enorme negocio inmobiliario detrás de las propiedades de la iglesia local. Sandwicherías, hostales, agencias de turismo y casas particulares forman parte del listado de catastros beneficiados por la exención impositiva. Todos ellos incluidos en el expediente N° 29-827292-18 de la Dirección General de Inmuebles.
Amparados en una ley de 1953, los inmuebles pertenecientes al Arzobispado de Salta están, al día de hoy, exentos del pago de impuestos, tasas y contribuciones especiales. Desde el Ente Regulador de Servicios Públicos (ENRESP) se realizó un relevamiento de propiedades que arrojó que, sobre un total de 188 terrenos en Capital, 40 estaban vinculados a actividades que nada tenían que ver con lo espiritual o lo social. De ese total de inmuebles, el 100% pagaba la tarifa correspondiente de luz, pero tenían subsidiado el servicio de agua, por lo que se les retiró el beneficio.
En suma, los valores correspondientes a esas 40 parcelas totalizaban 7 millones de pesos anuales, lo que representa un 15% del total de subsidios que otorga el estado a familias en situación de extrema pobreza. Según los cálculos realizados desde el ENRESP, con el redireccionamiento de esos montos se podría eximir a unas mil familias salteñas del pago del servicio.
En el sondeo realizado días atrás se detectaron inmuebles dedicados a la actividad privada, comercial, empresarial, viviendas alquiladas a particulares y hasta un estudio jurídico. Según pudo constatar este medio, en una buena cantidad de casos, los alquileres son abonados en la misma curia, ubicada en calle España.
Aún en estas circunstancias, la ley N° 2899 prevé beneficios impositivos para las propiedades que la iglesia salteña posee actualmente o poseerá en el futuro. Esto sin perjuicio de la naturaleza de las actividades que allí se desarrollasen. El texto de la norme refleja: «Exceptuase al Arzobispado de Salta, el Monasterio San Bernardo y a las parroquias del culto católico, con relación a todos sus actos y bienes de toda carga o gravamen en el orden provincial o municipal, creado o a crearse, sea por impuesto, tasa o contribución de mejoras, inclusive del Impuesto de Sellos en cuestiones administrativas o judiciales quedando entendido que estos beneficios alcanzan a todos los inmuebles que tengan o adquieran en el futuro, aun cuando de éstos se obtengan rentas».
Buena parte de los casos analizados corresponden a edificios cuyas actividades informadas al estado están vinculadas a templos, aunque en realidad están ocupadas por familias particulares. La totalidad de los inmuebles están ubicados en la capital salteña, pero hay otros tantos en el interior. Un informe realizado por el bloque legislativo del Partido Obrero en 2018, reveló que la Iglesia Católica cuenta con un total de 212 propiedades: 15 son rurales, por un total de 387 hectáreas y 197 son urbanas por un total de 800 mil metros cuadrados. Las propiedades son en su enorme mayoría donadas por el Estado, destacándose, por ejemplo, el Potrero de Linares, de 130 hectáreas en La Silleta, en donde se tercerizó y privatizó la atención de las personas que sufren adicciones.
Hacia el interior de la provincia también existen innumerables hectáreas que, por decisión estatal, pertenecen ahora a la Iglesia Católica de Salta. Entre los departamentos más beneficiados se puede nombrar a: Cachi, Joaquín V. González, San Antonio de los Cobres, General Güemes, Campo Santo, Cerrillos, Metán, Orán y Cafayate. En todos los casos, los terrenos están valuados en cifras considerablemente inferiores a las que maneja el mercado inmobiliario.
Entre las más recientes cesiones de tierras estatales a la iglesia se encuentra la otorgada por la Cámara de Diputados al arzobispado de un inmueble del departamento La Candelaria, donde funcionaba una escuela. Otras se dieron en: Barrio Castañares para la construcción de un salón, tres hectáreas de Parque la Vega para un colegio de la orden de San Agustín, un terreno de Barrio San Francisco en Cafayate y un inmueble de 695 metros cuadrados para una casa de retiro, entre otras.
En diálogo con Cuarto Poder, el director del ENRESP Carlos Morello especificó que «se les bonificaba el agua. Nos llamaba la atención porque si pagaban la luz. El estado provincial le estaba pagando el agua a estos inmuebles. Económicamente va a haber que redireccionar los recursos que hay para subsidios a la gente que realmente necesita». Vale aclarar que, a pesar de la resolución, los inmuebles relevados continúan exentos del pago de otros impuestos municipales y provinciales; como así también que, aquellos inmuebles que acreditaron efectivamente dedicarse a actividades espirituales o sociales, seguirán contando con el beneficio. «El otro día renovamos los subsidios a La Casita de Belén porque tiene un fin social. Pertenece al arzobispado, pero es otra la situación», resumió Morello.
Además de exenciones impositivas, la institución divina goza de una innumerable cantidad de beneficios adicionales. La ley 21.950 establece que el Estado debe hacerse cargo del salario de arzobispos y obispos, que corresponde al 80% del salario de un juez nacional de primera instancia. Además, la ley 22.162, dispone la obligación de subsidiar a sacerdotes que se encuentren en zonas de frontera o muy desfavorecidas y la ley 22.950 a los seminaristas.
Por último, vale mencionar también la cantidad de actividades lucrativas en las que incurre la Iglesia, vinculadas mayoritariamente a la educación. Carreras exclusivas de la UCASAL como: Psicología, Veterinaria o Abogacía tienen cuotas por encima de los $10 mil mensuales y cuentan con subsidios para el salario docente.
