Las manifestaciones ciudadanas se van multiplicando con cualquier excusa siempre válida. Predomina la espontaneidad en las protestas, al margen de que algún político siempre sazone las quejas y aproveche para llevar agua hacia su molino en algunas localidades. (Leo Paredes)

La capacidad del gobierno provincial para atender urgencias domésticas que se han multiplicado en todo el territorio provincial es lo que está en duda. Nadie discute el dinamismo que le pone a su tarea el Gobernador y el producido de su gestión, pero es una verdad que su gabinete no lo acompaña como debiera, ni los funcionarios de entes autárquicos y sociedades del Estado.

La acción social no existe o no es informada en términos claros. Verónica Figueroa debiera estar en la vidriera del gobierno atendiendo al 12% de indigentes, al igual que sus secretarios. Cuentan algunas voces que el encargado de repartir los bolsones alimentarios llega a trabajar cerca del mediodía y que exige recaudos insólitos para habilitar la entrega de una asistencia. La burocracia ha comenzado a ganar la batalla contra el hambre.

Tampoco se ha visto el fruto de la gestión del Ministro de la Producción Martín de los Ríos. Los sectores agropecuarios e industriales y los comercios no encontraron amparo con políticas efectivas y tampoco ha aparecido el ingenio para afrontar la crisis. Se dice que está peleado con la mayoría de sus cinco secretarios.

La desidia predomina y naufragan las buenas intenciones en esta cartera ministerial. En Octubre pasado Sáenz anuncio con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, una línea de financiamiento conjunta para PyMEs por un monto de 200 millones de pesos, con una tasa subsidiada del 9,9%. Además, presentaron un Fondo de Afectación Específico con respaldo conjunto del FOGAR y de la provincia por $25 millones (cada parte aportaría el 50%) para ampliar el acceso al financiamiento de las PyMEs salteñas.

Según se ha relevado, por la mínima exigencia impuesta para acceder a los créditos, se presentaron más de 4.500 postulantes para créditos de hasta 100.000 pesos. Sobre la marcha, ahora pretenden cambiar los requisitos y eso también demora la cobertura. Los créditos de 500.000 quedaron reservados para los amigos.

Aguas del Norte genera a diario heridas profundas para la gestión de Sáenz. A la escasez de agua por sequía de la estación, ahora se suman quejas colectivas en numerosas localidades. El servicio de energía eléctrica a cargo de Edesa S.A. también hizo crisis en el norte y existe la sensación de que los ciudadanos están agobiados y violentados porque pagan un servicio que no tiene calidad y que ni siquiera es continuo.

Esto explica que la imagen de Gustavo Sáenz se haya mantenido en niveles de aprobación aceptables –salvo julio/agosto en que la crisis sanitaria hizo pico con resultados mortales- y que su equipo de gobierno haya decaído en el concepto de los salteños.

El germen de las marchas

La marcha desde el norte de los wichis constituyó un precedente que otros buscan replicar. Es por eso que un grupo de desocupados marcha ahora desde la ciudad de Metán y quieren acaparar la atención de un gobernador siempre predispuesto. Ya habían sido atendidos hace meses por el Ministro de Infraestructura Sergio Camacho, pero no quedaron satisfechos.

Los problemas con los servicios públicos también generaron marchas en distintos lugares como Salvador Mazza, General Güemes, Morillo y Embarcación. En la primera de estas ciudades hubo represión policial y los ánimos comenzaron a tensarse.

En Orán ATE desarrolla una huelga en búsqueda de un incremento salarial en el ámbito municipal y anticipó que en la semana entrante intensificará las medidas en General Güemes en donde hasta ahora se limitaron a paro con brazos caídos.

Este sindicato (ATE) también ha agudizado el conflicto en la Municipalidad de Aguaray, donde su Secretario General Fermín Hoyos mantiene una disputa aparte con el Interventor Adrián Zigarán. En lo que ha constituido una escena inapropiada y violenta, el funcionario provincial parece perder la partida por propio desatino, más que por defectos de una gestión recién inaugurada. A un mes de haber asumido en esta zona caliente, el alto nivel de conflictividad parece condenarlo al exilio luego de una marcha de vecinos.

Las comunas con incendios

Los municipios también exhiben problemas institucionales graves. En Joaquín V. González se abrió un juicio político contra el intendente Juan Domingo Aguirre con fuerte tufillo político. Una alianza entre la diputada Betina Navarro y los radicales conformó una comisión investigadora con criterios rigurosos que quiere complicar a un intendente porque no contesta informes según sus caprichos. Aguirre interpuso denuncia penal contra los concejales, pero también agregó como instigador al siempre polémico Héctor Chibán, diputado por la UCR que gusta de visitar algunas localidades para expandir sus cuestionamientos. En el medio, los vecinos de esa ciudad esperan que los funcionarios dediquen su tiempo a trabajar.

También hay conflictos con juicio político en marcha en Rosario de la Frontera, luego de que la Auditoría General de la Provincia pusiera en aprietos al intendente Gustavo Solís y en relación a su gestión anterior. En San Carlos también abrieron un juicio político que quedó en aguas de borraja.

Un intento de discusión salarial

En el ámbito policial también ha despertado el cuestionamiento que ya se insinuaba con el personal retirado hace cuatro meses y en medio de la emergencia sanitaria. Uno de los sectores más exigidos en sus labores, además del de salud, ha sido el de la fuerza de seguridad. Las violaciones sistemáticas al aislamiento y el distanciamiento obligatorios ha generado la necesidad de que se apelara a la fuerza pública. Ello al margen de la actividad normal que desarrollan. Sin embargo, existe la sensación de que no son reconocidos y esta semana una carta abierta lo ha expuesto crudamente.

Si bien el gremialismo está prohibido en la policía, y la última protesta de 2009 fue sofocada cruelmente con cesantías en 2009, algunos activistas parecen que han perdido temor y buscan visibilidad para la reclamación.

De ver que son los policías y los asalariados municipales quienes quieren detonar la negociación salarial antes de fin de año, nadie quiere imaginar lo que puede ser la disconformidad del sector que no tiene ingresos fijos y que se ha visto castigado con más severidad durante la pandemia.

El Ministerio de Economía no quiere discutir aumentos salariales hasta febrero. Los empleados públicos provinciales están buscando la excusa para imponer siquiera un pago extraordinario con el que puedan afrontar las fiestas de fin de año.

Tras la evidencia de que para superar la barrera de pobreza un empleado debe cobrar más de $50.000, ha quedado al desnudo una estructura gubernamental en la que más de la mitad de sus 75.000 dependientes percibe menos de esa cifra. Esos son los privilegiados…

A pesar de la buena relación de los gremios estatales con la actual gestión, se espera que los conflictos por suba de sueldos detonen antes de tiempo. Las restricciones que sofocaron de antemano las manifestaciones populares han comenzado a levantarse, y la capital salteña será el corazón de la polémica pues aquí conviven los quejos que toman masivamente tierras en Parque La Vega, o marchan por el agua desde Villa Floresta, o reclaman en la Avenida Paraguay a la siempre indiferente Bettina Romero.

La misma crisis

El terreno político se ha vuelto árido para todos los ortodoxos que concentran sus ingresos del presupuesto estatal. Aunque siempre es más fácil transitarlo para el rebelde y el opositor que mimetiza su discurso con la queja de los realmente damnificados. Sin embargo, los legisladores críticos no tendrán escenario real para mostrarse hasta el 1° de Abril del año que viene y eso otorga ventajas enormes a un oficialismo que tiene que comenzar a mostrar más diligencia y sensibilidad.

A tenor de los informes palaciegos, que dicen ser reservados, algunos ministros podrían dejar el cargo para mostrar una oxigenación que ahora se advierte como necesaria. Las distracciones de fin de año habrían decidido al Gobernador a marginar algunos nombres desgastados y todavía no aparecen las identidades de quienes podrían suplirlos.

El anticipo de la elección provincial para mayo o junio de 2021 exige que las malas noticias y las crisis se resuelvan hasta febrero. El descongelamiento de tarifas, eventuales cambios de gabinete y los retaceos presupuestarios caracterizarán el verano para iniciar una etapa más pródiga del presupuesto provincial.

Mientras tanto, los mismos socios del gobierno provincial ahora esconden la figura y buscan despegarse. El romerismo es una de las facciones que no quiere contagiarse de la crisis pero la capital es parte de ella. Bettina Romero no ha logrado convencer al vecino salteño de las bondades de una modernidad que exige inversiones de dinero que no tiene y que no compatibiliza con una pobreza extendida. Gobernar para un sector pudiente no le ha generado crecimiento alguno, sino todo lo contrario.

Todos estos episodios y protagonistas no son más que puntas de un mismo iceberg. La fatiga ciudadana ha comenzado a expresarse en términos contundentes, casi lindantes con la violencia. No hay más respeto por los funcionarios, siquiera por el Gobernador, y tampoco tiene fe de que le solucionen los problemas. La crisis de la pandemia ahora es la crisis de todos.