El último informe anual del Defensor del Pueblo advierte que “existe el riesgo de que la minería del litio genere un faltante de agua” y revela la falta de información válida para evaluar los proyectos mineros de Salta, Jujuy y Catamarca. (Gonzalo Teruel).
“Existe el riesgo de que la minería del litio genere un faltante de agua para otras actividades distintas de la minería e impacte negativamente en el ecosistema de los salares y los medios de vida de los habitantes locales” advierte, sin eufemismo alguno, el último informe anual de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
En el apartado dedicado a la “Minería de Litio” el texto del principalísimo organismo de defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados por las leyes y la Constitución, recuerda que desde el año 2011 se investigan los impactos de la extracción de litio en el noroeste del país (particularmente en las cuencas Olaroz – Cauchari y Salinas Grandes – Guayatayoc en Salta y Jujuy) para identificar las posibles consecuencias sobre el ambiente tanto de los proyectos en curso como de los previstos a futuro y las acciones destinadas a mitigar los efectos negativos.
Además, revela “dificultades para acceder a la información disponible sobre estas cuestiones” y advierte que el faltante de agua afecta (puede afectar) a las comunidades kolla que habitan la zona desde tiempos ancestrales y que reclaman por el derecho a ser consultados y participar de las decisiones que involucren sus territorios y afecten sus modos de vida.
El documento de la Defensoría del Pueblo insiste en que pese a la realización de un estudio oficial, en 2012, para contribuir al análisis de los impactos de la minería del litio en la cantidad y calidad de agua disponible para los ecosistemas y para las distintas actividades humanas, las autoridades nacionales y provinciales manifiestan “no contar con información de base esencial, en la escala adecuada, para el análisis de los riesgos sobre el ambiente y otras actividades productivas, y para la toma de decisiones en este sentido”. Y, más aún, confirma que “tampoco pudo identificarse la existencia de una línea de base ambiental (ecológica, económica y social) que pueda ser utilizada como referencia para evaluar las modificaciones en el ambiente”.
“Durante 2016, el grado de conflictividad se incrementó cuando se dio a conocer que se había iniciado un agresivo programa de exploración de litio en Tres Quebradas (Catamarca) dentro del ‘Sitio Ramsar Lagunas Altoandinas y Puneñas’, un humedal de importancia internacional de alta fragilidad que protege grandes concentraciones de flamencos y numerosas especies endémicas y amenazadas” ejemplifica e informa que para impulsar la producción de la información faltante se realizaron reuniones en el Ministerio de Ciencia y Técnica y con los responsables del área de medio ambiente de Y-TEC (la empresa de tecnología de YPF y del CONICET que se propone identificar necesidades del sector energético y realizar investigación, desarrollo e innovación). Sin embargo, siempre de acuerdo al documento de la Defensoría del Pueblo, esas reuniones e investigaciones mostraron “deficiencias en los mecanismos de participación ciudadana previo a la aprobación de los emprendimientos (mineros) y el no cumplimiento del Convenio 169 de la OIT para alcanzar el consentimiento libre e informado de las comunidades indígenas de la zona, tanto en Salta como en Jujuy”.
El informe concluye que “la minería del litio es una actividad nueva para nuestro país, aún incipiente y de gran importancia estratégica” pero advierte que “la escasez de información ambiental esencial, las pobres medidas de control y la alta conflictividad social que trae aparejada son cuestiones que deben ser atendidas y requieren un seguimiento sostenido, por lo que la investigación sigue activa”.
Juan José Böckel, a cargo de la Defensoría del Pueblo desde diciembre de 2015, remitió ya su último informe anual al Congreso de la Nación y a los responsables de las delegaciones del organismo en el interior del país, en el caso de Salta encabezada por el frustrado candidato a diputado provincial Félix González Bonorino. En la provincia y en lacerante ausencia de instituciones análogas, el expediente no llegó tampoco a otros funcionarios encarados de la defensa de los derechos y garantías ciudadanas como el Defensor del Pueblo de la Ciudad de Salta, Nicolás Zenteno, o el procurador Pablo López Viñals, responsable de la defensa jurídica de los salteños en temas ambientales.
