El Hospital San Bernardo cobra recargos a los pacientes de países limítrofes y tiene deficiencias edilicias pese a que desde fines de 2014 deberían haberse terminado las remodelaciones que inició la Secretaría de Obras Públicas de la Provincia. (Franco Hessling)
En el último informe anual de la Defensoría del Pueblo de la Nación hay un apartado exclusivo para el Hospital San Bernardo, sobre el que se enumeran una serie de deficiencias en la atención al público y en el manejo de la institución autogestionada. Tratándose del nosocomio con mayor influencia en la provincia, las advertencias de la defensoría deben ser repasadas con atención. No es que los responsables a cargo vayan a enterarse de las observaciones por esta nota, el propio informe asegura que el asunto fue remitido al Ministerio de Salud Pública de Salta.
Rosario Roque Mascarello y su equipo de colaboradores, y por extensión se deduce que también las autoridades del San Bernardo, están al corriente de que las “situaciones anómalas” que distingue el informe son el “cobro por los servicios prestados a pacientes con obra social y por la afluencia de pacientes extranjeros procedentes de Bolivia y otros países limítrofes, los quirófanos y cocinas en refacción, las demoras para los pacientes con turnos para consultorios externos, los conflictos con el gremio de anestesiólogos, y el aumento de la demanda de estudios por las derivaciones”.
El primer punto obedece a una decisión arbitraria amparada por la xenófoba idea que propugnaron en los últimos tiempos dirigentes macristas (desde ministros hasta funcionarios se menor orden) y peronistas-kirchneristas (Miguel Ángel Pichetto entre los más resonantes). En ese sentido, se impuso la idea que la falta de inversión, la desidia en la contratación de profesionales y abastecimiento de insumos son menos relevantes que el puñado de extranjeros que vienen al país a usar sus prestaciones. Mascarello ya adoptó posiciones públicas sobre este tema, aseguró que no hay inconvenientes en que foráneos vengan a la provincia a usar su servicio de salud, pero que deben abonarlo. Evidentemente, la línea ministerial cala hondo en el gerente del hospital autogestionado, Ramón Albeza, según lo que denuncia el citado informe.
Para demostrar la insolvencia de esa pretendida equidad, recuperemos un hecho sanitario acaecido hace no mucho tiempo, en 2015, en la ciudad de Orán. En agosto de aquel año, en la tierra salteña que en los últimos años se erigió como la capital provincial de las epidemias, se dio un brote de leishmaniasis que desbordó a la provisiones que había en el San Vicente de Paul, único centro asistencial de la provincia que se abastecía para combatir casos de esta infección. Se transmite mediante la picadura de un mosquito (flebótomos) y acarrea consecuencias dermatológicas, que si no son abordadas a tiempo se trasladan a órganos interiores causando resultados fatales.
En aquel entonces el problema fue que los profesionales salteños habían hecho un pedido a las autoridades ministeriales para dotarse con una reserva de la droga para atacar la leishmaniasis, pero la Provincia optó por mantener el pedido de siempre, en el que se contemplaba un tope de unos cincuenta casos al año. El brote de 2015 sobrepasó las reservas del nosocomio, que por varios días no tuvo cómo abordar el problema. Había una coyuntura que explicaba esto: el medicamento sólo se producía en Brasil y por pedido de países, entonces debía ser el Ministerio de Salud de la Nación el que solicitará las dotaciones, claro, por requerimiento de su homólogo provincial, por entonces manejado por Oscar Villa Nougués. Como el laboratorio brasilero producía a pedido, era imposible que elaborara una nueva dotación que salvase la urgencia.
¿Cómo se contuvo la epidemia para que no terminase en una catástrofe que arrasara vidas? El Gobierno de Tarija, Bolivia, cedió las dotaciones que tenía para tratar la enfermedad infecciosa, propia de zonas con clima subtropical, como el norte de Salta y el sur oriental del país que reconoce constitucionalmente su pluri-nacionalismo. Tras el viaje de una comitiva local hacia la ciudad boliviana, el 28 de agosto se recibieron setecientas dosis de Glucantime, suficientes para tratar muchos más casos que los cincuenta que la salud provincial tenía promediados para aquel año.
Este reciente hecho no se presenta como un pan-bolivianismo, más bien pretende demostrar primero que la xenofobia es mala consejera cuando se trata de políticas públicas de integración regional, al tiempo que desalienta la pretensión de los argentinos europeizados por sentirse más autosuficientes que sus compañeros andinos. El argentino promedio que porta esa mirada, considera que los bolivianos vienen al país porque acá las cosas son gratis y mejores, y que nunca los argentinos son los que se aprovechan de las virtudes de tales o cuales cosas de sus vecinos. Son los mismos que se piensan superiores o con mejores rasgos de civilidad.
Por insólito que parezca, en la salud pública salteña de nuestros días, impera esa visión, evidenciada en este caso por el informe anual 2016 de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
Sobre el segundo aspecto remarcado como anómalo, que referencia las obras en el lugar, las cuales impiden el funcionamiento normal de los quirófanos y la cocina, hay que remontarse a los orígenes legales de esas tareas. Por estos días se vienen llevando a cabo obras de remodelación que se iniciaron en 2014 y que tenían un plazo de ejecución de diez meses.
Las licitaciones para el “Plan Integral de Ampliación y Refacción del Hospital San Bernardo – Salta Capital”, se iniciaron en 2013, dando curso al comienzo de los trabajos en 2014, por un valor de 11 millones de pesos. La obra que fuera concedida a Ken SRL y Arroyo Mannori Construcciones SRL, no se finalizó en el plazo original de 300 días y experimentó diversas re-determinaciones de precios que la llevaron a un valor actual de más de 19 millones de pesos. Por esa razón, hay quirófanos que no se usan como tales, ya que hacen las veces de depósitos por la falta de espacio que se experimenta en la aún no remodelada estructura edilicia del San Bernardo.
El resto de observaciones (demoras en los turnos, conflictos gremiales con los anestesistas y exceso de demanda para estudios por derivaciones), bien pueden ceñirse más a cuestiones operativas o de coyuntura. La xenofobia y la falta de conclusión de obras, en cambio, ocurren por decisiones ideológicas y tejemanejes gubernamentales.
