Después del caso del ya conocido intendente prostibulario, el procurador de la provincia participó de una reunión entre funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación y autoridades de la Embajada Sueca. El encuentro tuvo como finalidad ver las posibilidades de aplicar en Salta, la legislación sueca, donde se criminaliza al cliente.
Trascendió que el Procurador de la Provincia, Pablo López Viñals, participó de una reunión entre funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación y autoridades de la Embajada Sueca, encuentro que se realizó en Buenos Aires y que habría tenido como objeto analizar la posibilidad de aplicar el ejemplo sueco en nuestro país. En representación del Gobierno nacional estuvo presente la secretaria de Cooperación con los Poderes Judiciales del Ministerio de Seguridad de la Nación, Cristina Caamaño, quien hace unos días visitó esta ciudad para participar de las Jornadas Internacionales de Violencia de Género, organizadas por el Ministerio Público de Salta.
Según datos sobre el país nórdico, en Suecia la Ley que Prohíbe la compra de servicios sexuales comenzó a regir en 1999. La normativa penaliza al cliente, pero no a la persona que se prostituye. Esta medida ha logrado grandes avances en la lucha contra el tráfico sexual. Según informa el diario El País, la prostitución callejera prácticamente ha desaparecido. Entre 1999 y 2010 fueron arrestadas casi 4000 personas por intentar pagar por sexo. Estas personas no van a prisión, sino que tienen que pagar una multa que ronda los 300 euros.
Según el Banco de Buenas Prácticas para la prevención de la violencia de género, en 1999, se calculaba que unos 125.000 hombres suecos compraban alrededor de 2.500 mujeres prostituidas, una o más veces al año. De todas estas mujeres, aproximadamente 650 ejercían la prostitución en la calle. Desde 1999 hasta ahora, el número de personas que ejercen la prostitución en la calle ha disminuido entre un 30 y un 50 por ciento, mientras que el reclutamiento de nuevas mujeres, prácticamente, se ha detenido. Se estima que desde que la ley entró en vigor el número de mujeres prostituidas ha disminuido casi a la mitad.
