La oposición contabilizó un presupuesto de más de 6000 millones de pesos para implementar la reforma judicial dictaminada la semana pasada, más de tres veces que el informado por la ministra de Justicia Marcela Losardo.

El proyecto se se debate este jueves en el Senado y se prevé sea aprobado con la mayoría oficialista y tendrá un tiempo de tratamiento en Diputados, donde todavía no están los votos, para su sanción.

Según un desglose difundido por la senadora del PRO Laura Rodríguez Machado, sólo para poner en funcionamiento la reforma tal como quedó redactada se requiere de una inversión de $ 6,052,991,594. A eso le agregan costos por aumentos salariales futuros (40% promedio) y otros de mobiliario y logística que no pueden cuantificarse, pero sumarán varios miles más.

De esta manera, con los retoques realizados el jueves, cuando el dictamen recién apareció por la noche, la justicia federal con asiento en las provincias sumará 233 nuevos cargos de magistrados, 554 funcionarios y empleados.

Serán 184 nuevos cargos de magistrados de instancia: 63 jueces (58 penales, 5 no penales), 78 fiscales (69 penales, 9 no penales) y 43 defensores. Y 9 salas nuevas con «estructura y reflejo» en el Ministerio Público Fiscal y en el de la Defensa.

«Esto implica la creación de 41 nuevos cargos de magistrados de cámara, 202 nuevos cargos de funcionarios y empleados, 27 jueces de cámara,  90 funcionarios y empleados; 8 fiscales de cámara,  56 funcionarios y empleados; 8 defensores de cámara,  56 funcionarios y empleados», señala el informe.

Además se crearon 2 Tribunales Orales Federales para los ministerios públicos, con 8 nuevos cargos de magistrados de Cámara y 36 de funcionarios y empleados. Para Comodoro Py habría que sumar 77 nuevos cargos de magistrados, con 44 funcionarios, por lo que la ley acumula 908 y 598 respectivamente. El costo en sueldos anual es de $ 2,441,505,403.

Mientras que en infraestructura lo estimaron en $ 2,462,965,500 «conforme los metros y exigencias de espacio requeridas en el Manual de Estándares de Espacios de Trabajo del Estado Nacional», según el macro administrativa.

Y hay que sumarle el gasto en tecnologías de Información y Comunicación (TICs). «Solo para Salta y Jujuy se invirtió $ 122.261.880, para 33 magistrados con sus equipos de trabajo, es decir que cada magistrado y su plantel insumió unos $ 3,704,905».

«Acá se están designando 310 magistrados y en la gran mayoría con equipos de trabajo. Si se hace una proyección da un total de $1,148,520,691», destaca el trabajo.