Se trata en Senadores el proyecto de Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal, mal (o bien) llamado “Reforma Judicial”. Y la grieta se nota más que nunca. Están quienes no van a dar quorum, quienes van a dar un NO rotundo y quienes la defendarán a muerte. Todo puede pasar…
En la historia argentina del último siglo se llevaron a cabo dos reformas en el Poder Judicial. En el 2013, durante la gestión de Cristina, que quedó sin efecto porque el propio Poder Judicial vio afectados sus privilegios y la otra, aplicada por Cambiemos a partir de 2015, aplicada de forma arbitraria por el Poder Ejecutivo, sin ley que la legitime.
«Sinceramente creo que el país todavía se debe una verdadera reforma judicial que no es la que vamos a debatir este jueves», dijo la Presidenta del Senado, marcando claramente una posición frente al tema.
Al respecto Cristina opina de la reforma macrista. “Fue una reforma de facto operativizada únicamente sobre la justicia Federal Penal de la Capital Federal, más concretamente sobre los tribunales de Comodoro Py, con el oscuro objetivo de perseguir y encarcelar a opositores políticos y empresarios, para despojarlos de sus empresas y a otros para saldar cuestiones comerciales o hasta personales».
Esa reforma se sostuvo en cuatro ejes. Primero, la mesa judicial, integrada por funcionarios y abogados del Poder Ejecutivo. Esa estructura fue naturalizada en los medios de comunicación hegemónicos como si fuera un órgano extrapolado de la Constitución Nacional. En segundo lugar, la Doctrina Irurzun, por la cual se utilizaba el instituto de la prisión preventiva. El tercer punto fue el traslado de jueces a juzgados y tribunales, para los cuales no habían sido designados, incumpliendo los requisitos que fija la Constitución para la designación. El cuarto punto refiere a los servicios de inteligencia. La AFI es el órgano directriz de la cuestión judicial a través del manejo de los agentes orgánicos e inorgánicos en la creación de causas, espionaje y seguimiento de opositores.
No obstante, puntualizó que el Congreso de la Nación es el «lugar de discusión y resolución» de los debates y que esto debe ser aceptado por «la totalidad del sistema político argentino, cualquiera sea su postura ideológica y partidaria».
En tal sentido, recordó que dos veces llegó a la presidencia por el voto popular y que «todas y cada una de las políticas sostenidas durante nuestros gobiernos fueron enviadas y resueltas por el Congreso, inclusive aquellas que no requerían de su intervención de acuerdo a la Constitución y a la normativa legal vigente».
Expresó que actuó de ese modo «con la convicción que el único lugar donde se saldan las contradicciones y los desacuerdos de los argentinos y las argentinas es el Parlamento Nacional, por eso que llaman Democracia y Constitución Nacional».
Este jueves en el Senado se dará tratamiento a la “Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal”, enviada por el Poder Ejecutivo para la creación de nuevos juzgados penales en la Ciudad de Buenos Aires y en el resto del país. Además, se comienza a implementar el mandato de la reforma constitucional de 1994, que ordenaba la transferencia de la justicia ordinaria a la esfera de la Ciudad de Buenos Aires.
La totalidad del sistema político argentino, cualquiera sea su postura ideológica y partidaria, es aceptar que cualquier diferencia, no sólo respecto de la organización del Poder Judicial o de la necesidad de su reforma, tiene como único lugar de discusión y resolución al Congreso de la Nación.
