El Polo Obrero exigió este martes medidas específicas para los actores de la economía informal y demás franjas sociales con mayores necesidades a cubrir, que suman 3 millones de personas desocupadas y 16 millones de pobres. En el contexto de la emergencia por el COVID-19, junto a las demás organizaciones sociales exhortaron al Gobierno nacional y su par salteño por la adopción de disposiciones con las que asistir a este segmento social.
Entre ellas, provisión de alimentos y productos de higiene para los obreros del sector no formalizado y desocupados, quienes son los más afectados por la restricción de actividades resueltas a raíz del coronavirus. Jorgelina Franco y Luz Sarmiento, dirigentas del Polo Obrero, plantearon esta situación específica entre empleadas domésticas, vendedores ambulantes, cartoneros, y trabajadoras de comedores y merenderos.
En un documento dado a difusión este martes, desde el Polo Obrero recordaron que “el Gobierno NO ha tomado ninguna medida hasta la fecha con un sector muy vulnerable y sin los elementos y recursos de otros sectores, que URGE atender”. Particularmente, en las comunidades aborígenes salteñas, las que atraviesan una situación cuya gravedad es mayor, pues carecen no sólo de alimentos, sino también de agua para consumo y ni qué hablar para el aseo.
Primero lo primero
En particular, Franco y Sarmiento llamaron la atención por los cargos que el Ejecutivo provincial aún debe cubrir en el sector de enfermería y atención primaria de la salud en el norte provincial.
En líneas generales, el Polo Obrero exigió provisión de agua potable en todos los barrios de la Provincia, como también de elementos para higiene, alcohol en gel, lavandina y desinfectante en comedores populares, merenderos y centros de salud. En paralelo, aumento de partidas presupuestarias hacia estos núcleos para la asistencia alimentaria a sectores de menores ingresos, ante la previsible caída en la actividad económica.
En esta misma dirección, extensión de la tarjeta AlimentAR a cada desocupado con hijos de hasta 18 años de edad, como también a jubilados y pensionados que perciben ingresos inferiores a la canasta básica, y prohibición de despidos y suspensiones. A los fines de coordinación, este sector barrial propuso la conformación de comisiones de vecinos y trabajadores para el monitoreo y el control de elementos de higiene y alimentación.
