Entre los pendientes que dejó el fallecido Jorge Brito quedó la batalla judicial contra el arrepentido Alejandro Vandenbroele, pero sobre todo contra los funcionarios de Cambiemos que guionaron la declaración del arrepentido. 

A lo largo del caso Ciccone hubo numerosos indicios de que Brito participó parcial o totalmente en el rescate de la imprenta, a través de financiamiento o en la propiedad de las acciones. O en las dos cosas.

La Justicia dijo que no constituyó delito y fue absuelto en junio de este año.

Aunque en su declaración como arrepentido, Vandenbroele dijo que quien pagaba era Brito, que era socio de Boudou. Brito lo denunció por falso testimonio, pero eso fue un tiro por elevación, ya que su objetivo era Patricia Bullrich.

Ciccone era la única imprenta de América Latina que imprimía billetes y realizaba otros delicados trabajos de seguridad como títulos universitarios o billetes de lotería. Cuando entró en crisis y el juez le adjudicó la quiebra a Boldt, administradora de los casinos de Mar del Plata y Tigre.

Para evitar esa incompatibilidad se levantó la quiebra y el rescate estuvo a cargo de una empresa llamada The Old Fund, cuya cabeza era el abogado mendocino Alejandro Vandenbroele. La Justicia dijo que el letrado era testaferro del entonces ministro de Economía, Amado Boudou, aunque quedó probado que no se conocían, tal como Boudou dijo desde un principio.

La justicia argumentó que fue testaferro a través del amigo de Boudou, José María Núñez Carmona, aunque nunca hubo una evidencia de posesión de las acciones. La investigación demostró que el dinero que puso The Old Fund para rescatar Ciccone provino del Banco Macro o del fallecido empresario Raúl Moneta.

Los jueces que condenaron a Boudou sostuvieron que él se quedó con el 70 por ciento de la imprenta y luego se la “vendió” a Moneta. No está claro si Moneta y Brito eran socios, ambos están muertos ahora.

Lo cierto es que los nuevos gerentes de Ciccone provinieron del Macro, Máximo Lanusse y Francisco Sguera. Con esa evidencia, el juez Ariel Lijo procesó a Brito como partícipe necesario en negociaciones incompatibles con la función pública, pero la Cámara revocó ese procesamiento y finalmente fue absuelto en junio pasado, por considerar que no había delito en su vínculo con el rescate de la imprenta.

La declaración de Vandenbroele como arrepentido, tuvo mucho peso, dijo que trabajaba para Brito, que era socio de Boudou.

Más tarde se supo que, Vandenbroele recibió dos millones pesos en 2017 para administrar un hotel boutique en Mendoza, la posada La Masía, Ese dinero salió del Programa de Protección de Testigos que administraba el Ministerio de Justicia.

La declaración de Vandenbroele terminó en otra causa judicial, por falso testimonio, que iba derecho a quedar en la nada porque la instruía el juez Claudio Bonadío. Pero Bonadío murió y el expediente pasó a Marcelo Martínez de Giori y Brito tomó la decisión de aportar a la acusación contra Vandenbroele. Dicen las malas lenguas que estaba obsesionado en lograr una condena, en primera instancia, del arrepentido.

Aunque si el banquero consideraba que la declaración fue guionada por funcionarios de Cambiemos, lo que se comprobó con la declaración Leonardo Fariña, otro arrepentido, la mira estaba puesta en Patricia Bullrich, quien habría instrumentado el pago e intervenido en la declaración de Vanderbroele. Además, incurrió en varias contradicciones, primero dijo que no le pagaron a Vandenbroele y luego reconoció el pago.

El arrepentimiento de los dos arrepentidos se está debatiendo en la Sala I de la Cámara de Casación, que emitirá fallo en pocos días.

La cuestión está en manos de la jueza Ana María Figueroa y sus pares Daniel Petrone y Diego Barroetaveña.

El debate gira en torno a si se puede aplicar la ley del arrepentido porque fue votada por el macrismo, para casos de corrupción, en octubre de 2016 y los hechos del expediente cuadernos son anteriores a esa fecha, de manera que los camaristas podrían considerar que es ilegal la aplicación retroactiva. Por otro lado, la ley del arrepentido establece que las declaraciones “deben registrarse a través de cualquier medio técnico idóneo”, lo que implica grabación de audio o video, cosa que no existe en ningún caso. Las malas lenguas dicen respecto a esto que las situaciones fueron extorsivas o de negociación espúrea y por eso no se dejó ningún rastro ni grabación. Toca decidir si estas declaraciones son válidas o no.

El caso Brito/Vandenbroele vuelve a poner sobre el tapete esas declaraciones de los arrepentidos. Seguramente la familia del banquero fallecido trágicamente seguirá la batalla en Comodoro Py, aunque esa no es cancha neutral para este partido.

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