Dieciséis personas sobrevivían entre velas, hacinamiento y precariedad en pleno centro de Salta hasta que un incendio expuso una realidad que la política conoce desde hace décadas. Mientras el Estado sigue ausente pese a la enorme presión impositiva, otra vez son los vecinos quienes deben responder con donaciones y solidaridad.
Lucas Sorrentino
Hay algo obsceno en leer una nota sobre familias que viven alumbrándose con velas y cocinando a leña en pleno centro de Salta mientras el país discute influencers libertarios, peleas de Twitter y encuestas electorales. Dieciséis personas hacinadas. Tres chicos sin ropa ni calzado. Una vela como única fuente de luz en una vivienda del año 2026. Y después el incendio. La tragedia. Las pérdidas. El humo. La desesperación. Lo peor no es siquiera el incendio: lo peor es que ya casi nadie se sorprende. La pobreza en Argentina dejó de ser una emergencia para convertirse en decoración permanente del paisaje.
La nota fue publicada por El Tribuno, un medio históricamente ligado a Juan Carlos Romero. Y ahí aparece una de esas ironías argentinas imposibles de ignorar: el mismo poder político y económico que gobernó durante décadas mientras crecían barrios enteros sin servicios básicos hoy narra las consecuencias de esa decadencia como si fuera un fenómeno climático inevitable. Como si la pobreza hubiera caído del cielo una madrugada cualquiera y no fuera el resultado directo de años de clientelismo, abandono, maquillaje estadístico y administraciones que aprendieron a convivir perfectamente con la miseria.
Porque los pobres no aparecieron ayer. Las casas precarias no aparecieron ayer. Las conexiones clandestinas no aparecieron ayer. Las familias hacinadas no aparecieron ayer. Hace décadas que están ahí. Y hace décadas que todos los gobiernos —municipales, provinciales y nacionales— miran para otro lado mientras hablan de desarrollo, crecimiento, inclusión o libertad según la moda ideológica del momento. Cambian los discursos, cambian los partidos, cambian los slogans de campaña, pero el resultado final sigue siendo el mismo: argentinos viviendo sin condiciones mínimas de dignidad mientras el Estado bate récords de recaudación.
Y acá aparece otra escena típica del folclore político argentino: los punteros y dirigentes barriales recorriendo casa por casa en campaña electoral. Caminan los pasillos. Golpean puertas. Se sacan selfies. Prometen soluciones. Conocen cada rincón del barrio cuando necesitan votos. Entonces surge una pregunta elemental: ¿de verdad no sabían cómo vivía esta familia? ¿Nunca vieron las velas? ¿Nunca vieron el hacinamiento? ¿Nunca vieron que cocinaban con leña? ¿Nunca informaron a ningún organismo estatal? ¿O simplemente la pobreza sirve hasta el domingo de elecciones y después cada uno se arregla como puede? Porque para militar elecciones parecen tener un GPS perfecto de cada necesidad social. Pero cuando ocurre una tragedia, todos descubren la miseria “de casualidad”. Ahí sí llegan las declaraciones solemnes, la solidaridad televisada y el clásico “estamos acompañando a la familia”. Después, como diría el viejo cinismo argentino: “Yo me voy pal corso”.
Y entonces comienza el segundo acto de esta obra repetida hasta el cansancio: la apelación a la solidaridad de la gente. Que donen colchones. Que donen chapas. Que donen frazadas. Que donen zapatillas. Que donen ropa. Que donen alimentos. Y está bien que la sociedad ayude. De hecho, muchas veces es lo único que evita que familias enteras terminen completamente abandonadas. La solidaridad popular probablemente sea una de las pocas cosas que todavía funcionan en este país. Pero una cosa es la solidaridad y otra muy distinta es naturalizar el reemplazo total del Estado.
Porque el problema ya no es que falte sensibilidad: el problema es que falta responsabilidad pública. No nos podemos acostumbrar a que cada tragedia termine resolviéndose con una colecta vecinal mientras el aparato estatal —gigantesco, carísimo y eternamente deficitario— observa desde lejos. No se puede aceptar como normal que un país que cobra impuestos absolutamente para todo dependa de rifas, donaciones y campañas solidarias para asistir a ciudadanos que lo perdieron todo.
Porque impuestos se pagan. Y mucho. IVA en cada compra. Impuestos nacionales, provinciales y municipales. Impuestos al combustible. A la comida. A la ropa. A los servicios. A los medicamentos. A los comercios. A los sueldos. La Argentina tiene una de las presiones fiscales más absurdas del continente y, aun así, miles de familias viven como si el Estado no existiera. Entonces la pregunta deja de ser ideológica y pasa a ser matemática: ¿dónde está la plata?
Porque mientras la política discute relatos sobre “Estado presente” o “Estado mínimo”, la realidad muestra algo mucho peor: un Estado que cobra como si fuera Suiza pero responde como un municipio quebrado del siglo pasado. Y lo más perverso es que oficialismos y oposiciones vienen prometiendo exactamente lo mismo hace años: bajar impuestos, combatir la pobreza, mejorar servicios, urbanizar barrios, terminar con el clientelismo. Nadie lo hizo. Cambian las caras, pero la decadencia sigue administrándose con eficiencia admirable.
Mientras tanto, una familia se ilumina con velas en la capital de una provincia argentina y termina incendiada por la pobreza. Y quizás esa sea la definición más brutal de la Argentina contemporánea: un país donde el Estado nunca llega a tiempo, pero el impuesto sí.
