A días de terminar su mandato presidencial Mauricio Macri utilizó por primera vez la cadena nacional para informar el balance de su gestión. Finaliza con el 40,8% de pobres y el 8,9% de indigentes según la UCA siendo los índices más altos de la década. Esto significa que hay más de 16 millones de argentinos que viven en la pobreza y el 3,6 millones en la indigencia, pero lo más alarmante es que el 59,5% de estas cifras son niños, niñas y adolescentes. (Por Guadalupe Macedo)
«Hubo muchos aspectos que no pudimos resolver, pero hemos valorado nuestras instituciones. Nuestra prensa es más libre y nuestra Justicia es más independiente. Estamos más seguros ante el narcotráfico. La política es más decente. Es la primera vez que un gobierno no peronista termina su mandato», dijo el presidente en su primera cadena nacional al despedirse.
A días de terminar su mandato presidencial Mauricio Macri utilizó por primera vez la cadena nacional para informar el balance de su gestión. Finaliza con el 40,8% de pobres y el 8,9% de indigentes según la UCA siendo los índices más altos de la década. Esto significa que hay más de 16 millones de argentinos que viven en la pobreza y el 3,6 millones en la indigencia, pero lo más alarmante es que el 59,5% de estas cifras son niños, niñas y adolescentes.
Desde el año 2013, los valores de la pobreza fueron aumentando, y en el 2019 alcanzaron valores del 66,4% afectando a los trabajadores marginales. El informe de la UCA remarca el aumento en los segmentos de clase media no profesional ya que aumentó del 4,9% al 14,2%. Esto muestra como un número de personas que habían dejado de ser pobres perteneciendo a la clase media del país, volvieron a ser pobres y como los que eran pobres pasaron a ser indigentes.
También el INDEC, organismo que fue re abierto durante la gestión Macrista, indicó que los niveles de desempleo en el país pasaron del 7,6% al 9,1%. Es decir que son 1.7500.000 desocupados. En este periodo temporal, aumentó el empleo no formal y monotributista, marcando la precariedad laboral a la que se enfrentan los argentinos. En total hay 7,6 millones de puestos de trabajo no registrados o en la informalidad y 1.750.000 desempleados a nivel nacional.
En las medidas económicas, uno de los principales logros que remarca el presidente es la apertura comercial y el acuerdo con la unión europea. «Recibimos un déficit fiscal altísimo. Rompimos la tendencia y equilibramos los gastos del Estado. Les hicimos la vida más fácil a los exportadores. Abrimos más de doscientos mercados en todo el mundo. Exportamos 10 mil millones de dólares más. Por eso digo que estamos mejor preparados para crecer», dijo Macri en la primera conferencia de prensa de su gestión. Este gobierno brindó beneficios para el sector más adinerado mientras que sus medidas aumentaron en un 50% de la inflación. Que como el decía en el año 2014 en una entrevista a CNN en español «La inflación es la demostración de la incapacidad de gestión porque significa que uno no puede administrarse con los recursos que tiene”.
Otras de las medidas tomada que afecta al medio ambiente es el decreto N°591/2019 impuesto por el presidente Mauricio Macri dispone que el país puede recibir basura de otros países sin necesidad de presentar un certificado de inocuidad sanitario y ambiental expedido en origen por autoridad competente y ratificado por la jurisdicción nacional ambiental. El país no logra reciclar el 100 por ciento de los desechos generados localmente, por lo que el ingreso de desechos extranjeros generara acumulación y contaminación a grandes niveles, sobre todo sabiendo que los desechos pueden traer contaminantes tóxicos.
El 30 de enero del año 2017 el presidente Macri sanciono un DNU que modifica la Ley 25.871 de Migraciones y la Ley 346 de Nacionalidad. Esta nueva legislación establece una clasificación de las personas migrantes, donde están quienes vienen al país para un buen fin y provienen de países desarrollados y quienes viene al país con malos propósitos y descienden de países subdesarrollados y limítrofes a quienes le corresponde la expulsión. El decreto permite la deportación “exprés” de los extranjeros sometidos a cualquier proceso judicial que tenga como consecuencia la cárcel y aquellos casos que hayan cometido faltas en el proceso migratorio administrativo. La reforma se propulso como una herramienta de control social de los migrantes de menor recurso económico. “La selectividad que producen estas formas de administración entra en tensión con cualquier programa que tenga como objetivos el reconocimiento del derecho a migrar y la regularización. Significa un proceso regresivo, en el que se diluye incluso la falsa clasificación propuesta por el Poder Ejecutivo nacional, que regula de manera diferenciada las migraciones según la conducta de los migrantes” afirma el Centro de Estudios Legales y Sociales es un organismo de derechos humanos argentino CELS. Este decreto es inconstitucional y regresivo por lo que la ONU pidió su derogación.
