Gendarmería realiza una investigación interna para conocer cómo fue el procedimiento por el cual las 70.000 balas anti tumulto 12/70, que la exministra Patricia Bullrich había comprado para la cumbre del G20 salieron del país en noviembre de 2019 y terminaron en manos de la Fuerza Aérea y la Policía de Bolivia. 

Mauricio Macri intenta de todas las maneras posible frenar el procedimiento, aunque el juez López Biscayart le dijo que su decisión no era materia apelable. El abogado de Macri, Pablo Lanusse, apeló igualmente la medida y el magistrado volvió a cerrarle la puerta, ya que se trata de un procedimiento que puede aportar información trascendente a la causa.
El juez le recordó que los principios constitucionales y convencionales rigen tanto para las investigaciones penales como las administrativas. “Sin que de ellas pueda derivarse una facultad del Poder Judicial de inmiscuirse en las propias de otro poder del Estado. Además, lo decidido no veda la posibilidad de las partes de exigir el cumplimiento de esos postulados en el marco de la actividad administrativa ni su eventual posterior control en sede judicial, en caso de corresponder”.
El sumario de la Gendarmería está a cargo de un instructor que deberá recoger el testimonio de los tres contingentes de efectivos que estuvieron en Bolivia entre noviembre de 2019 y junio de 2020 con el objetivo de custodiar la embajada y la residencia del embajador. Se trata de 30 declaraciones. Mientras tanto, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, dispuso el pase a disponibilidad de cuatro altos cargos de la Gendarmería, el exjefe del grupo Alacrán, Fabián Salas, el exjefe de Logística, Rubén Carlos Yavorski, el exjefe de Operaciones, Carlos Miguel Recalde y el ex agregado en Bolivia, Adolfo Caliba. Todos imputados en la causa por el fiscal Claudio Navas Rial, menos Fabián Salas. Rial también acusó al excomandante general de la Gendarmería, Gerardo Otero.

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