Sectores cercanos al romerismo aseguran que la estrategia gubernamental con Juan Carlos Romero tiene dos objetivos: dilatar las causas judiciales para tener titulares mediáticos hasta las elecciones y emplear una poderosa red en la justicia para impulsar causas antiguas que son presentadas como nuevas. (R.M.)
Esta semana, los medios ligados al oficialismo provincial informaron sobre la apertura de una nueva causa contra Juan Carlos Romero. Según los allegados al senador nacional, esos artículos mostraban ensañamiento y una estrategia “obvia”: invariablemente, las ediciones de los lunes mencionaban en sus portadas al ex gobernador. Para el entono de Romero eso obedece a una clara estrategia “U” que consiste en no resolver la situación judicial de Romero con el objeto de contar con titulares que resten adhesión civil al ex gobernador.
En el mismo entorno, sin embargo, también abonan una teoría distinta. Ciertos contactos en el oficialismo aseguran que altos funcionarios de ese sector comienzan a reclamar al procurador general, Pablo López Viñals, resultados efectivos en lo que parece ser una preparada campaña contra Romero. “Prometió que lo tumbaría antes de 2015. Le dimos todo lo que nos fue pidiendo, nombramos a toda la gente que pidió, plata para la reforma del Código, para su CIF, lo hicimos entrar al Consejo de la Magistratura para que acomode a todos sus ahijados y hasta hizo Jueza de Cámara a su esposa. Ya es hora de que muestre algún resultado, porque si gana Romero caemos todos, él también”, declaró una de las fuentes.
Esta semana los medios oficialistas hablaron de la ruta del dinero de Romero y según los operadores de este último sólo se busca aprovechar la actualidad de esas palabras respecto a los hechos de corrupción del gobierno nacional. Pero en el fondo, aseguran, lo único que hizo López Viñals fue mover algunos expedientes viejos luego de verse acorralado con pedidos de explicaciones. Como ocurre desde hace unos años, el Procurador emplea el Diario Chiquito para amplificar sus maniobras y golpear diariamente a Romero, algo con lo que a estas alturas el gobernador se conforma. También insisten en que todas las noticias referidas a Romero las escribiría directamente López Viñals ya que todas tienen las mismas muletillas y expresiones del poderoso Procurador General de la Provincia.
Probablemente al sentirse acosado por la exigencia de resultados por parte del gobierno de Urtubey, López Viñals le encomendó a su escribiente favorita, la nueva Fiscal Mónica Poma, que inicie una nueva causa para acosar a Romero. Una causa por enriquecimiento ilícito. Allegados al senador nacional manifestaron que es una vergüenza que luego de ocho años y en plena campaña electoral se acuerden recién ahora de “iniciar” una nueva causa penal agregando que de nueva no tiene nada. “Los hechos son los mismos por los que lo acusaron a Romero hace años, es un refrito impresentable, un copia y pegue que parece hecho por un estudiante de primaria. Lo que pasa es que quieren salvar la ropa por los retos que están recibiendo de Urtubey, que esperaba a estas alturas que Romero estuviera fuera de la cancha”.
Poma es una ex secretaria personal de López Viñals, quien la impuso como Fiscal valiéndose de su participación en el Consejo de la Magistratura, el mismo que elige a jueces y fiscales. Nadie es más incondicional y fiel ejecutora de todas las cosas que se le ocurren a Pablo.
Nadie desconoce la proximidad y las relaciones de los funcionarios que se encolumnan en la tarea de limar a Romero. El esposo de la Fiscal Poma, Horacio Córdoba, fue designado por Urtubey en el Poder Ejecutivo como Director de Prevención de Drogas. Como no dio pie con bola lo mandó de vuelta a la Procuración General y se espera que pronto sea un nuevo y ascendido Fiscal en compensación por los servicios que el matrimonio Poma-Córdoba le viene prestando a López Viñals.
Para colmo se espera que el Juez que intervenga en la “nueva” causa sea el yerno de Abel Fleming (camarista que ya actuó en las causas de Romero, fallando en contra del ex gobernador). Se trata de Diego Rodríguez Pipino, otro Juez recién designado y que no podrá (ni querrá, quizás) resistir las presiones del gobierno de Urtubey que lo nombró recientemente.
El acceso del joven abogado a la magistratura se debió a la ayuda de su suegro, el juez Abel Fleming. Rodríguez Pipino está casado con una hija de éste, que también trabaja en la justicia (como casi todos los numerosos parientes de Fleming) ya que apenas cumplía con los requisitos de edad e idoneidad para ser juez.
El suegro de Rodríguez Pipino, Abel Fleming, fue un conocido coequiper de Pablo López Viñals y de Rodolfo Urtubey en la reforma del nuevo y fracasado Código Procesal Penal, con quienes compartió innumerables actividades y espacios.
“Ni Urtubey se cree las acusaciones contra Romero”, afirmó un ex Ministro del actual senador. “De ser así jamás habría nombrado como ministros de su gobierno a Rubén Fortuny y a Carlos Abeleira, que son los que -actuando como Presidente del IPV y como Secretario de Ingresos Públicos- intervinieron directamente y firmaron la operación de La Ciénaga. De lo único que se trata esta nueva justicia de Salta donde todos son parientes o amigos, es de ensuciar a Romero a cualquier costo”, concluyó.
