La familia del subcomisario Claudio Burgos, detenido hace un año en Villa Las Rosas por un crimen que dice no haber cometido, denuncia amenazas y agresiones por parte de otros presos y de personal del Servicio Penitenciario. (Gonzalo Teruel)
Después de un año encerrado en el Penal de Villa Las Rosas y a la espera del juicio oral y público, el subcomisario Claudio Burgos denuncia malos tratos, amenazas y que su vida corre peligro. Junto a otros tres policías, Burgos está privado de su libertad por el asesinato de Gabriel Mura Ortiz en un confuso operativo realizado en noviembre del año pasado en la zona oeste.
Desde un primer momento la fiscal Gabriela Buabse apuntó a Burgos como el responsable del disparo fatal pero las pericias realizadas durante la investigación demuestran lo contrario y la acusación sólo se sostiene de testimonios de los vecinos del Barrio Sarmiento dónde fue asesinado Mura Ortiz. De cualquier manera, el policía está encerrado y además de la incertidumbre por el juicio que se avecina sufre los rigores de la vida penitenciaria.
Ante la inminencia del juicio -previsto para comienzos de 2015, tras la feria judicial de enero- su familia y su defensa exigen que lo trasladen a una “unidad policial por la condición de su jerarquía, estado policial, maltrato y vejaciones, garantías mínimas de asistencia básica y peligro de muerte”.
“Tengo miedo por la vida de mi esposo” dice sin rodeos Raquel y denuncia que Burgos es agredido por otros internos y hasta por personal del propio Servicio Penitenciario. En idéntico sentido el abogado defensor, Pedro Oscar García Castiella, asegura que “desde que el Servicio Penitenciario de la Provincia se hizo cargo del alojamiento de Burgos jamás se le brindó la asistencia mínima por no estar dadas las medidas de seguridad”. “Jamás durante un año, fue asistido en su salud, debiendo automedicarce con medicamentos obtenidos de los propios presos para curarse de diferentes enfermedades (…) jamás recibió asistencia preventiva medicinal, debiendo concurrir personal de Medicina de la Policía para aplicarle vacunas preventivas”, comenta el abogado.
Además, según coinciden la familia y la defensa, el ex jefe de la Brigada de Motoristas no puede acceder a las distintas actividades “de bienestar” previstas para internos de Villa Las Rosas porque cuando lo hace es víctima de agresiones verbales y físicas por parte de los propios reos y hasta de los guardiacárceles.
Dentro de la cárcel Burgos está alojado en un reducido pabellón para miembros de las fuerzas de seguridad dónde, según cuenta su esposa, es víctima “de un trato denigrante por parte del personal del Servicio Penitenciario por su condición de Jefe Policial”. “Cada vez que se realiza una requisa es desnudado y se le infieren insultos y movimientos físicos, burlándose siempre de la jerarquía policial” relata la mujer y comenta también que “cada vez que debe ser trasladado se lo ingresa al último, cuando el carro está lleno de presos, y se avisa a viva voz: hay va el jefecito de Policía”. En algunas oportunidades, inmovilizado en ambas manos compartió traslado con otros internos que sólo llevaban una mano esposada y aprovecharon la oportunidad para agredirlo.
A partir de este testimonio García Castiella plantea que el Servicio Penitenciario no garantiza la seguridad de su defendido y reclama el traslado una unidad especial. El letrado fundamenta su petición en el principio de “diferenciación” contemplado la ley 7.742 de Reglamento de la Policía de Salta. “Allí se consagra como derecho el Amparo Policial” enseña García Castiella y explica que “cuando la autoridad judicial dispusiera la privación de la libertad del personal por hechos derivados del ejercicio normal de las funciones de policía, la jefatura gestionará que la medida se haga efectiva en unidades policiales hasta tanto se dicte sentencia judicial”.
“La interpretación es simple, Burgos continua siendo policía y seguramente, luego del juicio, seguirá siéndolo a diferencia del resto de los internos que están condenados o separados de las fuerzas de seguridad. Esta diferenciación es evidente en el trato diario con los mismos internos que alguna vez pertenecieron a la Policía pero ahora le guardan rencor a la institución”, expresa el defensor.
De acuerdo a la experiencia del penalista, no existen antecedentes en la historia policial de la provincia en la que un policía sin condena haya sido alojado en Villa Las Rosas “donde no existen ni las mínimas garantías para su seguridad”. Esta falta de garantías excede a Burgos y alcanza a la totalidad de la población carcelaria. De hecho, las estadísticas obtenidas por García Castiella y debidamente silenciadas por las autoridades penitenciarias mencionan un centenar de heridos por arma blanca y hasta 5 muertes por año intramuros.
Claudio David Burgos, uno de los policías más condecorados de la provincia, está encerrado por un crimen que asegura no haber cometido y dice que su vida corre peligro. Prefiere ser el 07, el policía que habla, y no el 48, el muerto que parla.
