Organizaciones ambientalistas, sociales, políticas, gremiales y científicas le torcieron el brazo de Urtubey que dejó caer su hacha deforestadora. Algunos descreen del arrepentimiento U y sospechan que pasadas las elecciones las topadoras volverán aunque el logro inmediato es enorme. (G.T.)
Esta semana el mandatario salteño sorprendió a propios y extraños y firmó el decreto 3.749/14 que deroga otros 2 decretos, 2.211/10 y 3.136/11 rubricados por el propio Urtubey y que permitían la sistemática violación de la Ley de Bosques mediante la autorización de desmontes en áreas protegidas.
“Celebramos que el gobernador Urtubey derogue los decretos que autorizaban a los terratenientes a desmontar bosques donde la Ley de Bosques no lo permitía. Es un logro de todos los argentinos y organizaciones que queremos un país con bosques y así como luchamos para que se sancionara la norma que los protege, lo seguimos haciendo para que se cumpla”, declaró eufórico Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
La Ley de Bosques obliga a las provincias a realizar un Ordenamiento Territorial para determinar dónde y de qué manera se pueden incorporar tierras a la producción agroindustrial. Salta está “pintada” como un semáforo: rojo, amarillo y verde. La zona verde es de bajo nivel de conservación y, por lo tanto, puede ser desmontada; la zona amarilla es de nivel medio de conservación y sólo permite desarrollos específicos; la roja es considerada de alto nivel de conservación prohíbe la realización de desmontes. Los decretos ahora derogados organizaron, sin embargo, un mecanismo de “rezonificaciones” o “recategorizaciones” que permitió el avance de las topadoras sobre áreas protegidas.
Según datos oficiales, desde la sanción de la ley, en la provincia se desmontaron 450 mil hectáreas, 130 mil hectáreas en esas zonas protegidas. Otras estimaciones ofrecieron números mucho más grandes y motivaron que un amplio abanico de organizaciones sociales y organismos públicos, provinciales y nacionales, reclamaran con admirable perseverancia el fin de los desmontes.
Hace un mes, un centenar de organizaciones exigieron “a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y al Consejo Federal de Medio Ambiente que, en su carácter de máximas autoridades ambientales del país, realicen en forma urgente las acciones pertinentes para que el Poder Ejecutivo de Salta cumpla en forma estricta las restricciones establecidas en su OTBN y derogue los decretos que permiten realizar recategorizaciones prediales”. Ahora, antes que las autoridades federales intervinieran, el gobernador dijo basta y desactivó un potencial conflicto nacional.
Con esta determinación Urtubey busca limpiar su imagen en el escenario nacional y dejar de ser el centro de los ataques de Greenpeace que lo definió como “el patrón de los desmontes”. No le resultará nada fácil. Los ambientalistas descreen del arrepentimiento del gobernador y sospechan que pasadas las elecciones las topadoras pueden volver a tener aval para avanzar sobre los bosques salteños. “No alcanza con un decreto porque el año que viene puede haber otro decreto que vuelva a autorizar los desmontes”, planteó un investigador de la UNSa y exigió la sanción de una ley que de manera inequívoca prohíba el avance sobre los bosques.
“Hace un par de semanas nosotros presentamos en la Legislatura un proyecto para declarar la emergencia ambiental y prohibir los desmontes por 2 años pero no nos dieron bolilla”, recordaron con las mismas sospechas desde el bloque del Partido Obrero. Según parece, el reclamo ambiental no cesará y el cuidado de los bosques nativos seguirá siendo una exigencia de cientos de organizaciones políticas y sociales de la provincia y el país.
Por ahora, como una topadora arranca un árbol, la movilización popular le arrancó a Urtubey el fin de los desmontes.
