Tras el fallo de la Corte Suprema que flexibilizó ese beneficio para los genocidas, la Sala I de Casación se lo concedió a Miguel Etchecolatz. “Repudiamos la decisión. Preocupa el nuevo intento de asignar privilegios”, advirtió Abuelas de Plaza de Mayo.

La Sala I de la Cámara de Casación Penal le otorgó ayer el beneficio de la prisión domiciliaria al represor Miguel Etchecolatz. La decisión del tribunal llegó poco después de un complejo fallo de la Corte Suprema que el 18 de abril flexibilizó el otorgamiento de ese privilegio a los genocidas. De todas maneras, la resolución no se hará efectiva ya que el ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense posee otras causas pendientes por las que permanece bajo arresto en el hospital penitenciario de la cárcel de Ezeiza. De hecho, existe un fallo reciente de la sala IV de la misma Cámara de Casación que resolvió rechazar el pedido presentado por los defensores de Etchecolatz. “Repudiamos la decisión, nos despierta preocupación este nuevo intento de asignar privilegios al genocida”, aseguró ayer Abuelas de Plaza de Mayo. Desde el organismo que conduce Estela de Carlotto recordaron que el ex mano derecha de Ramón Camps ya había obtenido el arresto domiciliario y había violado sus condiciones de cumplimiento. Además, consideraron que “no puede pasarse por alto que Jorge Julio López desapareció tras declarar en su contra”.

La situación judicial de Etchecolatz está atravesada por una compleja maraña de causas y expedientes. Con 87 años, el genocida se encuentra actualmente alojado en el hospital que funciona dentro del penal de Ezeiza. La decisión de otorgarle la detención domiciliaria fue tomada ayer en el marco de la causa denominada Pozo de Banfield. De los tres integrantes de la sala I de la Casación, la jueza Ana María Figueroa votó en contra de otorgarle el beneficio mientras que sus colegas Liliana Catucci y Eduardo Riggi aceptaron el planteo de los defensores del represor. El expediente fue enviado ahora al juez de primera instancia, Ernesto Kreplak.

En sus fundamentos, Figueroa detalló que el último informe disponible del Cuerpo Médico Forense (CMF) fue realizado en agosto del año pasado, cuando Etchecolatz se encontraba realizando una huelga de hambre. En ese contexto, el CMF, dependiente de la Corte Suprema, recomendó la “internación extramuros para su mejor control clínico y de laboratorio” ya que se había deteriorado el estado de salud del detenido. Sin embargo, en el mismo informe también señaló que “respecto a su lugar de detención, el mismo cumple con las normas mínimas de alojamiento”. “En momento alguno se indica que resulta más beneficioso cumplir su detención en el domicilio sino que, por el contrario y de manera expresa, se considera que Etchecolatz ‘no se encuentra comprendido en el artículo 32 de la ley de Ejecución Penal’ y que ‘respecto a su lugar de detención, el mismo cumple con las normas mínimas de alojamiento’”, remarcó Figueroa. Tanto Catucci como Riggi, en cambio, enfatizaron los informes del Servicio Penitenciario Federal y del Hospital de la cárcel de Ezeiza para acreditar problemas recientes en la salud de Etchecolatz. “Razones de índole humanitarias me persuaden que en este caso particular corresponde que le sea otorgado el beneficio de la prisión domiciliaria”, afirmó Catucci.

El juez de primera instancia, Ernesto Kreplak, recibirá ahora la decisión de la Casación, aunque se espera que no haya cambios en la situación de Etchecolatz dado que debe cumplir con prisión efectiva en la causa por el centro clandestino de detención Infierno, ubicado en Avellaneda. En esta causa sus defensores también pidieron que sea enviado a su casa, pero el 20 de abril último los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, de la sala IV de la Cámara de Casación rechazaron el planteo. Esta vez quien votó en minoría fue el juez que se pronunció a favor de enviar al represor a su casa, Juan Carlos Gemignani.

Los fundamentos de los votos tanto a favor como en contra del arresto domiciliario son prácticamente los mismos en ambas salas de la Casación. La diferencia central entre un expediente y el otro radica en que, por la fecha en que fueron resueltos, uno no cuenta con el aval de la Corte Suprema a la flexibilización de ese beneficio.

“Vamos en camino a la domiciliaria de todos los represores después del fallo de la Corte. Sólo es cuestión de tiempo. No va a ser masiva de una sola vez sino que va a ser por goteo”, advirtió a PáginaI12 la abogada Guadalupe Godoy, querellante en causas de derechos humanos. “Esto tiene claramente el aval político del Gobierno y el consentimiento judicial que, como vemos, estaba esperando ese aval”, aseguró la integrante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.

En el mismo sentido, Emanuel Lovelli, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo afirmó que la resolución de los magistrados es “un reflejo evidente” de la decisión de la Corte, que coincide con la prisión domiciliaria otorgada también al represor Jaime Smart. “Ya hay una flexibilización absoluta de la prisión domiciliaria. Aún siendo casos emblemáticos como el de Etchecolatz”, concluyó Lovelli.

Fuente: Página 12