En un contexto de crisis económica y medidas de austeridad, el Gobierno nacional ha anunciado la no renovación de contratos de personal en el sector público iniciados a partir del 1 de enero de 2023. Si bien se argumenta la necesidad de controlar el gasto y optimizar el funcionamiento del Estado, la decisión plantea preocupaciones acerca de sus repercusiones sociales y económicas.
El Decreto N° 84/2023 establece claramente que las contrataciones de personal en el marco de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional y otras modalidades que concluyan al 31 de diciembre de 2023, e iniciadas desde el 1° de enero de 2023 en determinados organismos, no serán renovadas. Esta medida, aunque excepciona ciertos casos, amenaza con dejar a muchas familias sin empleo en un momento de gran fragilidad económica.
Es crucial analizar con detenimiento la situación de cada trabajador antes de aplicar medidas tan drásticas. La excepción para aquellos cuya continuidad sea considerada indispensable para el funcionamiento de la jurisdicción, de manera restrictiva y fundada, debería extenderse a una revisión caso por caso para evitar que paguen justos por pecadores. La prudencia y la justicia deben prevalecer en momentos tan sensibles.
Resulta inquietante observar cómo estas decisiones se toman sin un análisis detenido de las necesidades y funciones específicas de cada área. La falta de renovación de contratos no solo impactará en la vida de los trabajadores afectados sino que también puede afectar negativamente la eficiencia y calidad de los servicios públicos.
Además, la prórroga del Decreto N° 426/22 hasta el 31 de marzo de 2024, que establece restricciones a las designaciones de personal en las Jurisdicciones y Entidades del Sector Público Nacional, agrega más incertidumbre a la situación laboral de muchos empleados públicos.
En tiempos de crisis, es imperativo que las decisiones gubernamentales se tomen con responsabilidad y sensibilidad hacia las consecuencias sociales. Más allá de las necesidades presupuestarias, el factor humano no puede pasar desapercibido. La prioridad debería ser proteger el bienestar de las familias afectadas y garantizar que las medidas adoptadas sean justas y equitativas.
