Luego de la masiva marcha en la Provincia de Salta se esperaba que el Gobierno Nacional tomara rápidamente una decisión respecto a los cinco puntos solicitados que leyó el Vicerrector de la UNSa, pero no sucedió.
La política en tanto fruto cómo determinante de las Universidades, basta con mirar los gabinetes a lo largo de la historia para entender que la profesionalización de la política hecha mano de las Universidades, sobre todo públicas.
En la provincia de Salta la Universidad nació en la década de los 70’ en el marco del plan Taquini, en principio con un espíritu democratizador de la oferta académica superior pública, pero también para responder a las demandas de la sociedad y de las empresas de la región.
A pesar de sus limitaciones y sesgos de clase, la Universidad Pública en Salta ha tenido un rol central en la contención social, así como un actor que promueve la movilidad social ascendente. A excepción del período 76-83, la UNSa viene aportando mano de obra calificada tanto al mercado formal como informal de trabajo en la provincia.
También genera condiciones para que los estudiantes y profesionales de sus Facultades trascienden las fronteras y sean en tanto personal calificado o empresarios en el marco de sus profesiones liberales.
La marcha del 23 de abril movilizó más de 30 mil personas en la provincia, y en la previa contaba con el apoyo de casi todos los diputados nacionales. Sin embargo, no fue sino hasta el otro día que se evidenciaron los acuerdos político-económicos entre Milei y el ejecutivo provincial cuando evitaron sentarse para no dar quórum a la discusión sobre la emergencia presupuestaria de todas las universidades nacionales.
La discusión ha ido en picada, desde los planteos de malversación de fondos y corrupción, hasta el supuesto adoctrinamiento que se ejerce sobre los jóvenes adultos a lo largo de los 5 mil kilómetros de territorio nacional. Argumentos débiles para justificar un ajuste en torno al 70%, al que se le suma una inflación mayorista del orden del 200%.
Sólo en el último mes la Universidad Nacional de Salta requirió más de 100 millones de pesos para pagar los servicios de la luz en todas sus sedes. Si entendemos que entre el 5 y 10% del presupuesto total va dirigido a mantenimiento y programas específicos, nos queda un 90% con una sola imputación, salarios.
Entonces la discusión va tomando una forma más conocida para los argentinos, la de los 90’, donde la elección pendular entre conservar el trabajo o pelear por una recomposición salarial que ponía en riesgo el propio trabajo.
Hoy en día la Universidad Nacional de Salta alberga y contiene a más de 40 mil estudiantes que en un considerable porcentaje son primera generación de universitarios. Al mismo tiempo cuando se habla de contención social se pone a la Universidad en un rol de formador y protector de conciencias civiles.
Existen estudios que comprueban en todo el mundo como las sociedades con altos niveles de estudio tienen a tener menores tasas de pobreza, criminalidad y violencia. A su vez se trata de una institución que en los últimos 2 años ha abierto sus puertas en toda la provincia y continúa haciéndolo a través de los Centros de Extensión Universitaria.
Se han entregado miles de certificados a personas de todas las localidades y barrios de Salta. Desde capacitaciones técnicas hasta propuestas culturales y de la economía circular, generando trabajo y cultura en los más de 40 CIUNSa que funcionan a lo largo de la provincia.
El rol de la Universidad va más allá de la educación, ya en su estatuto reza por la necesidad de trabajar en investigación y la extensión. Pero para la mirada neoliberal las cuestiones del financiamiento para estas dos últimas son absolutamente secundarias e inútiles.
Los países más desarrollados tecnológicamente tienen una fuerte apuesta a la investigación en el marco del trabajo de sus universidades y los productos o resultados de dichas investigaciones suelen volcarse al mercado para que los empresarios puedan usufructuar los beneficios de una inversión que en casi ningún caso vuelve en términos de dividendos o ganancias a la Universidad.
Las demandas de los empresarios locales no van más allá de una exigencia de mano de obra semi calificada y barata. La poca contención de la pata investigativa de la Universidad obliga a los aprendices del área a volverse becarios de las contadas instituciones que absorben este capital humano y el resto no tiene más remedio que convertirse en trabajadores con sueldos en torno al 50% de lo que realmente deberían cobrar, tanto por su idoneidad como por su proyección como graduados.
El futuro de la Universidad Pública pende de un hilo, en tanto la Nación aún no se ha pronunciado sobre las demandas y estira los plazos de discusión para que el agua le alcance el cuello a los rectores. Solo en los meses de enero y abril se ha consumido el proporcional al presupuesto de funcionamiento de todo el año.
La necesidad de auxiliar urgentemente a las Universidades puede terminar empujando a cientos de miles de jóvenes a un mercado de trabajo que no tiene casi nada para ofrecerles. El empleo precario, irregular, tercerizado y con salarios bajo la línea de la pobreza termina siendo una peligrosa combinación para un gran porcentaje de la población económicamente activa.
En los últimos 8 años el nivel de rendimiento de los estudiantes ha ido disminuyendo y sin embargo la matrícula no ha parado de crecer. La apuesta por una salida a través de la Educación Superior Gratuita está convirtiéndose en un embudo por el cual pasan muy pocos.
Casi que se estuviera involucionando al modelo que promulgó el Presidente de 1949, cuando a través de un decreto permitió que más de 3 millones de jóvenes accedieron a la universidad en los siguientes 5 años. Mientras que la matrícula hasta ese entonces no superaba los 300 mil.
La educación para pocos no tiene otro resultado que una expulsión de grandes colectivos a la pobreza y a la precariedad laboral. La salida de cualquier modelo serio y con intenciones de desarrollo no puede prescindir de la máxima capacitación y profesionalización de su capital humano, que es en términos económicos, una mano de obra calificada y por consiguiente bien remunerada.
