El 14 de enero, la Secretaría Legal y Técnica otorgó la concesión por 35 años de un crematorio a la empresa Pieve Salud. Concejales de la ciudad consideraron que el acto estuvo plagado de anomalías y solicitaron la nulidad del procedimiento o irán a la Justicia.

Concejales de la ciudad de Salta denunciaron a la Municipalidad de Salta por las violaciones cometidas por la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos en el procedimiento de concesión del crematorio de Pieve y solicitaron la nulidad del acto administrativo.

El 14 de enero, el secretario Legal y Técnico de la Municipalidad, Daniel Nallar, emitió la Resolución 003/22 por la que otorgó por 35 años la concesión a la firma Pieve para el servicio funerario y crematorio en el ingreso a Salta.

Según consta en la denuncia presentada por los ediles José Gauffín, Agustina Álvarez, Pablo López, María Emilia Orozco, Laura Jorge y Alberto Salim, “el proceso fue irregular por no cumplir con las etapas previstas en el artículo 7 de la ordenanza 12.745 que regula el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental y Social (EIAS) para la jurisdicción de la Municipalidad de Salta”. Además, los concejales resaltaron que el subsecretario de Ambiente, en octubre de 2021, indicó en una resolución que debía realizarse correctamente el EIAS y detalló los pasos a seguir.

De acuerdo a lo denunciado, el proceso de concesión a Pieve estuvo plagado de irregularidades, como la Audiencia Pública de Nallar, la no presentación del formulario ni la solicitud de Habilitación y Categorización ni el Uso Conforme de Suelo. Además, el 28 de octubre del 2021, el Programa de categorización y auditoría presentó un dictamen técnico en el que sugiere categorizar como de Alto Impacto Ambiental el proyecto, a lo que accedió la Secretaría de Servicios Públicos y Ambiente a través de la Resolución 385 del 29 de octubre de 2021. De acuerdo a la ordenanza, esto debiera haberse realizado como segunda etapa, pero esto no fue así ya que el EIAS había sido aprobado mediante Resolución 129 del 1 de marzo de 2021, ocho meses antes.

Por todas las anomalías, Gauffín y los otros concejales denunciaron la irregular tramitación del procedimiento EIAS (en disconformidad de la ley Provincial 7070 y de la ordenanza 12.745) y solicitaron la nulidad de todo el procedimiento. De no hacer lugar a la medida, adelantaron que presentarán un amparo en la Justicia Provincial

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