Ni buenos ni malos, incorregibles. Así catalogaba Jorge Luis Borges a los peronistas. Y el gobernador Gustavo Sáenz está, nuevamente, demostrando esa filiación. Por más que la mona se vista de seda, mona queda. El tema es que el de los controles es una cuestión central en nuestra provincia. La más pobre del país, la que cuenta con la mayor desigualdad, y con un sistema político de partido hegemónico, aunque el partido de gobierno, insisto, hegemónico, cambie de denominación en cada elección.
Por Alejandro Saravia
En efecto, a días de ponerse en vigencia una nueva reforma constitucional el gobierno provincial, a través de sus Senadores, se apresta a designar otros dos integrantes de la Auditoría General de la provincia, sumando con ellos cinco miembros de su propio coleto, de su propia tropa, sin respetar en lo más mínimo las disposiciones de la actual y vigente Constitución, y mucho menos de la que se dispone a sancionar la reunida Convención Constituyente. Es decir, que de los cinco integrantes de la Auditoría, Sáenz y su poder legislativo, diputados y senadores propios, se dispone a designar la totalidad. Cinco auditores designados por él para que a él lo controlen. Recordemos que el mandato de estos controladores es de cinco años de modo que todo el período gubernamental de Sáenz va a ser acompañado con esta pantomima de control hecha por sus agradecidos controladores. Es de sentido común señalar que cuando el controlado designa al controlante, no hay control que valga.
También es por todos sabido que la Auditoría General de la provincia no sirve para nada. Tanto es así que el propio gobernador Sáenz propuso en su proyecto de reforma constitucional que la misma, la Auditoría, sea reformada. Si anduviese bien no habría motivo para cambiarla. Pero horas antes de consagrar esa reforma, el mismo Sáenz y compañía se apresura a designar a todos sus integrantes. Una burda burla a través de la cual se nos toma por imbéciles a todos los gobernados.
Recuerdo que desde antes de la convocatoria a esta reforma vengo diciendo que el asunto de la limitación de las reelecciones de los funcionarios políticos electivos era sólo una carnada, un señuelo para engatusar a las almas buenas y que el propósito último de esa convocatoria era garantizarse la permanencia de amigos en los dos principales órganos de control, la Auditoría y la Corte de Justicia. Los pasos que viene dando el Poder Ejecutivo y su dependiente Poder Legislativo confirman mis sospechas.
Cualquiera que sepa un poco de ciencia política recordará que el bonapartismo, categoría que cobró trascendencia a partir del 18 Brumario de Luis Bonaparte de Carlos Marx, tiene como una de sus características la desnaturalización de las instituciones: hacer como si estas funcionasen pero desvirtuándolas mediante el no cumplimiento de sus cometidos, de su finalidad. Es lo que sucede cuando en órganos de control se designan amigos o beneficiarios para que controlen a quien los designa y respecto del cual están agradecidos. Cometido en ese caso, el del control, de imposible cumplimiento.
Tampoco es bueno el sistema vigente que encarga a una comisión de diputados, con participación de la oposición dice la Constitución pero tampoco se cumple, la selección de los candidatos que deberán ser designados por los senadores. En un sistema de partido hegemónico, como el que nos rige, los diputados y los senadores responden al de la lapicera, es decir, al gobernador. Tanto es así que según el ministro de Gobierno de la provincia son opositores aquellos que osen enunciar alguna crítica al gobierno. Con eso basta para considerarlos opositores y proponerlos para control. Algunos ni siquiera llegan al nivel de queja, menos de crítica.
La cuestión es que mientras no exista un sistema político en la provincia los órganos de control deben ser integrados por concurso público de antecedentes y oposición, precisamente porque no existe un sistema político que garantice la posibilidad de la alternancia entre diferentes partidos políticos. No hay otro modo posible que el concurso público para garantizar la existencia de ese indispensable control.
En el libro titulado “Cómo mueren las democracias” de Levitsky y Ziblatt, estos autores definen como presupuesto de ese sistema de gobierno, es decir, de las democracias, dos extremos: la tolerancia mutua, esto es, el acuerdo de los partidos rivales de aceptarse como adversarios legítimos, y la contención o la idea de que los políticos deben moderarse a la hora de desplegar sus prerrogativas constitucionales.
Es decir que, si bien los senadores del gobernador Sáenz tienen la facultad de designar a los integrantes de la Auditoría según la Constitución hoy en proceso de reforma, por aplicación elemental de un principio de prudencia y respeto hacia todos nosotros, los gobernados, deben desistir de ejercer esa facultad. Primero, porque la actual Auditoría, tal como está regulada, no funciona, no sirve. Y todos lo saben. Si no, insisto, no se hubiese planteado la necesidad de su reforma. Y si no sirve tal como está, deben dejar de designar su propia gente porque de ese modo se burla de todos nosotros, los salteños. Y, en verdad, todos nosotros estamos cansados de las burlas de los gobernantes y de que estos nos tomen por imbéciles al derrochar o apoderarse, sin control alguno, de los dineros públicos.
Funcionarios enriquecidos en la provincia más pobre: nunca más.
