Irán a juicio los desocupados acusados de quemar a efectivos policiales durante un piquete en Morillo. Detalles de un proceso que deja en claro que ningún pobre puede desafiar la represión policial y salir fresco en el intento. (Daniel Avalos)
Si la Justicia supone la existencia de leyes y su aplicación a través de correctos procedimientos, el caso de los desocupados de Morillo que supuesta y deliberadamente habrían provocado quemaduras a dos efectivos policiales a fines de septiembre deja mucho que desear. Y es que el proceso seguido en contra de ellos parece responder al plan trazado por una poderosa coalición de funcionarios judiciales del Ministerio Público y una fuerza policial empeñados en condenar a 11 personas por “coacción agravada” y a tres de ellas por “tentativa de homicidio premeditado”.
Para ello, la fiscal de la causa, Lorena Martínez, se aferra a una estrategia que se vale de algunas falsedades o, en todo caso, de verdades a medias. Lo primero reduciendo todo al momento culmine de aquellos hechos: el avance de los efectivos policiales sobre los desocupados entre los cuales se encuentra Pablo Moreno, el joven que cargando en su mano izquierda una antorcha y en la derecha una botella con combustible ejecuta movimientos que según ellos fueron obligados por el forcejeo entre civiles y policías que terminaron por producir la expansión del fuego que afectó a dos efectivos policiales. Las falsedades o verdades a medias se identifican en otros aspectos: se oculta que el imputado Rubén Ruiz sufrió más quemaduras que los efectivos; el denunciante de apellidos Yepes asegura que el chófer de la camioneta de la empresa Vertúa habría sufrido la coacción y fue abordado por cuatro personas dos de las cuales habrían portado armas aunque los imputados son once, y a todos ellos el propio Yepes identificó como empleados de la empresa.
El paso del tiempo ha ido aclarando algunas cosas. Por ejemplo que de los once imputados, diez eran desocupados, parte de la población de Rivadavia Banda Norte que con poco más de 10.000 habitantes posee, según los relevamientos del Ministerio de la Primera Infancia, un 1% de indocumentados; 11% de analfabetos; 35% de personas que viven en viviendas con piso de tierra; 47% en condiciones de hacinamiento; 19% de la población que carece de baño; 25% de electricidad; 82% de agua caliente y que en la mayoría de los casos vive de changas y del pastoreo.
Por si eso fuera poco, entre esos once Yepes había mencionado la presencia de un tal Cristian Arenas que hoy no está detenido y que los pobladores atribuyen a cuestiones de índole política. Algo de cierto puede haber en esa acusación. Ese nombre y apellido aparece como candidato en primer término de la lista que encabezaba el intendente electo de ese municipio, actual diputado provincial y jefe comunal de ese distrito hasta el año 2011: el múltiple veces denunciado por corrupción: Atta Gerala.
Hay más: de esos once, uno efectivamente trabajaba en la empresa Vertúa que construye el gasoducto que desde el norte de la provincia llegará a Formosa y que según varios testigos que ya declararon se encontraba al momento de los hechos en un colectivo de la propia empresa y por lo tanto ajeno a los hechos.
La defensa
La defensa pretende deshacer la estrategia y aclarar las falsedades. Lo primero impulsando una línea de investigación que determine responsabilidades en el marco general donde se produjeron los hechos que diversos videos mostraron en las pantallas de todo el país. Si el éxito de la estrategia parece muy lejano, ello obedece a que la fiscal de la causa ha desestimado pedidos que la defensa considera claves para una correcta valoración de los hechos.
Cuarto Poder se comunicó con una de las letradas que defiende a los detenidos. Se trata de Sarah Esper quien tiene entre sus defendidos a Pablo Moreno, el joven que en las imágenes aparece con la antorcha en la mano. Esper es la persona que el 13 de octubre pasado acompañó a los trabajadores desocupados a entregarse en la Ciudad Judicial de Tartagal, la misma que relató a este medio que en esa oportunidad fue víctima de apremios ilegales por parte del Jefe de la Brigada de Investigaciones de Tartagal, y la que ahora batalla para lograr que los imputados no estén condenados de antemano.
Sus esfuerzos, sin embargo, chocan con las barreras del fuero judicial. Esto se confirma con el destino que tuvieron una serie de requerimientos de la abogada a la Fiscalía de Embarcación que en lo central incluían declaraciones testimoniales de tres tipos: testigos que al decir de Esper darían fe de cómo fue el momento en que se produjo la expansión de fuego; otros que detallarían los hechos de toda la jornada que culminó con los sucesos difundidos por la policía; y aquellos que aseguran que el imputado empleado de la empresa VERTUA S.A. en ningún momento participó de los sucesos porque, como se dijo arriba, permanecía en un colectivo.
La conducta de la fiscal estuvo lejos de satisfacer las demandas de la defensa: incorporó las pruebas que daban cuenta de las quemaduras y lesiones sufridas por el detenido Rubén Ruiz, ordenó que se identifique al personal policial que participó de los hechos y sólo hizo lugar a la declaración testimonial de quienes aseguraron que el empleado detenido “jamás” bajó del colectivo que lo trasladaba. Con respecto a los otros testigos, Martínez decidió postergar la decisión y remitirse a materiales audiovisuales provista por la propia defensa y al que también se sumaron otros aportados por la Defensora Oficial que solicitó de oficio al Cuerpo de Investigación Forense la captura y remisión de todos los videos que pudieran haberse publicado por internet.
El resto de las pruebas fueron rechazadas y uno de los argumentos sorprende: los testimonios devendrían inútiles en tanto los videos captaron los hechos. Paradójicamente, asegura Esper, en esa oportunidad la Fiscal habría aceptado que la expansión de fuego se produjo luego de que un efectivo policial golpeara a Noemí Juárez quien, por efecto de dicho golpe, chocó contra Pablo Moreno que tras trastabillar dejó caer la antorcha y la botella con combustible para no morir quemado. Valoración de la que luego la fiscal desechó, como se verá más adelante.
La mayor frustración de la abogada defensora, sin embargo, pasaba por otro lado: “sólo dos testigos aportados por la defensa se referirían a ese momento en particular, mientras los restantes se referirían al paso a paso, de cómo se fueron encadenando los hechos hasta llegar a ese momento que todos vieron. Es más, uno de esos testigos, Ramón Gómez, quien sufrió fisuras y quebraduras en su columna entre otras lesiones como consecuencia de la golpiza que le propinara el personal de infantería, iba a explicar que los motivos por los cuales fue sometido a semejante tratamiento obedeció a que lo confundieron con Pablo Moreno”.
No hubo caso. La Fiscal rechazó el pedido sin siquiera evaluar si los testimonios podían ser falsos o no y sugirió a Esper que si quería hacer hincapié en lo último debía constituirse en querellante emprendiendo las actuaciones correspondientes.
Nuevo intento
Cerradas las primeras puertas, Sarah Esper busco abrir otras. El 26 de octubre pasado ingresó un escrito al Juzgado de Garantías Nº1 solicitando se revisara su ofrecimiento probatorio e insistiendo en la pertinencia de dichas pruebas. Hasta el cierre de esta edición el juez no se pronunció al respecto. No fue esta la única vez que Esper recurrió al Juzgado de Garantías. Los últimos movimientos ocurrieron el lunes 2 de noviembre, cuando la letrada fue notificada del requerimiento de remisión de la causa a juicio que la fiscal elevó al juez el jueves 29 de octubre. En el documento, la fiscal desconocía lo que unos días antes había convalidado en base al material audiovisual. Aquella vez admitía que Pablo Moreno extendió el fuego obligado a resguardar su vida en medio de los forcejeos, aunque en el documento esboza que el imputado arroja combustible y fuego deliberadamente en contra del personal policial.
Al requerimiento de juicio la propia Esper se opuso el martes 3. Solicitó allí sobreseimientos y, subsidiariamente, cambios de calificación legal y la previa revisión de las pruebas que ella ofreció, que habían sido rechazadas por Martínez, y aún estaban pendientes de resolución. El proceso, no obstante, sigue en marcha y con una novedad nueva: la Policía se constituyó en parte querellante. La súbita aparición de la fuerza policial en ese rol, inclina por estos días a la letrada a chequear si los tiempos procesales fueron respetados en tanto el código de procedimiento establece que la constitución en parte querellante debe concretarse antes del requerimiento de remisión de la causa a juicio.
Lo último no logra esconder algunas cosas: para esa policía los detenidos no son criollos desesperados por escapar a la pobreza que sólo la miseria de un departamento como Rivadavia puede producir, sino simples delincuentes que deben entender que ningún pobre puede desafiar el poder represivo de esa institución y creer que puede salir fresco de ello.
