Macri no está dispuesto a negociar la restitución de las retenciones a las empresas mineras. Así se lo transmitieron los funcionarios del Gobierno a la CGT en una reunión en la que buscaron acercar posiciones en torno al Impuesto a las Ganancias.
Condicionados por la decisión de Macri de mantener los privilegios que concedió al sector minero, los funcionarios de Hacienda y la AFIP hacen cuentas en busca de una fórmula que satisfaga al sindicalismo, que sumó una cuota de presión: los gremios del transporte ratificaron que el próximo lunes harán una protesta en reclamo de mayores deducciones en Ganancias (ver aparte).
El eje del proyecto que la oposición logró consensuar e imponerle al oficialismo en Diputados fue la suba del orden del 40 por ciento del piso a partir del cual los trabajadores pagan Ganancias. Para financiar ese incremento del mínimo no imponible y la modificación de las escalas y el esquema de deducciones también contemplada en la iniciativa se planteó la creación de impuestos al juego, a la renta financiera, a bienes improductivos y a operaciones con dólar futuro, como así también la restitución la retención a las mineras de la que Macri no quiere ni oír hablar.
Las mineras pagaron hasta la llegada de Macri a la Rosada las retenciones que Néstor Kirchner les impuso en 2007. Entonces, el ex presidente impuso derechos de exportación del 5 por ciento para los minerales procesados. Las empresas del sector gozaban hasta ahí de la estabilidad fiscal de 30 años consagrada por el Código Minero de los 90. La medida permitió hacer partícipe el Estado y al conjunto de la sociedad de una mínima porción de las enormes ganancias de las mineras.
La aplicación de retenciones no frenó el crecimiento que la minería. La explotación a cielo abierto, que es la modalidad minera más rentable, tuvo desde 2003 hasta este año una inversión acumulada de 18.600 millones de dólares. La representación del sector en la inversión anual directo en el país pasó del 9 al 30 por ciento. En las exportaciones nacionales pasó del 0,3 al 5,7 por ciento.
Aunque los datos indican otra cosa, Macri borró las retenciones mineras de un plumazo en febrero de este año con el consabido argumento de que conspiraban contra la llegada de inversiones. También presentó su decisión como una “devolución” a las provincias de dinero que la Nación les sacaba. La quita de los derechos de exportación fue celebrada por las mineras, acostumbradas a girar sus utilidades al exterior, que ya estaban de fiesta por la devaluación del dólar que llegó de la mano de Macri y mejoró su renta en un 60 por ciento.
Los primeros en poner el grito en el cielo por la restitución de las retenciones fueron los gobernadores de provincias mineras, como el sanjuanino Sergio Uñac, y las empresas del sector. “La necesidad de financiar los cambios en Ganancias no justifica poner en riesgo el sustento de más de 12.000 familias y frenar la llegada de inversiones en las provincias que más lo necesitan”, se apresuró a plantear la Cámara Argentina de Empresarios Mineros.
En otra de sus coincidencias con el empresariado, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, también amenazó con cesantías en la minería si prospera el proyecto de Ganancias de la oposición y dijo que la eliminación de las retenciones vino a garantizar las fuentes de trabajo de los mineros. Datos del SIPA, difundidos por el Ministerio de Trabajo, lo desmienten: en los primeros 10 meses de gobierno de Cambiemos se perdieron 4.868 puestos de empleo en el sector.
La minería para Macri es intocable y así se lo hicieron saber el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, a la cúpula de la CGT. Los funcionarios fueron ayer al mediodía a la sede del gremio de la Sanidad, donde los recibieron Héctor Daer y Carlos Acuña. Juan Carlos Schmid, el tercero de los secretarios generales de la central sindical, se quedó en la reunión de los gremios del transporte que agrupa la CATT -de la cual es titular-, donde se ratificó la jornada de protesta del próximo lunes en reclamo de que se eximan del pago de Ganancias las horas extras, los viáticos y los adicionales por feriado trabajado.
El Gobierno no está, en principio, dispuesto a ceder en ese punto, pero aún así los funcionarios nacionales y los sindicalistas lograron acercar posiciones. Ambas partes coincidieron en señalar que el encuentro “fue positivo”.
La idea en la Casa Rosada es concentrarse en arreglar con la CGT porque consideran que esa es la llave para cerrar después un acuerdo con los gobernadores peronistas y el Frente Renovador de Sergio Massa. “Es momento de apretar para conseguir todo lo que podamos”, es la lectura del escenario que hacen los dirigentes sindicales.
La negociación gira en torno al mínimo no imponible. Macri no fue generoso en su planteo inicial y sólo contempló una suba del 15 por ciento. Así pagarían Ganancias los trabajadores solteros que cobren más de 21.700 pesos en bruto y los casados con dos hijos que cobren más de 28.700 pesos. El proyecto opositor fijó ese piso en 34.500 pesos para los primeros y en 44.000 pesos para los segundos.
Un acuerdo posible pasaría, en líneas generales, por partir la diferencia y dejar el mínimo no imponible en el orden de los 37.000 pesos. Contra la pretensión de la CGT de elevar aún más el piso, el Gobierno argumenta que el costo fiscal de la reforma de Ganancias no puede exceder los 27.000 millones de pesos previstos en el Presupuesto 2017. El número no coincide con el que dio el martes en el Senado el titular de la AFIP, Alberto Abad, quien aseguró que la iniciativa oficialista tendría un costo fiscal de 49.500 millones de pesos.
Los funcionarios también dejaron en claro que Macri tampoco gravará la renta financiera ni irá sobre el juego más allá de lo que había contemplado el proyecto original del oficialismo. La reunión dejó la impresión de que para llegar a un arreglo solo hace falta que afinen un poco más el lápiz.
Fuente: Página 12
