El diputado nacional Andrés Zottos ha mostrado su cimiente autoritaria y despliega la ética según su conveniencia. La misma cimiente que lo hizo incursionar políticamente en el desaparecido Partido Renovador de Salta junto con el descarte de funcionarios de la última dictadura militar. La misma ética que le permitió ingresar a su último cargo por un frente ideológicamente opuesto y que le generó los vínculos necesarios para que su familia mame de la teta de la Provincia de Salta.

La aparición de información no desmentida que lo roza, y que habla de que sus sobrinos habrían cobrado el IFE a pesar de contar con solvencia económica, no ha despertado pudor en este legislador. Lo roza porque es una figura pública y porque resulta repudiable lo que hicieron. Ningún reproche ha ventilado el diputado sobre el comportamiento de personas afines que muestran la cara más despreciable cuando manotean dineros destinados a los indigentes.

La sobreactuación de Zottos sobre una realidad dolorosa, que comprende una operación en algunos medios periodísticos, no engaña a nadie. Nunca fue hasta las últimas consecuencias de nada. Ha salido esta semana de la opacidad que lo caracteriza solo porque hablaron de su familia. Ninguna denuncia ha firmado en contra de los abusadores del dinero del IFE. En contra de sus sobrinos tampoco. A su familia no la toca, aunque cometa un delito. Este es el mensaje que Cuarto Poder no quiere acatar, ni lo hará. El ladrón es ladrón y el honesto es honesto. Las letras se escriben en blanco sobre negro.

A nadie le está permitido enarbolar la intolerancia para con la prensa. Menos aún a quienes no gozan de pasado impoluto y han tolerado desde la función pública el saqueo organizado que hoy, sólo en materia de deuda pública, habla de 400 millones de dólares, o 50.000 millones de pesos.

Hábil negociante, como todo griego, Andrés Costas Zottos ingresó a una banca como diputado nacional en 2005 y supo constituirse en presidente del Partido Renovador de Salta para entregarlo a las fauces de la transversalidad urtubeycista. En el fondo la matriz oligarca del exgobernador comulgaba con el conservadurismo del PRS.

En 2006 se hizo famoso a nivel nacional. La polémica por la reforma que impulsaba el kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura se intensificó cuando Horacio Rodríguez Larreta denunció que el gobierno canjeaba votos por favores personales y obras públicas y usaba métodos extorsivos para conseguir el apoyo de diputados nacionales. La agrupación macrista analizó entonces realizar una presentación judicial contra Andrés Zottos y Carlos Sosa, quienes habían cambiado la postura tras una visita a la Casa Rosada. Este perfil oscilante no se detendría hasta la fecha.

En 2007 la fórmula Urtubey-Zottos dio el batacazo y llegaron al gobierno. El vicegobernador permaneció ocho años como campanillero del senado, con perfil bajo en la vidriera provincial y limitado a asistir a cuanta fiesta patronal mostró el calendario. A pesar de ser católico ortodoxo, aprendió a consustanciarse por conveniencia con la fe de los salteños y no faltan quienes dicen que hasta reza el rosario cada viernes, a la par que cuenta lo recaudado por su empresa de seguros.

Andrés Zottos ha hablado de transparencia e imputado a este medio profesarle inquina o animadversión. Ha anticipado querellas e investigaciones con claro desconocimiento de la libertad de prensa. Se ha embanderado de ética y dice sostener la transparencia. Sin embargo, en otros tiempos no ha obrado con estos ideales que ahora improvisa. Por el contrario, se lo vincula con negociaciones que desde el Estado Provincial han beneficiado a sus empresas o a sus familiares cuando ejerció cargos preponderantes.

 

PASADO ASEGURADO.

Casi por casualidad, o por acuerdo político –quien sabe-, Zottos logró en la era urtubeycista las contrataciones que aseguraron al personal y el parque automotor del gobierno provincial. Millones de pesos ingresaron formalmente a las arcas de las aseguradoras San Cristobal y Federación Patronal en estos años, las que comercializan en Salta por intermedio de los Zottos. La representación legal de Federación Patronal y San Cristobal tiene como puntos de contacto a Jorge Zottos y los abogados Bernardo Solá y Eduardo Skaf, éste último prosecretario del Senado Provincial a instancias del entonces vicegobernador.

En 2007 el Nuevo Diario de Salta informó que Zottos tenía una causa abierta por negociación incompatible con el ejercicio de la función pública porque vendía seguros a entes públicos mientras era legislador nacional, hecho que especuló el chiquito encuadraba en el artículo 265 del Código Penal, que establece que «será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo».

 

El denunciante fue su ex socio, Daniel Kristal, un tucumano que representaba en el norte argentino a la aseguradora Federación Patronal, en sociedad con Andrés Zottos y su hermano Jorge.

Textualmente el artículo expresaba: “Según reza la denuncia, radicada en noviembre de 2005, la empresa y el diputado habrían pactado «que todas las pólizas pertenecientes a organismos de la administración pública, tanto central, como municipal, y en algunos casos reparticiones nacionales, pasaran a formar parte de la cartera del asegurador, productor y organizador Miguel Andrés Costas Zottos (tal el nombre completo del aspirante a la vicegobernación), resultando ese acuerdo trasgresor de normativas legales…».

Según la documentación a la que tuvo acceso Nuevo Diario en 2004 Zottos comercializaba seguros a los municipios de Salta y Aguaray. Cristal amplió sus afirmaciones asegurando tener documentación que probaba la venta del servicio a otras comunas, a Gendarmería Nacional, al Servicio Penitenciario y la Universidad Nacional de Salta, entre otros organismos públicos.

Aun cuando se anticipó que el fiscal Penal nº 1, Eduardo Barrionuevo ya había promovido la acción penal correspondiente, y que estaba radicada en el desaparecido juzgado de Instrucción Penal de 5ª Nominación, a cargo de Pablo David Arancibia, la causa se paralizó por la invocación de fueros legislativos de Zottos. Después nada se supo, cuando ganaron el poder con Urtubey y colonizaron la justicia.

 

OTRA MANCHA AL TIGRE.

 

Tal como lo anticipó Cuarto Poder, y nunca fue desmentido por Zottos, desde el año 2016 el ex vicegobernador fue vinculado con un fraude que también se expande al empresario Matías Desimone. Quienes se presentaron como víctimas eran personas que habían adquirido viviendas y departamentos en diferentes puntos de la Provincia a la empresa IKBA.

El médico Walter Escribas informó en 2016 que los propietarios del fideicomiso que construía un edificio en Tartagal eran Desimone, Andrés Zottos y el empresario Juan Pedro Garín. Desimone es el mismo que, por intermedio de la empresa Denario estafó con ventas de paquetes turísticos y de viajes de fin de curso en más de diez millones de pesos. Qué hace un diputado nacional en este tipo de entreveros comerciales?

La defensa de Andrés Zottos se redujo a informar que sólo era socio fiduciario y propietario de un local. Según ventiló este semanario “…el Contrato de Fideicomiso de Administración de “Torres de Tartagal” cuyo impuesto de sellos se pagó el 11 de mayo del año 2010, muestra al entonces vicegobernador como Fiduciante Clase A, Beneficiario y Fideicomisario”.

Otra vez los fueros del diputado nacional conspiran contra una investigación abierta y transparente. No se conoce ninguna presentación espontánea que haya realizado Andrés para aventar las sospechas. En la trastienda operan fuertemente los intereses que lo llevaron a arrimarse a Gustavo Sáenz cuando el triunfo de 2019 era casi un hecho.

Las amenazas seguramente quedarán en eso. La bravuconería está reservada para los valientes y los honestos. Aunque Zottos prefiera sentirse “seguro”, la prensa libre -que opina sin mordaza- siempre podrá incomodarlo. La puta prensa.