Mientras crecen cada vez más las sospechas de todo lo que sabe y en el Congreso Nacional lo tildan de badulaque por no haber presentado ni un proyecto, irse a dormir cuando tiene que hablar o dejar trascender versiones sobre cuestiones graves que escucha negocia y repite, la suerte de Martín Grande parece haber entrado en un cono de sombra. Esta semana, las diferentes causas por espionaje ilegal que se investigan en la justicia federal porteña tuvieron varios avances. Uno de ellos es la distribución de tareas de los informantes dentro del Congreso. Parece que existió un grupo selecto de diputados “con funciones especiales menos la de legislar” que debía reportarse a la AFI y contar todo lo que sabía de lo que ocurría en su provincia con políticos, periodistas, jueces, empresarios, sindicalistas y “con objetivos a destruir”.

Esos objetivos eran posibles rivales o chicos díscolos que no estaban dispuestos a seguir las órdenes de Marquitos Peña. El aceitado sistema, “o mecanismo” dirían los brasileños habría consistido en prometer cargos en la justicia o reparticiones nacionales como la AFIP, Migraciones o la propia AFI, donde la bolsa recaudatoria es grande y poderosa y para los espías el financiamiento de sus campañas políticas, más algunos otros regalitos, más acceso irrestricto a la información sensible. En realidad, es el mismo método que usó el kirchnerismo con el célebre espía Antonio Stiusso, pero que los nenes cacas lo disfrazaron de ”militancia política”. O mecanismo, igual que la serie de Netflix, tuvo una sorpresa que detonó el viaje de Mauricio Macri a Francia tratando de reencontrarse con la belle epoque. Si se profundiza la investigación el propio ex presidente podría entraren apuros.

Esta semana la justicia brasileña condenó a 40 años de prisión a Leonardo Meirelles acusado de integrar una asociación ilícita destinada a girarle fondos al ex jefe de los espías macristas Gustavo Arribas. El juez federal Luiz Antonio Brunat consideró probado que Meirelles operó una institución financiera sin autorización y utilizó empresas «de papel» para mover fondos ilícitos entre Brasil, Hong Kong y varios paraísos fiscales. También concluyó que Meirelles actuó bajo las órdenes de Alberto Youssef, «desde 2012 y hasta marzo de 2014», junto a su hermano Leandro y siete acusados más. Pese a ser condenado a 40 años de prisión, la condena se redujo a solo cuatro años y bajo régimen abierto, debido al acuerdo que firmó con el Ministerio Público Federal (MPF) brasileño, que lo convirtió en «delator premiado» a cambio de su colaboración con la investigación del Lava Jato. Hay que recordar que durante el macrismo, se insistió varias veces en poner la figura del delator premiado. En Brasil varios de esos “premiados” resultaron impunes. Quedó en evidencia el giro de fondos del gobierno de Bolsonaro a la campaña de Cambiemos, que hasta ahora quedó tapado.

La justicia federal de Lomas de Zamora se encamina a definir en los próximos días la situación procesal de los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, acusados de ordenar y encubrir tareas de espionaje ilegal, mientras avanza la investigación en relación al rol que habría jugado la dirección de asuntos jurídicos en esas maniobras.Los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide tienen previsto entregar en los primeros días de la semana que viene su dictamen para que el juez federal Juan Pablo Auge pueda evaluar y definir la situación procesal de los exjefes de la AFI y del ex director de Contrainteligencia del organismo, Martín Coste, antes del 4 de agosto, fecha en la que vencen los diez días hábiles posteriores a la última indagatoria fijados por el código procesal penal como plazo ordenatorio. Gustavo Arribas fue quien ocupó el departamento de la Avenida Libertador donde vivía Macri cuando asumió la presidencia. Es decir es una persona de su absoluta confianza. El desmadre es tal, que hay que acordarse de que en Brasil no volvió Lulinha a la presidencia, sino que sigue Bolsonaro. Lo que sucede es que el escándalo es incontrolable.

En la investigación brasileña y su prolongación en la Argentina surgieron bases de datos con las identidades y seudónimos de los encargados de recabar información, pagos por esa tarea; nombres de las personas y organizaciones a las que había que espiar, entre otras inmundicias. Sería la primera vez en la historia argentina que legisladores nacionales estuvieran involucrados penalmente en operaciones de inteligencia de manera directa, lo cual explica muchas conductas y sobreactuaciones de nuestro pequeño representante en los últimos tiempos. Entre ellos el manejo de datos reservados de la Justicia Federal, la utilización de información sensible de la AFIP con fines políticos y personales, más declaraciones altisonantes sobre causas penales importantes, en las que siempre deja la sensación de saber mucho más de lo que dice. Si las listas de informantes salen a la luz, el sistema político argentino podría crujir y en Salta que somos más modestitos, muchos votantes del chiquito tomarían conciencia que no tuvieron un representante del pueblo en el Congreso, sino a un informante.