Los ribetes escandalosos que tiene la instalación de cámaras de vigilancia en algunos establecimientos educativos elevaron la temperatura en ámbitos parlamentarios. En relación a la problemática reseñada en nuestra edición del fin de semana anterior, nota titulada “El ladrillo flojo en la pared”, nuestro medio pudo saber que hay un interés profundo en develar los motivos para haber llegado a este extremo en el sistema educativo.
En lo particular, vinculado al colegio secundario 5039 “11 de Septiembre”, Cuarto Poder supo que en Diputados se requerirá al Ministerio de Educación respuestas sobre “si se han considerado las objeciones legales en relación con los derechos del Niño sobre la toma de imágenes y la eventualidad que pudieran hacerse públicas”. Es posible que un requerimiento en los mismos términos deba ampliarse a la cartera de Desarrollo Social, puesto que la Primera Infamia fue, a partir de 2015, tomar imágenes de menores con problemas de desnutrición con la excusa de “tenerlos controlados”, como lo reconoció un ex funcionario U de primera línea.
Vuelta a clases vigiladas
Al retomar el caso del establecimiento situado en barrio Santa Ana II, otro de los exhortos en los que trabaja la Cámara baja provincial es conocer si Educación, hoy a cargo de Matías Cánepa, tuvo en cuenta el marco normativo para incurrir en semejante medida. Por ello, otra de las preguntas será conocer si este Ministerio evaluó “al momento de decidir colocar las cámaras la afectación de los derechos de Habeas Data que prohíbe al estado guardar información indebida sobre los ciudadanos”.
De manera similar, otro apartado contrapone si tal desvelo derivado de estas motivaciones policíacas no van en desmedro del proceso del conocimiento. Por ello, interroga “si han previsto las consecuencias inhibitorias del proceso de enseñanza-aprendizaje que supone la colocación de este elemento extraño en la relación docente-alumno”.
Sobre uso y funcionamiento
Otro de los temas a saber, de acuerdo al pedido de informes en que trabaja Diputados es el relativo a “cómo funciona el sistema de cámaras”, al que algunos especialistas en la materia consideraron “alarmantes”. Al igual que los detalles vinculados a si hay una vigilancia “permanente” a profesores y alumnos, y, en tal caso “a cargo de qué personal de la escuela esta esa tarea y que relación laboral tiene”.
En esta misma línea, se pide a la cartera educativa precisiones en cuanto a la posibilidad que estas “imágenes tomadas se archivan, por cuanto tiempo y en que dispositivo”. Finalmente, sobre qué autoridad podría recaer la responsabilidad “por el destino o eventual publicación de esta información”. Nada menos.
