Juzgan a 8 exconcejales por defraudación a la Administración Pública e incumplimiento de deberes a raíz del cobro ilegal del Ingreso Familiar de Emergencia.
En octubre del año pasado en el marco de la investigación seguida por las irregularidades en el cobro del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el titular del Área de investigación y litigación de casos complejos de la Unidad Fiscal Federal Salta, Ricardo Toranzos, imputó a la titular de la filial local del PAMI, Verónica Molina, y al asesor de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), Marcos Vera, por los delitos de concusión agravada, malversación de caudales y peculado.
Cabe destacar que Vera era también investigado, junto a otros funcionarios públicos, por intentar cobrar el IFE, cuando no le correspondía.
Con composición unipersonal, el Tribunal Oral Federal N°1 de Salta dio inicio ayer al segundo juicio a funcionarios públicos de esta provincia investigados por el cobro irregular del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), beneficio implementado por el gobierno nacional tras la declaración de la pandemia por el COVID-19. Vera sin embargo no se encuentra entre los juzgados.
Bajo la presidencia del juez Marcelo Juárez Almaraz, el fiscal federal Ricardo Toranzos dio a conocer las acusaciones penales seguidas contra las personas acusadas, de las cuales tres (Paola Cantarella, Jesús Cuellar y Héctor Cari) mantienen su cargo legislativo, pues resultaron electos en los comicios del 2021.
En este caso, el representante del Ministerio Público Fiscal explicó que Cantarella, Cuellar, Cari y Gabriela Cazón son juzgadas y juzgados por defraudación a la Administración Pública en concurso con ideal con el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, en calidad de autores.
La misma acusación, pero en grado de tentativa, recae sobre el exconcejal Osvaldo Reynaga. En tanto que Nicolasa Maras, Julio Pedro Laxi y Santos Palma llegaron a juicio por el delito de incumplimiento de deberes, en calidad de autores.
La fiscalía adelantó que apunta a probar que Cantarella, edil de Pichanal al momento del hecho, solicitó ser beneficiaria del IFE el 30 de marzo de 2020, sabiendo que el decreto de N°310 del Poder Ejecutivo Nacional, mediante el cual se puso en marcha el subsidio, impedía que los funcionarios públicos se postulen para cobrar esa ayuda excepcional, establecida en la suma de 10 mil pesos.
