Ya nadie se atreve a desconocer que las reglas del juego electoral son el reflejo de la necesidad y el interés de quienes las decretan. El fantasma del retorno al voto papel en las categorías provinciales y las reacciones que el debate generó pusieron aún más en evidencia esta premisa. (Nicolás Bignante)
El periodismo salteño se hubiera ahorrado horas de aire y litros de tinta si hubiese sabido de antemano que la preocupación de algunos sobre los aspectos técnicos y económicos del voto electrónico eran, en realidad, un olímpico verso. Hoy el arco político entero aguarda por mayores definiciones en torno a la posibilidad de retornar a la boleta papel en los próximos comicios. En ese trajín, muchos se asumieron precozmente como víctimas y otros pocos como ganadores; y aunque la discusión debería formar parte del pasado, la vehemencia del debate a tres meses de oficializar listas evidenció el tenor político del asunto.
A priori no parece haber mucho por descubrir ni analizar. En una provincia con elecciones unificadas, que suele nacionalizar el debate político y con un porcentaje relativamente de bajo de corte de boleta (literal), la ecuación está clarificada de antemano. El empuje de los presidenciables a las categorías subsiguientes en una suerte de boleta sábana podría poner en carrera a candidatos que no llegan a los dos dígitos y cambiar enteramente la dinámica de la elección. Del otro lado del ring, los bendecidos por la casa rosada se niegan a colgarse el collar de melones que implicaría compartir boleta con Mauricio Macri. Son pocos los que, con una miopía atroz, se niegan a confesar que la imagen presidencial en Salta cada vez está más cerca del piso y dejan que el debate pase de largo.
Sea de la forma que sea, el hecho de que el debate amenace con hacerse realidad expone poco de las bondades de la política y mucho de sus miserias. En pocas palabras, del ventajismo. La posibilidad que contemplan aquellos candidatos que tienen en sus manos la posibilidad de modificar aspectos esenciales del devenir electoral con una sola firma y, de esa forma, aplicar las más rústicas maniobras para ganar.
Claro está que para posicionarse de un lado u otro de la discusión es preciso alegar algo más que la necesidad de imponerse en la compulsa eleccionaria. De este modo, los nuevos detractores del e-voto apelan, como mínimo, a tres planteos. En primer lugar a evitar la doble modalidad que tantos embrollos le ha traído a los sufragantes en los últimos comicios. El tiempo promedio de un ciudadano en el cuarto oscuro se duplicó por entonces en relación a las elecciones realizadas con una sola modalidad. Filas interminables y escuelas abarrotadas trajeron como consecuencia que un número importante de ciudadanos desista de ejercer su derecho al voto. Si bien es cierto que la gimnasia electoral debería por si sola acomodar esos desajustes, los críticos tardíos prefieren hacer encajar la lógica electoral en sus conveniencias.
El segundo planteo está relacionado a los costos que deberá asumir la provincia en caso de continuar con la modalidad electrónica. En 2015 en Salta la impresión de una boleta tradicional de papel costó 1,5 pesos, mientras que la boleta electoral con chip, 5 dólares cada una. Si se proyectan los costos de implementación de 2015 en Salta y Chaco, significaron unos 32 millones de pesos en la contratación de 2224 máquinas de votación, sumados a 46 millones de pesos de impresión de boleta electoral con chip (contemplando un poco más que una por elector). Esto arroja un costo de 78 millones de pesos sin sumar el gasto en difusión, capacitación y logística general del acto electoral (como pago a autoridades). El presupuesto total que manejará este año el tribunal electoral de la provincia es de 401,4 millones de pesos. Si se compara con los $16 millones que se destinaron para todo el 2018, hablamos de un aumento presupuestario de más de 2300%.
En tercer lugar aparecen los que siempre aludieron a la poca fiabilidad técnica del mecanismo, principalmente ante los reiterados casos en los que la impresión del voto no coincidía con lo digitado por el votante. Se estima que el porcentaje de electores que controla correctamente que la boleta refleje su elección no llega al 10% en algunos municipios del interior.
De igual manera, quienes hoy ofician de adalides del voto electrónico argumentan que no se puede retroceder a las viejas prácticas, al punterismo, a la falta de boletas y la invisibilización de candidatos. Asimismo, ponderan el hecho de que partidos y competidores no precisen de los viejos aparatos para aparecer en la pantalla. En 2015, el 58% de los electores optó por la modalidad «Voto por categoría». Como resultado de esa práctica adquirieron entidad candidatos y partidos que hubieran sido casi invisibles en otras circunstancias.
Sin embargo la necesidad de saber si el amague de la cámara de diputados puede convertirse en realidad, no es patrimonio exclusivo de quienes disputarán la gobernación este año. Los 60 jefes comunales, de los cuales muchos buscarán la reelección, siguen de cerca el desarrollo del debate. El 75% de ellos llegó a la gestión actual con la estructura del oficialismo provincial, pero en departamentos como Orán o Gral. San Martín, donde la expresidenta goza de buenos niveles de intención de voto, la independencia de categorías resulta una opción más que conveniente. De igual manera razonan los alfiles municipales encolumnados con el binomio opositor Sáenz-Olmedo, siempre bajo la premisa de no terminar abrazados al salvavidas de plomo del macrismo.
Los concejales capitalinos, que apuestan a una elección todavía más desvinculada de la lógica nacional dejaron en claro en la última sesión que el tema les resbala. Representantes de los diferentes bloques coincidieron en definir la discusión como mezquina y antojadiza, incluso dejando de lado los intereses de sus respectivos compañeros de frente que disputarán otras categorías.
El resto se explica por sí sólo. La posición que han ido tomando los diferentes actores de la política en el asunto, obedece al menos a uno de los factores expuestos anteriormente. Los rumores por estas horas señalan que Juan Urtubey descarta hacer referencia al tema el próximo 1 de abril cuando brinde su discurso de apertura de sesiones en la legislatura. La exposición que tuvo a nivel país por ser el impulsor de este mecanismo sería un escollo difícil de esquivar si lo que se quiere es hacer honor a la coherencia, por lo que todo parece indicar que el asunto no prosperaría.
En ese contexto, el oportunismo denunciado prematuramente desde el entorno de Sáenz puede volverse en su contra; pues expone la preocupación del macrismo solapado salteño ante la posibilidad de quedar anclado a la imagen presidencial.
