En una decisión que privilegia nuevamente a quienes poseen apellidos ilustres en la provincia de Salta, brindaron prisión domiciliaria al abogado Matías Sanz Navamuel, poseedor de íntimas relaciones con el poder y acusado de ejercer violencia física, psíquica y económica de manera sistemática contra su ex pareja y grupo familiar.
El ex asesor del Senado fue beneficiado por el Juzgado de Garantía de Tercera Nominación interinamente a cargo de la doctora Ada Zunino. Las denuncias penales que enfrenta Sanz Navamuel encuentran encuadre jurídico en el tipo penal 15 hechos de amenazas agravadas, 1 hecho de acción agravada, 1 hecho de turbación de la posesión y 19 hechos de desobediencia judicial, en concurso ideal en perjuicio de su ex pareja y grupo familiar.
Importantes contactos y relaciones
El beneficio alcanzado por Sanz Navamuel, fue solicitado por los abogados José Fernando Teseyra y Gustavo Ruiz, a quienes en los pasillos judiciales se los relaciona por mantener contactos estrechos con dos integrantes del Colegio de Abogados de Salta: Humberto Pedro Burgos y Eduardo Romani. Apenas conocida la novedad, alguna empleada judicial soltó una carcajada y murmuró bajito para no ser escuchada: «Se los dije, con esos abogados, la decisión era cantada». ¿Será? Lo cierto es que tampoco prosperó la denuncia que tiene Sanz Navamuel ante el Tribunal de Etica de ese Colegio.
Otra. Recientemente el Senado provincial tomó la decisión tardía de «suspender» sin goce de haberes al abogado y asesor quien ya contaba con denuncias previas de su ex esposa y de una pareja anterior. Sanz Navamuel, quien mantiene lazos de parentesco con la jueza Adriana Rodriguez y el Secretario Legislativo del Senado Guillermo López Mirau, fue protagonista hace uno años, de un hecho que despertó la curiosidad de los medios nacionales. Fue cuando vecinos denunciaron a un hombre en pésimas condiciones escondido en una especie de alcantarilla de un barrio porteño, que denunciaba a grito pelado que era perseguido y lo querían asesinar. Fue tan novelesca y disparatada la actuación, que concitó el interés de los movileros que transmitieron en vivo y directo el acontecimiento.
El beneficio
Con todos estos antecedentes (los judiciales y los otros), es que la juez interina Ada Zunino decidió mantener el patrón de impunidad sistemática en el procesamiento judicial y en las actuaciones en torno a casos de violencia contra las mujeres, demás característico en la provincia de Salta. Haciendo caso omiso a los antecedentes y advertencia por parte de la Fiscalía, decidió beneficiar a Matías Sanz Navamuel con el arresto domiciliario con vigilancia policial ambulatoria y en custodia de «un amigo»: Rubén Alejandro Rojas. Eso si, con prohibición de establecer por cualquier tipo de contacto y por cualquier vía con la víctima y su grupo familiar. También la disposición de iniciar tratamiento psicológico y psiquiátrico mientras dure el proceso. Con la domiciliaria del imputado, la Justicia resolvió que el Estado provincial tendrá a cargo ahora la doble tarea de vigilar por un lado al supuesto agresor, y por otro lado, brindar protección a la víctima.
Con una parcialidad y sesgo de género pasmosa, la jueza advierte que «la sola amenaza de pena de cumplimiento efectivo no es por sí misma justificación suficiente para mantener la prisión preventiva pues la severidad de la sanción legal conminada para el ilícito que se le atribuye debe ir necesariamente acompañada de indicios concretos de peligrosidad procesal lo que no se advierte en este caso».
Alta peligrosidad
Según los cargos que se le atribuyen a Sanz Navamuel mencionados anteriormente, desde la Fiscalía Pena de Violencia Familiar y de Género Nº 2, habían advertido a la jueza sobre la solicitud de custodia policial personalizada, que durante la investigación, el acusado curiosa y maliciosamente consignó distintos domicilios, afectando gravemente las medidas cautelares dispuestas por el tribunal ya que la obligación de excluir de un radio determinado y la necesidad de ubicación de los paraderos es un elemento determinante del cumplimiento de las medidas. En este caso, el denunciado consignó tres domicilios, y un dato interesante y llamativo es que el personal policial nunca lo encontró en los domicilios denunciados.
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También se le señaló a la jueza, que al momento de instar la detención del imputado, fue notificado por la fiscalía de medidas prohibitivas de acercamiento a la denunciante como así también ejercer actos violentos, no obstante hizo caso omiso a la orden impartida por la autoridad judicial de manera reiterada, lo que demuestra su notoria actitud desaprensiva el mandato judicial.
Se le pedía a Zunino, la imposición de medidas más adecuadas al caso en pos de neutralizar el peligro inminente en el que se encuentra inmersa la víctima de género. También se destacó la presencia de otros testigos que merecen el resguardo estatal, como el hijo de la denunciante entre otros.
La recomendación a la que la jueza claramente decidió dar la espalda, solicitaba el mantenimiento de la detención de Sanz Navamuel, ante una evidencia clara sobre la peligrosidad del imputado que atenta de manera deliberadamente contra su ex pareja mediante actos, amedrenta con intimidaciones agresivas y hostiles reiteradas que se mantienen en el tiempo, y ejerce violencia física, psíquica y económica de manera sistemática desde hace ya más de un año, resultando manifiesta una violencia sostenida que fue en escalada lo que justificó en su momento el allanamiento de distintos lugares de supuesta permanencia y su detención.
