Mientras el Papa Francisco aseguró a los expertos que el endurecimiento de penas no resuelve los problemas sociales ni disminuye la delincuencia; Rodolfo Urtubey celebró que luego de reunirse con el ingenio El Tabacal haya logrado 40 hectáreas para edificar una cárcel.
La carta del Papa Francisco y que hoy ocupa a los medios de todo el continente, fue enviada a los participantes del XIX Congreso Internacional de la Asociación Internacional de Derecho Penal y del III Congreso de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología. Allí cuestionó el «endurecimiento de las penas» como forma de combatir la inseguridad y advirtió que de los medios de comunicación «depende informar rectamente y no contribuir a crear alarma o pánico social cuando se dan noticias de hechos delictivos». «En nuestras sociedades tendemos a pensar que los delitos se resuelven cuando se atrapa y condena al delincuente, pasando de largo ante los daños cometidos o sin prestar suficiente atención a la situación en que quedan las víctimas. Pero sería un error identificar la reparación sólo con el castigo, confundir la justicia con la venganza, lo que sólo contribuiría a incrementar la violencia, aunque esté institucionalizada», escribió el Papa, en una misiva de cuatro carillas, que difundió ayer el coordinador de la comisión especial para la redacción del anteproyecto del Código Penal, Roberto Carlés.
Mientras tanto, el senador Rodolfo Urtubey más apegado al clima mediático prefirió usar un razonamiento distinto. Como Presidente de la Comisión de Seguridad Interior y Lucha contra el Narcotráfico, está convencido que “una eficaz política de seguridad requiere, no sólo mejorar las leyes, la actuación de las fuerzas de seguridad y el funcionamiento de la Justicia, sino también que las instituciones de la comunidad tomen conciencia de la necesidad de su aporte y se comprometan activamente en la medida de sus posibilidades y en sus ámbitos específicos”. Se refería allí al ingenio El Tabacal con el que se reunió no para pedirle una saludable política salarial y de respeto a las leyes laborales, sino tierra para edificar una cárcel. Idea que le cayó muy bien a las autoridades del ingenio que coincidieron que se requiere infraestructura para el funcionamiento eficaz de la Justicia Federal Penal en el norte de nuestra Provincia. De allí que las autoridades de la citada empresa donaron a la Provincia de Salta “un predio de 40 hectáreas en una ubicación cercana al Juzgado Federal de Orán, con el cargo exclusivo de que allí se construya un establecimiento carcelario de carácter federal, indispensable para que allí se alojen personas bajo proceso o con condenas penales por delitos vinculados con el tráfico de drogas”, reza el parte oficial distribuido por el hermano del gobernador.
