La jefa de la policía Norma Morales manifestó que se apuesta a crear una “Policía de la Mujer” en Salta pero omite la violencia de los propios hombres de la fuerza que se convirtieron en femicidas.
Al momento de asumir en su cargo, la jefa de la policía Norma Morales había confesado “desconocer” sobre femicidios protagonizados por efectivos de la fuerza.
“No tengo… No sé si usted lo dice, pero yo… desconozco de esos hechos”, balbuceó la jefa de la Policía provincial Norma Morales, cuando le consultaron por la cantidad de femicidios protagonizados por efectivos policiales con el arma reglamentaria.
El femicidio de Liliana Flores en manos de Edgar Almirón, un integrante de la policía provincial, puso nuevamente de relieve los dichos de la funcionaria en una provincia que encabeza los índices de muertes por violencia de género. De poco sirvieron la consigna policial y la orden de captura libradas judicialmente.
Ahora Morales confirmó que trabajan en la creación de una división especializada para detener la violencia de género que ahora asegura sí existe: «Trabajamos actualmente en un proyecto para crear con el Ministerio de Seguridad la Policía de la Mujer», dijo.
Al respecto el abogado Ramiro Ulivarri quien lleva la defensa de una trabajadora del Servicio Penintenciario a quien hace años le siguen negando el ascenso a un cargo, reflexionó:
“Corresponde afirmar que no obstante la buena voluntad para abordar la problemática, la misma resulta sesgada. Porque NO realiza una introspección orgánica. Toda vez que una de las principales usinas que generan discriminación y violencia de género, son las mismas fuerzas de seguridad de la provincia quienes la perpetran en contra de sus propias agentes mujeres. Y de la cual participa deliberadamente y por omisión el Ministerio de Seguridad”.
Corresponde señalar para continuar con este análisis, el hito que provocó sobre el particular, la acción colectiva que tramitó en “EXPTE. Nº 24.003/ 19 – AMPARO: Y.M.F. y FORO DE MUJERES POR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES vs. DIRECCIÓN GENERAL DE SERCIO PENITENCIARIO y MINISTERIO”.
Disciplinamiento a trabajadoras en el Servicio Penitenciario de Salta
Toda vez que no puede dejar de inferirse que a partir de su interposición y la visibilización de la problemática, trajo como consecuencia el nombramiento de la primera Jefa de Policía y la primera Subdirectora General del Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta.
La judicialización aludida puso de manifiesto “criterios y prácticas” que impiden que el personal femenino adquiera superioridad penitenciaria. Logrando de esta manera el cometido de perpetuar la inferioridad de las mujeres respecto de los varones, por sobre todo en el escalafón penitenciario.
Metodología orgánica de la cual no escapa la policía.
En donde se persigue y castiga a las agentes mujeres que reclamaron jurídicamente contra dichos atropellos. Que con una apariencia de legalidad, son utilizados para arruinarles sus carreras penitenciarias.
Es decir, como violencia simbólica. Para disuadir a todo el colectivo de mujeres de hacer cualquier tipo de reclamo sobre el particular.
El antecedente emblemático sobre dichos despliegues persecutorios es la víctima del amparo aludido. A quien en forma arbitraria se le niega el ascenso al grado de Prefecto.
Como represalia por haber logrado que judicialmente se ordene al Servicio Penitenciario que adecue su legislación orgánica al Bloque de Constitucionalidad Federal; como así también se imponga un Cupo Femenino para: a) Los Cargos de Plana Mayor; b) Las Juntas de Calificaciones; c) Los Ascensos.
En donde perversamente la Junta Superior de Calificaciones alegó dichos antecedentes para denegarle el ascenso y perjudicar su carrera. Imponiéndole una mala calificación.
Sosteniendo que no sería merecedora de la promoción al grado de Prefecto porque dichos antecedentes configuran una actitud de rechazo y desconocimiento a sus mandos naturales y superiores inmediatos.
Como así también que las que llevó adelante en la pretensión de justificar su postura personal sobre el proceder inapropiado que observó de superiores según actuaciones que fueron judicializadas.
Persecución de la cual participa por pasividad el Ministerio de Seguridad. Quien no obstante el reclamo interpuesto, por omisión y aletargamiento, se niega a revocar la denegación aludida y otorgar el ascenso. Arruinando de esta manera la carrera de la víctima.
