Tras las elecciones, la Corte Suprema acordó crear una «comisión» para combatir el tráfico de drogas. Motivó su creación el hecho de que los candidatos presidenciales reclamaran combatir la actividad y el pedido de los juzgados del norte del país.
“En el primer acuerdo tras las elecciones presidenciales y haciéndose eco de que la lucha contra las bandas que trafican drogas se convirtió en una de las principales disputas político-mediáticas entre los candidatos a la Rosada y a las gobernaciones, el máximo tribunal suscribió una acordada en la que pretendió ponerse por sobre la coyuntura política”. Así comienza el artículo que Néstor Espósito publicó en Región Norte Grande el día de ayer donde preciso que el máximo tribunal proclamó «la necesidad de actuar de manera concreta e inmediata» contra los narcos «ya que está en juego la seguridad de la población». Y consideró que «resulta imprescindible y urgente promover una política de Estado consistente, efectiva, coordinada y con claros objetivos regionales y nacionales para ayudar a los distintos operadores a solucionar un problema que excede las soluciones locales».
La flamante comisión es esencialmente judicial estará integrada «por jueces federales de distintas regiones y representantes de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires». Se recuerda además que los magistrados federales de las provincias del norte del país permanentemente le hacen llegar a Lorenzetti inquietudes, reclamos, quejas y lamentos sobre la situación con la que deben lidiar día a día, en una frontera porosa y permeable (en el NEA-NOA). La Corte, además, recordó que ese reclamo «ha sido reiterado en cada inauguración del año judicial», ceremonia que encabeza Lorenzetti, en especial desde 2009 hasta hoy. La comisión tendrá como funciones «mejorar la coordinación entre los distintos tribunales judiciales, de distintas instancias y jurisdicciones, y de estos con las diferentes dependencias estatales con competencia especial en la materia».
La iniciativa no es nueva: desde la sanción del «fallo Arriola», en el que el tribunal virtualmente despenalizó el consumo personal en tanto no afecte la salud pública, la Corte viene pidiendo la adopción de una política que involucre a los tres poderes de la República. «El cumplimiento de ese objetivo demanda la instrumentación de políticas de Estado coordinadas, con objetivos claros, permanentes en el tiempo y con medidas efectivas». La Corte se ve a sí misma como punta de lanza en ese sentido.
La Comisión también deberá capacitar a «los operadores judiciales abocados a la persecución del delito del narcotráfico», elaborara un protocolo de actuación y un registro de causas judiciales en las que se investiguen casos de criminalidad organizada en materia de narcotráfico y delitos conexos y propondrá también la «creación de un observatorio que pueda monitorear la evolución de este fenómeno delictivo en el campo judicial» y, además, «mejorar y profundizar la comunicación y coordinación con las fuerzas de seguridad, autoridades locales y federales, y con las demás autoridades públicas cuya intervención resulte necesaria». Entre sus objetivos figura la «elaboración de propuestas a otros Poderes del Estado, en especial, el tratamiento de reformas legales que establezcan un procedimiento adecuado para la investigación y juzgamiento de estos delitos complejos». La Corte invitó «a los poderes públicos del Estado, al Ministerio Público Fiscal y al Consejo de la Magistratura» a sumarse a la tarea.
