Tras el apartamiento del fiscal penal de Salvador Mazza, Jorge Cazón, del caso de la niña wichi violada, se designó en su lugar designó a Pablo Cabot. Se trata del fiscal penal de Tartagal, un personaje recurrente en las páginas de este semanario.
El fiscal penal de Salvador Mazza, Jorge Armando Cazón, fue apartado de la causa que investiga el abuso sexual de la niña wichi. El Procurador General, Pablo López Viñals, resolvió la sustitución por el supuesto ocultamiento de un informe médico de la Policía que revelaba un examen practicado a la víctima. Increíblemente, el apartamiento no ocurrió por la forma en que Cazón vulneró los derechos de la niña sino para satisfacer a la defensa de los acusados que aseguran que el informe de la policía negaba que la niña había sido abusada tal como lo certificó otro informe médico
En reemplazo de Cazón asumirá Pablo Cabot, un personaje recurrente de las páginas de este semanario. Aparece como actor que no siempre llega a tiempo a las causas como la mayoría de los magistrados salteños.
El 15 de diciembre de 2014, el fiscal Cabot recibió el pedido de investigación penal para determinar las responsabilidades de policías y jueces en la muerte de Romelia Milagros Pistone, ocurrida el 6 de diciembre de ese año en Fortín Dragones. El femicidio había sido advertido como una posibilidad en distintos expedientes que se traspapelaron. La familia de la víctima considera que la justicia pudo haber actuado con mayor precisión e impedir el hecho. Cuarto Poder informó que en mayo de 2015, la denuncia, según las palabras del propio Cabot, estaba “en averiguación preliminar”.
Cabot también estuvo a cargo de otros casos resonantes de la zona del norte de la provincia, como el asesinato del estilista tartagalense Alfredo Mijalchuk, ocurrido en 2015, y el femicidio de Evelia Murillo, la docente rural de El Bobadal, asesinada en 2014.
A fines de abril de este año, publicamos un artículo en el que revelaba posibles entierros irregulares en Tartagal. Según la denuncia, decenas de personas fueron puestas bajo tierra de manera irregular y sin que quede constancia alguna de sus fallecimientos. La acusación fue efectuada por el abogado Sergio Heredia a partir del testimonio de Luis Oscar Barraza, un trabajador cesanteado el 4 de abril del Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal.
Barraza contó a Heredia que trabajó más de cuarenta años en el sector de la morgue y que “sabía muchas cosas que se habían cometido en el hospital y que él mismo había enterrado en los últimos años a más de cuarenta cuerpos en distintos lugares de la zona”. Ante la sorpresa del abogado, el trabajador relató que “a pedido de gente del hospital” había enterrado “cuerpos de niños, fetos, hombres y mujeres, la mayoría aborígenes, en distintos lugares”. En la denuncia se mencionaban como sitio de los entierros el Cementerio Municipal, el Kilómetro 6 “donde están las comunidades aborígenes”, y “un lugar llamado La Loma” en la localidad de Aguaray.
La denuncia fue radicada en la Fiscalía Penal 2 de Tartagal. Pablo Cabot le dijo entonces a Cuarto Poder que ya se realizaban las actuaciones preliminares en base al contenido de la denuncia. Aclaraba que “todavía no hay ningún imputado” y que pronto habría “novedades”.
Sin embargo, pocos días después, Barraza desmintió las versiones de Heredia. “No es mi abogado”, declaró, según informó el sitio Fiscales Penales Salta, y hasta declaró que “cualquier cuerpo que sale del hospital sale con papeles, siempre en regla”.
Barraza declaró que hace más de cuarenta años, cuando en el hospital se desempeñaban unas monjas, realizó el entierro de tres fetos de tres o dos meses de gestación, en un terreno donde ahora funcionan las oficinas del IPS. “Las monjitas nos dijeron que había que darles cristiana sepultura”, dijo. “Eso fue todo, nunca enterramos a ningún cuerpo nacido, era solo esos fetitos, tampoco enterramos nunca a una persona adulta ni a nadie, nosotros buscábamos a la familia y hacíamos los trámites, y si no había nadie, si no había familiares, le entregábamos legalmente el cuerpo a la policía y ellos se encargaban del entierro y todo lo demás, no nosotros. Yo no sé qué le habré dicho ni que habrá entendido Heredia. No sé, yo no me acuerdo lo que le dije. Pero nunca enterramos ningún cuerpo”. Ante estas declaraciones, Cabot aseguró que la denuncia de Heredia perdería peso.
En el caso de la niña wichi, el fiscal Cabot investigará las responsabilidades de los ocho acusados y las posibles responsabilidades penales por la no implementación del Aborto No Punible.
