Los estudiantes de la Universidad Católica de Salta abandonaron el silencio frente los excesivos aumentos en cuotas y matrículas. Organización y solidaridad estudiantil ante el evidente nerviosismo de las autoridades. (Por Nicolás Bignante)

 

La realidad económica nacional es una matriz en la que algunos actores encuadran con mayor comodidad y otros con menos. De la experiencia neoliberal se puede extraer que los desbarajustes de la economía no golpean de igual manera en todos los sectores, pese a los intentos de los colonizadores del sentido común por instalar la noción de que «la crisis afecta a todos».

Esa parece haber sido la discusión en estos días en relación a la lucha de los estudiantes de la UCaSal, quienes se oponen a los excesivos aumentos de cuotas y matrículas para el año 2020. La semana que quedó atrás fue, sin dudas, de las menos tranquilas que la Universidad Católica (UCaSal) atravesó en la última década. Hay que remontarse al año 2007 para encontrar precedentes de participación estudiantil que hayan dejado en evidencia -como hoy- el nerviosismo y la preocupación de autoridades académicas y eclesiásticas.

Tras una reunión entre los representantes de Estudiantes Autoconvocados y legisladores provinciales, de la que participaron desde el combativo Del Pla hasta el ultraconservador Suriani, el cambio de humor en la cúpula de la casa de altos estudios se tornó indisimulable. La agudización del discurso en cada uno de los paseos mediáticos protagonizados por el vicerrector administrativo Darío Arias o el secretario de Comunicación Daniel Flores Espeche, fueron prueba de ello. No obstante, el desagrado no fue suficiente para disuadir los acampes, movilizaciones y sentadas que llevaron a cabo los estudiantes, con el apoyo de alumnos secundarios y de la Universidad Nacional de Salta.

En el compendio argumentativo de los portavoces de la cúpula universitaria aparecen muy recurrentemente las alusiones a la composición de ingresos de la institución. «La universidad no recibe subsidios, ni subvenciones de ninguna empresa ni gobierno. Todo se invierte, no tenemos fines de lucro», aduce Arias. La última oración, sin embargo, eclipsa algunos matices: la categoría «sin fines de lucro» es tanto un propósito académico como un requisito para el acceso a beneficios y exenciones tributarias. «No reciben subsidios del estado, pero cuentan con exenciones impositivas. Eso también es un beneficio que tiene la institución y a la hora de la recaudación hace peso», comenta uno de los voceros que prefirió resguardar su nombre por temor a represalias.

La observación no es poco pertinente. Los terrenos en los que la universidad desarrolla la mayoría de sus actividades pertenecen a la iglesia católica de Salta y, por ende, su administración corresponde al arzobispado. Por esas grandes extensiones no se tributan impuestos, tasas, ni contribuciones provinciales, tal como lo establece el código fiscal. Además de cuotas y matrículas, la institución registra ingresos por cursos, seminarios y posgrados arancelados. Tampoco se mencionan los servicios que la universidad presta a terceros -consultoría, asesoramiento, etc.- y por los que cobra a precios de mercado.

«La universidad no es ajena a la crisis económica que atraviesa el país», remarcan los voceros de la institución. Para sustentar dicha afirmación, resaltan que la UCaSal es el empleador privado más grande de la provincia con 1500 empleados bajo su órbita y varias sedes en todo el país; desconociendo que «Seabord Energías y Alimentos» cuenta con 1700.

Entre los estudiantes, el argumento cayó casi como un intento burdo de equiparar realidades incomparables. «Lo que proponen ahora es insostenible para muchísimos alumnos. Con matrículas de 20 mil pesos, cuotas a 11 mil pesos, en un país con un salario mínimo de 16.000 pesos, en una provincia con condiciones de informalidad del 50 por ciento y un desempleo del 12%; el análisis queda corto a la hora de explicar los aumentos», manifiesta el citado vocero.

El aumento del 35% que la universidad pretende aplicar sería el primer aumento para el año 2020, sin embargo durante este año ya se aplicaron otros dos incrementos del mismo estilo: uno en marzo y otro en agosto. A pesar de los ofrecimientos de la universidad, el estudiantado no siente que esté garantizado el congelamiento de las cuotas para todo el 2020. «La propuesta fue la que tenían preparada hace más de un mes y medio con el incremento. Pero no responde a nuestra inquietud. Simplemente es una justificación del aumento y diferentes medidas de pago. Que básicamente es endeudar más a los alumnos, patear el problema y que siga el aumento excesivo. Te dicen: podés pagarlo con tarjeta, en cuotas, pero no toman el problema de raíz que es el aumento. No quieren dar el brazo a torcer», subraya Aarón Torres, otro de los voceros y estudiante de Artes musicales.

Según se desprende de un cálculo realizado por los alumnos y presentado en la comisión de educación de la cámara de diputados, en los últimos cuatro años, el incremento de las cuotas superó el 175%. En carreras como veterinaria o kinesiología, los aranceles superarían los $11.000 y, en el peor de los casos, según reconoció el propio vicerrector, las cuotas alcanzarían los $15.000. Inaccesibles para cualquier bolsillo.

En cuanto a la relación cuotas/calidad académica, los estudiantes no dudan en remarcar en sus carteles: «Pagué $7950 de cuota para que mis profesores lleguen tarde (o no lleguen), para que nos humillen o insulten durante clases, para perder dos meses de clases porque no pusieron reemplazo de la profesora que renunció y para que me pongan inasistencias porque no teníamos libros que nos exigían (la biblioteca no los tenía)». Las condiciones materiales tampoco son de las más reverenciadas por los alumnos. «Hay chicos que toman clases en el campus. Me ha tocado rendir finales bajo un árbol porque dentro del aula no se podía estar», comento a Cuarto Poder Aarón Torres. «Faltan muchísimos materiales en muchas carreras como los laboratorios de criminalística, el edificio de trabajo social y educación física se comparten. Hay aulas en las que hay pilares y columnas en el medio o están separadas por paredes de durlock. La infraestructura no es adecuada y es antipedagógica», comenta otro vocero anónimo.

Más grande aún fue el asombro de los estudiantes cuando accedieron al render (maqueta de proyecto) de la nueva dársena para colectivos de la institución. En el diseño figuraba un lago artificial que los alumnos consideraron absolutamente innecesario. «Ahora dicen que nunca existió y que no estuvo en los planes. Sin embargo, el video sigue estando en las redes sociales de ellos. El 7 de noviembre se publicó el video de la nueva dársena de colectivos donde se ve claramente un lago artificial. Entonces, si el secretario de comunicación dice que nunca estuvo en los planes concretar la obra del lago ¿por qué estaba ese video subido? o mintió con la publicación del video o falló la comunicación irónicamente», señalaron a Cuarto Poder.

Entre las inquietudes que los estudiantes plantearon a los legisladores provinciales se encuentra también el pedido de apertura de carreras exclusivas de la UCaSal, en la Universidad pública. Hablamos de las carreras de: Psicología, Trabajo Social, Educación Física, Veterinaria y, fundamentalmente, abogacía.

La requisitoria estudiantil pone en evidencia que, en muchos casos, la educación privada no es una elección, sino el único camino dentro de las posibilidades del desarrollo personal disponible. Los intereses económicos devienen en políticos cuando se toma en consideración la carrera de Derecho, trinchera de formación de buena parte de los profesionales y magistrados que recorren los pasillos de ciudad judicial. Es allí donde el sostenimiento del monopolio, lobby mediante, adquiere sentidos que trascienden lo estrictamente económico. Es allí donde se encuentra explicación al hecho de que en Salta, la simbología católica siga ocupando espacios de privilegio.

 

 

 

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