Timar al abuelito

Una de las cuestiones pendientes que Salud provincial deberá proponerse es la del desfavorable acuerdo con el PAMI, el cual, hasta acá, favoreció sólo a esta cartera gaucha. De acuerdo a las estimaciones realizadas por especialistas del área, la obra social vuelca por mes más de $ 30 millones al sistema hospitalario. Ello ocurre en contraste a las múltiples quejas de sus afiliados, ante la dificultad para contar efectivamente con esta cobertura.

 

La ministra de Salud, Josefina Medrano, tendrá en su agenda de tareas la definición de un ítem problemático para resolver en su desempeño al frente de esta cartera. Es el convenio entre esta dependencia provincial y el Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, más conocido como PAMI, el cual ha distribuido algarabía para  los primeros y enojos entre los afiliados al segundo.

Un artículo publicado por “Cuarto Poder” en su edición del pasado 30 de noviembre (Ver nota “Lo que se masculla para el PAMI”) ofreció una aproximación de este acuerdo, rubricado por el ahora ex ministro, Roque Mascarello. Por el convenio firmado en 2017 entre el Ministerio de Salud y el PAMI, al primero van más de $ 30 millones por mes y eso motivó la inquietud por parte de la gestión provincial saliente. Preocupación porque esto no trascienda, si cabe aclarar.

En teoría, la cartera que hasta hace pocas horas estuvo bajo el mando de Mascarello tenía como base un cobro mensual al PAMI en concepto de cápita 4.000.000 de pesos y como adicionales por órdenes de prestación cerca de $ 12.000.000 mensuales. Esto, dicho en términos teóricos, ya que sería si las prestaciones que realiza la cartera provincial fueran las más básicas, cuando en realidad se facturan las de mayor complejidad, lo que da una cifra total de casi el doble.

Sin embargo, esta “cobertura” está lejos de poner a resguardo la salud de los jubilados y pensionados. Sucede así, debido a que los hospitales en toda la provincia se encuentran abarrotados por la demanda de una población hambreada y achacosa. La cual, en parte es contenida por la planta del pie en el pecho, denominada pomposamente CUS, Cobertura Única de Salud. Esto concluye en que, del total de 115.000 afiliados en toda las provincia, los 34.000 afiliados al PAMI domiciliados en el interior terminen con turnos pospuestos y derivaciones hacia Jujuy, Tucumán o Córdoba.

Tanto el CUS como el convenio Ministerio de Salud-PAMI datan de 2017, a pesar que sus objetivos son evidentemente contradictorios. El primero se instrumentó entre Nación y Provincia para acotar “el incremento de la demanda del sector público”, tal como dijo un colega de Mascarello, el cordobés Mario Fortuna. El segundo, fue instituido sólo para facturar y lograr mayor eficiencia en “el recupero de la inversión que hace el Estado”, mientras los beneficiarios del PAMI podían quedar sin atención. Tal como sucedió.

La nueva etapa en la que está inserta la gestión nacional presupone inconvenientes para la continuidad de este acuerdo ruinoso para el PAMI. En los alrededores de esta entidad prestacional suenan, por estos días, un joven dirigente de La Cámpora, como también el ex director, Herman Spollansky.

Al parecer, ninguno de los que termine dirigiendo al PAMI local estaría dispuesto a mantener la vigencia de este convenio. Al contrario, la idea es disolver los términos en que estaba planteado por Mascarello y efectuar los pagos por cada prestación efectivamente realizada, algo que tendría que ser certificado por un auditor.

Por todo ello, la probabilidad de continuidad es baja, si se tiene en cuenta el perfil de la nueva titular de esta obra social, Luana Volnovich, como el del Ministro de Salud de la nación, Ginés González García. Hay $ 16 millones que esta obra social paga y nadie sabe bien para qué. La flamante directora nacional del PAMI ya tomó nota de lo publicado por “Cuarto Poder” en ediciones anteriores y, tal parece, pidió a su equipo jurídico delinear una salida formal para el actual “timar al abuelito”.