La senadora provincial Silvina Abiles aseguró este jueves que Salta podría ser “una fábrica de abortos” si no existiera el protocolo que frena el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ayer, el Senado rechazó el proyecto de Gabriela Cerrano para dejar el decreto 1170/12 sin efecto.
Silvina Abiles, senadora provincial de La Caldera y presidenta del bloque del Partido de la Victoria, aseguró ayer que si no existiera el decreto de abortos no punibles, Salta podría ser una fábrica de abortos. Lo dijo en el marco del debate por el proyecto, finalmente rechazado, de su par del Partido Obrero, Gabriela Cerrano, que buscaba dejar sin efecto al polémico decreto.
En 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió por unanimidad que las mujeres víctimas de violación, normales o insanas, podrán practicarse un aborto sin necesidad de autorización judicial previa ni temor a sufrir una posterior sanción penal.
Pero el gobierno de Salta firmó el decreto 1170/2012, “Guías de procedimiento para la asistencia de víctimas de violencia sexual y atención de abortos no punibles en hospitales públicos”, que exige una serie de trámites incomprensibles a las mujeres víctimas de violaciones que quieren hacer valer su derecho a interrumpir el embarazo tal como lo ordenan las leyes nacionales. Esa situación, además, permitió que el ya cuestionado juez Víctor Soria denegara durante semanas ese derecho a una menor de 13 años que resultó embarazada tras reiteradas violaciones de su padrastro. El año pasado, desde el Ministerio de Derechos Humanos de la provincia, avalaron el decreto.
Según informó hoy Nuevo Diario, Abiles aseguró que el decreto 1170 establece que la víctima efectúe la denuncia penal, además que reciba asistencia y de este modo se busca paliar lo que podría ser una fábrica de abortos en Salta. Expresó que no está a favor del aborto ni con el fallo de la Corte de Justicia de la Nación. Agregó que el Estado no puede remediar todo lo relacionado con el aborto, hay otras acciones. Consideró que si hay objeciones, si se considera inconstitucional el Decreto y el Protocolo de aborto no punible se debe actuar ante la Justicia.
En un comunicado emitido tras la sesión de anoche, Cerrano aseguró que “a tres años del Fallo de la Corte, Salta es una de las provincias que no cumple la ley. El protocolo de Urtubey fue creado para obstaculizar la realización de este tipo de procedimiento, incluso contradice lo que el fallo postula: judicializa el reclamo de la mujer; extiende en el tiempo los plazos, al intervenir la Justicia, haciendo imposible la práctica, ya que completa esta manipulación poniendo un límite a la efectivización de la práctica hasta las 12 semanas de gestación. Esto atenta contra las niñas y discapacitadas violadas ya que el embarazo por lo general se detecta pasado ese tiempo. Con esta legislación, nuestras niñas no tienen garantizados sus derechos humanos, poniendo en peligro su vida como está pasando en Paraguay, en donde se le impidió el aborto no punible a una niña de 10 años y hoy cursa un embarazo con riesgo de vida. Este protocolo es restrictivo y oscurantista”.
