Con motivo del día por la despenalización del aborto, la Asociación por los Derechos Civiles difundió un documento sobre el fracaso de la regulación del aborto en el derecho. Salta se encuentra entre las 4 provincias con sentencias condenatorias por el todavía considerado delito en todo el país. (Andrea Sz)
En un documento elaborado con ocasión del Día por la Despenalización del Aborto en América Latina, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) exige una vez más al Poder Ejecutivo y Legislativo, que reconozcan el aborto como un grave problema de salud pública, de injusticia social y de violación de derechos humanos de las mujeres. Y que, en consecuencia, se avance de inmediato en la discusión parlamentaria de una ley que despenalice el aborto temprano.
El Registro Nacional de Reincidencia informó que durante el 2012 se registraron 9 sentencias condenatorias por el delito de aborto en todo el país. Salta se encuentra entre una de las 4 provincias argentinas con sentencias condenatorias por el delito de aborto, conjuntamente con Buenos Aires, Mendoza y Río Negro. En el caso de Salta, el tipo penal aplicado corresponde al Artículo 85 del Código Penal (“El que causare un aborto será reprimido (…): 2º Con reclusión o prisión de uno a cuatro años, si obrare con consentimiento de la mujer. El máximum de la pena se elevará a seis años, si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer”) y la persecución se dio, según el informe por el delito de aborto con consentimiento seguido de muerte y la sanción penal recibida por la victima fue de 3 años de reclusión. En el caso de Mendoza una mujer recibió una sanción penal de 23 años de reclusión por el delito de aborto, en Buenos Aires la sanción mayor fue de 3 años y en Río Negro 3 años de reclusión y 3 años de inhabilitación. Estas 9 sentencias condenatorias por el delito de aborto en todo el país, reflejan el eje de este informe: el fracaso de la regulación del aborto en el derecho argentino, ya que lejos de mermar los abortos, aumenta la clandestinidad.
Por ello es que la Asociación declara que el régimen legal vigente en Argentina, ha probado ser ineficaz ya que no garantiza la provisión de abortos no punibles, no disuade a las mujeres de interrumpir sus embarazos y las empuja a recurrir a abortos clandestinos. Además, la norma penal es escasamente aplicada por los tribunales lo que surge de la significativa diferencia entre las cifras del aborto clandestino y las de mujeres encarceladas por el delito de aborto. Asimismo, el régimen vigente viola los derechos humanos de las mujeres a la igualdad/no discriminación, a la salud, a la integridad física y moral y a la autonomía. La ADC argumenta, que la despenalización del aborto temprano no contradice el sistema jurídico constitucional argentino.
Las ricas abortan, las pobres mueren
En su informe, la ADC advierte que, en Argentina más de 100 mujeres mueren anualmente por causas relacionadas a abortos inseguros. Desde hace más de 20 años, los abortos practicados en condiciones de riesgo son la primera causa de mortalidad materna y representan un tercio del total de esas muertes. Se realizan en nuestro país entre 486.000 y 522.000 abortos clandestinos al año. La mortalidad por esta causa se registra mayoritariamente en mujeres pobres y de escasos recursos.
Según el informe la regulación del aborto en el país, ha significado un fracaso, ya que firman que la legislación en función al Código Penal criminaliza el aborto y su artículo 86 establece supuestos en que el aborto no es punible, esto es, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer, y si el embarazo proviene de una relación sexual no consentida. En el documento señalan que en la practica esta normativa ha fracasado por diversos motivos, entre ellos mencionan que el aborto no punible es sistemáticamente inaccesible; la criminalización del aborto no disuade a las mujeres de practicarse abortos clandestinos; es escasamente aplicada por los tribunales en su función punitiva; induce a las mujeres a recurrir a métodos de aborto riesgosos para su salud y su vida, y viola los derechos humanos de las mujeres.
En este contexto, la ADC exige, una vez más, al Poder Ejecutivo y Legislativo que reconozcan, se avance de inmediato en la discusión parlamentaria de los proyectos de ley presentados en el Congreso que intentan poner fin a esta situación mediante la despenalización del aborto temprano.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito
Cuando comenzó en 2005 la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, tuvo como principal objetivo sacar a la luz un verdadero debate social que contribuya a un cambio sobre la ley de aborto. Actualmente el proyecto que despenaliza la interrupción voluntaria de un embarazo en las primeras doce semanas de gestación, duerme en la Cámara baja, aunque fue firmado por 60 diputadas y diputados de un amplio arco político, del oficialismo y la oposición. El debate sigue siendo postergado por los momentos electorales, y por la división que este tema provoca en la sociedad. Sin embargo, mujeres a lo largo y ancho del país, siguen solicitando una ley acorde a la realidad y un verdadero debate que las incluya como soberanas de su propio cuerpo. Las mujeres mientras tanto, siguen pidiendo: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”.
