La ley aprobada en el Senado provincial no respeta el texto original de la Carta Orgánica sanlorenceña en puntos de extrema relevancia: la cota de construcción, el rol de tribunal de cuentas en la evaluación de los ejercicios o la reelección de concejales e intendentes. Esto pone de manifiesto que, cuando hay negociados e intereses de por medio, la autonomía municipal se convierte en territorio de disputa de los poderosos. (Nicolás Bignante)
Si bien cada una de las modificaciones representa un perjuicio directo o indirecto para los habitantes del municipio, la gravedad del asunto se condensa en la transgresión lisa y llana de las facultades del cuerpo legislativo en asuntos que corresponden exclusivamente a los convencionales.
Días atrás, el debate giraba en torno a una polémica desatada por la disposición del intendente, «Kila» Gonza, de destinar terrenos protegidos como reserva natural, a la construcción de soluciones habitacionales. Todo esto, bajo el amparo de una vieja ordenanza que buscaba -por entonces- regularizar la situación de un grupo de familias que llevaban 20 años asentadas en el lugar. Uno de los más enérgicos detractores de la medida fue el diputado Héctor Chibán, quien supo acaparar la atención de los medios con la promesa de presenciar las sesiones del Concejo Deliberante de San Lorenzo (CDSL) en aras de impedir semejante atropello al medio ambiente. Lo que al diputado radical -y a sus compañeros de recinto- parece habérsele escapado, es que entre las modificaciones -o mejor dicho, mutilaciones- que la legislatura introdujo a la carta orgánica municipal, se encuentra el artículo que establece los límites para la construcción en el área municipal. En otras palabras, lo que comúnmente se conoce como cota de construcción y que representa la garantía de que los emprendimientos inmobiliarios no arrasarán con las áreas protegidas o catalogadas como reservas. La cota de construcción establece, entre otras cosas, el límite de altura para construir en serranías sin comprometer el medio ambiente o la factibilidad de los servicios. La redacción de estas delimitaciones corresponde en exclusiva a los convencionales. No obstante, los intereses empresariales suelen lograr que, hasta aquellos que se muestran como garantes de la autonomía municipal, miren para otro lado.
En la orden del día miércoles 07 de noviembre del CDSL, ingresó un pedido muy particular que puede echar luz sobre lo que verdaderamente hay en juego en estas tierras. El punto número 2 establecía: «Invitación a los desarrolladores lic. Alejandro Cornejo D’andrea y Arq. Miguel Cruz Iturrieta a hs. 16:00 para exponer sobre el proyecto «Balcones de San Lorenzo».
El emprendimiento inmobiliario en cuestión tiene proyecciones avanzadas en la zona y pretende realizarse en loteos ubicados en el área de los piletones de Aguas del Norte. Más allá de las obvias consecuencias que un proyecto de estas características podría ocasionar en el medio ambiente, la intención de la legislatura en medio de este debate es evidente: mantener la reglamentación de las construcciones bajo el rango de ordenanza, de manera que sea el propio CDSL el que pueda establecer las «excepciones» cuando los desarrolladores porten apellidos cercanos al poder.
Y hablando de apellidos, vale la pena volver la mirada hacia los exitosos desarrolladores que el CDSL se dispuso a recibir. Alejandro Cornejo D’Andrea es licenciado en administración de empresas y fue ministro de Seguridad de la Provincia; cargo que supo ocupar hasta junio de 2016, cuando se alejó de la función aduciendo que viviría en España y se dedicaría a ser «amo de casa». Miguel Cruz Iturrieta, por su parte, es arquitecto y tiene experiencia en el rubro. Junto a Alejandro Patrón Costas (h) integra la firma CPA SRL, que encaró el proyecto urbanístico «San Lorenzo de los Zarzos», muy cercano a la quebrada San Lorenzo. También intervino en el diseño de un barrio de 1500 lotes en la zona de San Lorenzo chico, ubicada alrededor de una laguna. La transformación de San Lorenzo en un paraíso inmobiliario es un proceso que los empresarios comenzaron a advertir hace años.
«Al paisaje con fondo de cerros se agregarán tarcos, molles, lapachos blancos y rosados, ceibos, aromos y otros árboles en un programa de forestación que hará de esta, una alternativa diferente. El proyecto incluye una cancha de polo de tamaño reglamentario y una de tenis de piso de ladrillo». De esta forma publicitaba el diario La Nación en 2008, el emprendimiento Club de Campo Chacras de Santa María, diseñado por Iturrieta.
Al parecer, la expansión inmobiliaria en el municipio San Lorenzo genera una obsesión que no se corresponde con la factibilidad de los servicios ni con la preservación ambiental. Prueba de ello, son los reiterados casos de countries que se abastecen de agua a costa de comunidades y vecinos.
A la incomprensible eliminación de la regulación de construcciones, se suman otras «modificaciones» que la legislatura se tomó la atribución de hacer en la carta orgánica municipal. Entre ellas se encuentra la eliminación del límite de mandatos para concejales e intendentes. La carta original estipulaba que para la segunda reelección debía pasar un periodo constitucional, límite que fue interpretado como «inconstitucional» por la cámara baja. Las funciones del tribunal de cuentas municipal también fueron seriamente vulneradas, al quitarle la posibilidad de evaluar el ejercicio económico anual y cederle dicha responsabilidad a la Auditoría General de la Provincia. Las extralimitaciones llegan al extremo de suprimir la prohibición de publicitar el nombre del intendente en los vehículos oficiales.
El caso de San Lorenzo y, particularmente el papel que la legislatura jugó en la sanción de su carta orgánica municipal; muestran a las claras que la autonomía de los municipios, es apenas una consigna cuando por detrás aparecen los negocios de los amigos.
