Hay candidatos con más prontuario que currículum. Unos días antes de las elecciones primarias Germán Darío Rallé, ex intendente de Campo Santo y candidato a senador provincial por el Frente Salteño de Güemes, fue procesado por peculado. Un faltante de casi 300 mil pesos que no se puede explicar. (DOM)

La impunidad, el desprecio hacia los ciudadanos y una incapacidad casi crónica para renovar sus huestes, ha hecho que en estas últimas elecciones se saturen boletas con candidatos-figuritas repetidas. Hombres con pasados sucios. El ejemplo de Carlos Villalba en Salvador Mazza también sirvió para demostrar que al romerismo lo acosaba el mismo problema: la solución propuesta era Pancho Ibañez, un ex intendente que -salvo el haber sido encontrado en un cabaret- había sido denunciado por todo.

Y en Campo Santo, lo mismo: el candidato a senador por el Frente Salteño es Germán Dario Rallé, ex intendente, quien hace unos días nomás, el 17 de setiembre -un día post milagro- fue procesado por el delito de peculado: un pequeño faltante durante su gestión en ese municipio de General Güemes. ¿Pequeño? En realidad lo que no se encuentran son $280.127 con destino al pago de compras. Rallé, en el súmmum de torpeza, incluso gastó más de lo que el municipio estaba autorizado a despilfarrar: sólo podía hacer compras por $96.766, por lo que hay $183.361 que salieron del patrimonio del municipio sin utilizar las vías legales correspondientes, incluso las sumas autorizadas no han sido justificadas.

La causa

Rallé trató de defenderse en esta causa. Dijo que cuando asumió como intendente el municipio se encontraba en total estado de desatención. “Había desnutrición entre los pobladores, falta de trabajo, hacinamiento en las familias y el índice de necesidades básicas insatisfechas. Ante eso, se creó un programa denominado PROMAFA a los fines de conocer las necesidades de los pobladores y tratar de cubrir las necesidades existentes, por lo que se le proveyó a las familias carenciadas de colchones, medicamentos, alimentos abrigos y gastos para tratamientos por enfermedades. Asimismo se compraron mobiliarios para los colegios…”, se puede leer en las fojas judiciales.

En otra declaración, para justificar los gastos, Rallé recalca que en las festividades entregaban premios, televisores, juegos de living, modulares, mesas, sillas, camas, colchones, bicicletas, juguetes, “los cuales estaban a la vista de todo el mundo y se los entregaban a la gente”, dice. Hace hincapié, además, en el factor “catástrofes naturales”, que obligaron al municipio a comprar compulsivamente muebles, una y otra vez, siempre a la misma mueblería: “Virgen de la Candelaria”.

Cuando a Rallé se le consultó por qué no había constancia de la entrega a los carenciados de, por ejemplo, 437 colchones, el hombre se lo atribuyó a la inoperancia de algunos trabajadores municipales, a la “improlijidad” o “falta de control”. Dijo que debe ser la inoperancia o que la documentación se traspapelo, se perdió o fue sustraída, por lo que esa irregularidad produce que se altere el normal funcionamiento patrimonial de la administración de dicho municipio.

Sin embargo, el motivo por el cual Rallé quedó procesado es que los peritos constataron un trato especial entre su gestión y la mueblería Virgen de la Candelaria, de Güemes. Por un lado, el municipio se relacionaba como comprador directo. Por otro lado, como agente de retención, lo que ocurría cuando empleados compraban en la mueblería a título personal y luego autorizaban a la municipalidad a que le descontaran de su sueldo. Y el municipio actuaba reteniendo la deuda al empleado y pagándole a la mueblería. Entre julio de 2005 y noviembre de 2007, le pagaron $249.777. “En algunos casos no es clara la identificación del motivo del pago o el destinatario”, dice la perito sobre los papeles examinados, por lo que deja en claro que el monto podría ser muy superior a ese cuarto de millón.

El entonces secretario de hacienda trató de defender a Rallé, pero terminó reconociendo que había algo así como un convenio “verbal” con comercios (carnicerías, almacenes, librerías, zapatillerías, negocios chicos etc.) en los que los empleados públicos podían sacar productos a crédito. La defensa, torpe, no fue creída y Rallé quedó procesado por el delito de peculado. Se le trabó el irrisorio embargo de 5 mil pesos.

En campaña

Aunque el fallo fue emitido el 17 de setiembre pasado, eso no detuvo a Rallé en su búsqueda de llegar a la cámara de diputados. Incluso, dos días después del dictamen, se paseó por General Güemes junto a Juan Carlos Romero, máximo exponente del Frente Salteño.

En la página web oficial del actual senador nacional, se promocionó una caminata realizada por la zona. En la web se puede leer que Romero recorrió el barrio Santa Teresita de General Güemes acompañado por un centenar de vecinos y por los precandidatos del Frente Salteño German Ralle (a senador provincial) y Hernán Rodríguez, Patricia Caratoni y Juan Sánchez (a concejales). Ante el planteo de la gente acerca de la falta de escrituración de cinco manzanas que quedaron fuera de la entrega de lotes, Romero aprovechó para elaborar una queja: “Hace falta una clara política habitacional para solucionar este problema por lo que, junto a nuestros legisladores, impulsaremos proyectos para darles una pronta solución”.

Si Romero soluciona el problema de las casas, ya sabemos quién tiene una mueblería amiga para decorarlas.

El pasado te condena

Uno de los grandes escándalos que sacudió a Campo Santo durante la intendencia de Rallé fue la construcción de viviendas. “Metal Güemes SRL” y las 20 cooperativas contratadas para prestar la mano de obra en la construcción de dos etapas de 80 viviendas financiadas por el Plan Federal de Emergencia Habitacional armaron un gran revuelo cuando se presentaron a reclamar lo que les adeudaba la entones gestión Rallé: $358.000 y $43.000 respectivamente. De paso, en medio de la protesta, se filtró esta información: al corralón el municipio le había pagado con un cheque sin fondo por medio millón de pesos. Los manifestantes solicitaron en ese momento la destitución de Rallé, pues tenían pruebas de que el gobierno nacional había depositado al Municipio $2.441.000 justamente para la edificación de esas viviendas.

En aquel entones, Cuarto Poder se hizo eco de esos accidentados días. En una nota titulada “Rallé, la suegra y el bruja” se detalló que cuando los dueños de las empresas fueron a protestar y a denunciar “el intendente y su hermano, Daniel Rallé, se habrían presentado en la sede del Concejo buscando intimidar a quienes los acusan, con la presencia de adictos que llegaron a pinchar las gomas del auto del letrado Carlos Saravia y obligando a que el comisario del lugar se presentara en el recinto con siete efectivos para evitar incidentes”.

Esa nota se hacía especial hincapié al entorno familiar de Rallé, puesto que el dinero faltante parecía estar yendo para otro lado. Ahí se puede leer: “Algunas versiones locales han dejado trascender que algunos depósitos por sumas importantes habrían sido realizados por parte del Intendente Rallé a favor de su suegra Haydee Margarita Torres y su esposa Silvia Ale utilizando cuentas del Banco Credicoop Cooperativo Limitado, en tiempos concomitantes a las transferencias de fondos que se realizaban desde el Instituto Provincial de la Vivienda, que es el órgano administrador de los recursos provistos por el Estado Nacional. Estos rumores se complementan con pruebas concretas que despiertan sospechas y que se vinculan con una de las causas penales que lo acosan. Mediante Escritura nº 71 del protocolo de la Esc. María Fernanda Trindade, Rodolfo ‘Bruja’ Alanís cedió el 18 de Febrero del 2.006 $20.000 en títulos a la suegra de Rallé -Haydee Margarita Torres, viuda de Emilio Ale-, en lo que aparece como una devolución de favores”.

Otra denuncia contra Rallé cuestiona las pensiones por discapacidad. Esta vez fue su sucesor, Mario Cuenca, el que denunció la existencia de una fundación que otorga pensiones de discapacidad a gente que no es discapacitada. No se trata de un caso aislado: hay más de 70 denuncias realizadas.