El Ministerio de Derechos Humanos anunció que dentro de 1 año y medio se instalará una “zona roja” en la ciudad donde se podrá ejercer la prostitución bajo ciertas pautas y controles. El debate más viejo del mundo vuelve a escena: ¿prostitución legal o prostíbulos a cielo abierto?
Tras un extenso y polémico debate en la Cámara de Diputados, el año pasado se modificó el Código de Contravenciones de la provincia de Salta. En sus artículos 114 y 115 se introduce que no sólo se penalizará la oferta, también la demanda de servicios sexuales en la calle.
Estas modificaciones inspiradas en el “modelo sueco” en donde se penaliza al “consumidor” de servicios sexuales, no fueron en un primer momento bien recibidas por diferentes salteñas que consideran que el “trabajo sexual no es delito”.
“La experiencia mundial indica que llevar a mayor clandestinidad el trabajo sexual no es el camino para resolver las cotidianas violaciones a los derechos humanos y la violencia institucional contra personas que ejercen el trabajo sexual, sobre todo en la vía pública.
El llamado ‘modelo sueco’ de criminalización de clientes ha demostrado que la consecuencia de la medida es que el ejercicio pasa de la vía pública a otras formas de ofrecimiento, que permite la explotación de personas que antes ejercían el trabajo sexual de manera autónoma e independiente, y que quienes se arriesgan a ofrecer sus servicios en la calle quedan expuestas al abuso policial y de clientes atraídos por la nueva ilegalidad”, manifestaron preocupadas desde AMMAR (Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina)
El colectivo de mujeres salteñas trans también dijo lo suyo: “La solución es que la policía, que aplica el código contravencional, no ejerza violencia sobre las personas que están en situación de prostitución, por más que haya un código que prohíba esta actividad”, explicó Victoria Ro Liendro, titular de Diversidad de la Municipalidad.
Frente a este pedido histórico, de no criminalizar ni penalizar lo que consideran como su “fuente laboral”, los legisladores aprobaron en las modificaciones al Código la posibilidad de la instalación de “zonas de convivencia” autorizadas por cada uno de los municipios. Es decir, que el intendente o Concejo Deliberante de cada uno de los 60 municipios provinciales podrán decir en qué lugar poner una zona donde se ofrezcan los servicios sexuales, si así lo decidieran, pero bajo ciertos controles como el de “Higiene y Seguridad”.
Esta modificación, que ya fue aprobado en diputados, se espera sea tratada por los senadores provinciales este año. Por eso desde el Ministerio de Derechos Humanos anunciaron que dentro de un 18 meses esta zona se concretaría aunque no se especificó el lugar donde se emplazaría. “Llegamos al consenso de que en un período de tiempo, alrededor de un año o año y medio, ya se efectivice el traslado de esta zona de trabajo, en una marco de convivencia que va a estar regido por una serie de lineamientos”, explicó el secretario de la cartera, Martín García Cainzo.
La propuesta de la instalación de una “zona de convivencia” en donde se pueda ejercer la prostitución libremente tiene como objetivo primordial “lograr un equilibrio entre las demandas de los vecinos y las necesidades de quienes ofrecen servicios sexuales, generando seguridad y tranquilidad para ambas partes”, según manifestaron desde el mismo Ministerio.
Esta propuesta de “legalizar la prostitución” no es nueva, la legisladora María Rachid, del Frente Para la Victoria, ya había presentado un polémico proyecto de ley en el que se pedía habilitar departamentos donde se brinden servicios sexuales. Entre los argumentos se menciona que lo que en realidad beneficia a los proxenetas y a las redes de trata es la ilegalidad y la clandestinidad, entonces se busca una mayor presencia del Estado para que esto no ocurra.
Buscando paz
El diputado provincial Lucas Godoy al hablar con Cuarto Poder explicó que con la actualización del Código de Contravenciones “se eliminaron figuras arcaicas y se le imprimió un marco en cuanto a los procedimientos, porque la policía tenía el papel de juez y parte”. Las razones que motivaron esto fueron, entre otras cosas, la histórica represión policial que sufren las “trabajadoras sexuales” en la vía pública.
El diputado se refirió además al papel que deben cumplir las fuerzas de seguridad, según los cambios en el Código: “Habían creado la figura de juez Contravencional y Romero en 2001 lo derogó y hasta hoy sigue siendo el feje de policía el encargado. Nosotros lo que hicimos con estos cambios es darle competencia al juez de garantías, que es el que juzga las contravenciones, a los fiscales la investigación del proceso y a la policía, el papel de auxiliar de la justicia, ni más ni menos”.
En cuanto a la prostitución el diputado aclaró: “Nosotros introducimos que se penalice tanto la oferta como la demanda en la vía pública y dejamos abierta la posibilidad en ese artículo del Código de que los municipios determinen zonas de convivencia con algunos requisitos como que haya iluminación y baños químicos. Lo que se busca es crear esa convivencia, para eso se está hablando mucho con todas las involucradas”.
Godoy recordó que se realizaron varias reuniones con las mujeres de AMMAR y las mujeres trans que ejercen la prostitución; ellas reconocen que no pueden estar en la vía pública y que entienden a las familias que se enojan. “Entonces el código tiene esa finalidad, que haya mayor paz en la convivencia con ciertas reglas y ciertos acuerdos para una mayor pacificación. Nosotros en la Comisión de Derechos Humanos recibimos decenas de denuncias de chicas que sufrieron apremios y golpes y hemos enviado las denuncias a la Fiscalía de Causas Policiales para que se inicien las investigaciones y se inicien sumarios administrativos, porque el procedimiento de la policía no puede ser bajo ningún punto llegar y golpearlas. Tiene que haber otros métodos de resolución de conflictos”, mencionó el legislador, que luego, sin embargo, fue tajante al decir: “Yo creo que sería un gran avance para la sociedad que no exista la prostitución, y que haya una inclusión necesaria para el colectivo de mujeres trans”. En función a esto hizo mención a la creación de cooperativas como alternativas laborales, y el proyecto al cual el apoyará para que exista un cupo para chicas trans en la administración pública.
En contra
El Partido Obrero se manifestó en contra de la implementación de una “zona de convivencia”, denuncian que será una ley a la medida de los tratantes y que en vez de tener zonas de convivencia habrá prostíbulos a cielo abierto. “Cualquier tipo de reglamentación de la prostitución lleva a legalizar el negocio de proxenetas y tratantes y perpetúa la esclavitud sexual de mujeres y travestis”, dijeron.
Para ellos esta zona no será una inclusión real al mundo laboral ni brindará soluciones a la salud de las “trabajadoras sexuales”, para ellos será una “colaboración directa con el negocio de la policía brava, famosa por torturadora y relacionada con los carteles de droga. Mucho menos se pueden esperar medidas sanitaristas cuando las principales víctimas de las enfermedades de transmisión sexual son las personas en situación de prostitución, contagiadas por los clientes, sobre la base de la violencia a la que están expuestas. De eso se trata la esclavitud de estas personas. Por eso crece tanto el SIDA en estos sectores”.
