Organizaciones de mujeres elaboraron un informe sobre la Ley Nacional para erradicar la Violencia contra las Mujeres y denunciaron los límites en su aplicación en el país. Sólo 18 provincias adhirieron a dicha ley y otras 7 tienen pendiente la implementación. Salta se encuentra entre ellas. (Gonzalo Teruel)
En las últimas décadas se aprobaron importantes leyes que significaron un avance en el reconocimiento de los derechos de las mujeres en el país. Así lo expresa un informe de reciente aparición elaborado por el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana y la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana.
Las leyes mencionadas en el documento son, entre otras, la 23.264 de reforma del Código Civil de 1985; la 23.515 de Divorcio Vincular de 1987; la 24.012 de Cupo Femenino de 1991; la 25.673 de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable de 2003; la 26.364 de 2008 y su modificatoria 26.842 de 2012 contra la Trata de Personas; la 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales de 2009. Justamente, esta última ley es la que motiva el relevamiento del ISEPCi y Mumala bajo el provocativo título “Deudas pendientes en la eliminación de la violencia contra las mujeres en la Argentina”.
El trabajo técnico monitoreó el cumplimiento de la ley en 10 provincias: Buenos Aires, Córdoba, Salta, Corrientes, Tucumán, Mendoza, Santa Fe, Santa Cruz, San Luis y Capital Federal.
Sin desatender los esfuerzos que hace cada jurisdicción para garantizar los derechos de las mujeres, un primer dato revela que sólo 18 adhirieron a la ley nacional y otras 7 tienen aún pendiente la implementación de esta norma. Salta se encuentra entre estas últimas. Eso sí, desde antes de la sanción de la ley nacional la provincia cuenta con una norma propia: la ley 7.403 de Protección de Víctimas de Violencia Familiar del año 2006.
“A pesar de que la ley nacional llama a las provincias a adherir a la misma, el relevamiento arroja que en todas ellas -las que adhieren y las que no- predomina la aplicación de leyes provinciales de violencia familiar o doméstica” asegura el documento y advierte que “éstas no atienden la problemática específica de la violencia contra las mujeres, ni cuestionan la desigualdad de poder que la genera”.
Esas leyes locales ubican la violencia contra las mujeres en el mismo lugar que la ejercida contra cualquier otro miembro del núcleo familiar y, en consecuencia, acotan el diseño e implementación de políticas públicas específicas para la erradicación y prevención de la violencia contra las mujeres. “En la práctica, se anula el rol que la ley nacional tiene como marco regulador en torno a esta problemática”, denuncia el informe.
Esas limitaciones en la implementación de políticas públicas quedan de manifiesto al analizar la creación y el funcionamiento de los observatorios de la Violencia Contra las Mujeres que manda la ley nacional con el objeto de recoger y procesar datos para el desarrollo de un sistema de información permanente a nivel nacional.
Si bien en 2012 se anunció la firma de un convenio entre el Consejo Nacional de las Mujeres y el INDEC para la elaboración de un registro único de casos de violencia contra las mujeres, a la fecha, el mismo continúa en proceso de elaboración. “A casi 6 años de la sanción de la ley, el Observatorio de la Violencia contra las Mujeres no ha generado datos estadísticos ni ningún otro insumo que dé cuenta de la magnitud de la problemática en nuestro país”, acusan MuMaLa e ISEPCi en su relevamiento.
Peor aún, la mitad de las provincias monitoreadas no cuenta con desarrollo de algún instrumento similar y sus experiencias son muy recientes y acotadas. Existen observatorios en Corrientes, Tucumán, Buenos Aires, Santa Fe y Capital Federal; por el contrario las provincias de San Luis, Córdoba, Santa Cruz, Mendoza y Salta no poseen este tipo de despacho. En el caso de Salta debe reconocerse que durante el año pasado se trabajó en la Legislatura un proyecto para su creación pero aún no tiene concreción material.
Ante la ausencia de registros oficiales centralizados, las únicas estadísticas sobre los femicidios, es decir los asesinatos de mujeres por su condición de género, son las que produce anualmente la Asociación Civil “La Casa del Encuentro” a partir de los datos recopilados de las agencias de noticias Télam y DyN y de 120 diarios de distribución nacional y provincial. Los fríos números de esta entidad desnudan la gravedad del problema: en 2009 hubo 231 femicidios en el país; en 2010, 260; en 2011, 282; en 2012, 255; y en 2013, 295.
El año pasado Salta ocupó un lugar en este fatal podio compartiendo 21 casos con Córdoba y sólo por detrás de Buenos Aires que sufrió 91 femicidios. Y ante la falta de efectivas respuestas políticas, es el Poder Judicial quien elabora los registros provinciales y otros mecanismos de intervención.
“En Salta, funciona, dentro del Poder Judicial, la Oficina de Violencia Familiar creada en noviembre del 2013, y es quien elabora un informe con datos estadísticos acerca de cantidad de expedientes iniciados por año, características de la víctima según sexo, edad, estado civil, nacionalidad; vínculo entre la víctima y el/a agresor/a, departamento de origen, entre otros” destaca el documento y menciona un último reporte publicado “de la región centro y -que- corresponde al primer semestre del año 2014”. En la provincia trabaja, además, una Oficina de Violencia Doméstica.
La fragilidad de las políticas de lucha contra la violencia hacia las mujeres en Salta queda expuesta en el raquítico presupuesto destinado a la materia. De las 10 provincias monitoreadas -a excepción Santa Cruz y Tucumán que no brindaron información oficial- la de Juan Manuel Urtubey es la que menos recursos destina a las políticas de género.
Con un presupuesto informado para 2014 de $15.782.128.826, Salta sólo destinó $180.000 o un 0,001% a áreas o direcciones de la mujer. Sin importar el volumen dinerario de cada provincia, merece especial interés el porcentaje destinado a la a esas áreas de género: Capital Federal aporta un 0,07%; Mendoza y Córdoba un 0,02%; San Luis un 0,01%; Corrientes un 0,009%; Santa Fe y Buenos Aires un 0,005%; y Salta un miserable 0,001%.
Los escasos recursos económicos se combinan en la provincia con la falta de eficiencia en la aplicación de políticas proactivas para garantizar los derechos de las mujeres y configuran un escenario preocupante. “En Salta y Tucumán no relevamos la existencia de patrocinios jurídicos gratuitos dependientes de los estados provinciales” acusa el informe a pesar que la Defensoría del Pueblo de la Nación “brinda este servicio en ambas provincias”.
Un par de datos finales completan el panorama preocupante. “En Corrientes, Salta y Santa Cruz no obtuvimos datos respecto a la existencia de organismos que brinden asistencia a las mujeres víctimas de violencia” y “a la fecha de elaboración del presente informe Salta contaba sólo con una casa refugio perteneciente al gobierno provincial, ubicada en Capital y con 30 plazas para todo el territorio provincial” acusan MuMaLa y el ISEPCi. Demasiado poco para una provincia que el año pasado declaró la emergencia social por violencia de género en todo su territorio.
